Las fronteras se han convertido en un tema de debate recurrente. Los conflictos bélicos, la ocupación de territorios, los continuos fiascos en políticas migratorias y la creación de nuevas tensiones internas en muchos países hacen que el concepto esté en boca de todos.
Estos días decía Mariano Rajoy en una comparecencia en el Congreso de los Diputados “Todo esto por 7 votos”, refiriéndose a las cesiones continuas del Gobierno a los partidos independentistas catalanes.
Esta semana el señor Carles Puigdemont proclamó que “Cataluña tendrá competencias en inmigración que sólo ejercen los estados”, presentándolo como un éxito tras las negociaciones con las que finalmente arrebataron al Gobierno de España las competencias en materia de control de fronteras.
Decían que este es el “gobierno del progreso”, formado por “partidos progresistas”, en una “coalición progresista” de “socios progresistas”. Eso parecía, hasta que pudimos constatar las reacciones a esta nueva cesión de competencias por parte de los portavoces de Sumar y Podemos.
De la noche a la mañana se han dado cuenta que Junts les ha engañado, y que la introducción de esta Ley asume marcos racistas y de extrema derecha. Ha de ser complicado esto de mantenerse en una “coalición progresista” que patrocina medidas de extrema derecha y de ruptura con el estado.
Es de tan suma gravedad lo que estamos viendo con la desarticulación del Estado en favor de intereses partidistas, que establecer cualquier debate racional parece inútil. Sería perfecto para el guion de una parodia, si no fuese porque lo que estamos viviendo en España dejó de tener sentido – y gracia – hace mucho tiempo.
Desde España y desde la Unión Europea se hace un esfuerzo diario por demostrar la absoluta incompetencia en materia de inmigración y de control de fronteras. Hemos tenido que ver entrevistas a algunos de los “patrones de pateras”, alardeando sobre cuántos viajes a Canarias han hecho con centenares de inmigrantes irregulares, diciendo textualmente que “todo sale bien, porque el vuelo de vuelta a su país se lo paga España”.
Y ante esta marejada de ineficacia en una materia tan sensible como la protección de nuestras fronteras, se ceden -por 7 votos en el Congreso- todas esas competencias a una comunidad autónoma liderada por un partido diferente al que negocia esas cesiones.
Desde Junts sostienen que “sin integración no hay proceso”, y plantean la aplicación de políticas de inmersión lingüística obligatoria para aquellos forasteros que decidan vivir y trabajar en Cataluña. Y esto lo ha firmado el PSOE, porque ya todo vale para intentar sacar adelante unos Presupuestos Generales de Estado.
Pero ni siquiera con las continuas cesiones se logra satisfacer a los separatistas. En Junts aún no han confirmado el deseado Sí, porque -dicen- se ha de ir de “carpeta a carpeta” y, por ahora, “la posición respecto a los PGE sigue siendo la misma”.
Mientras tanto, en España se siguen construyendo las fronteras de los 7 votos. Esas fronteras en las que cada vez hay menos España, menos libertad y sobre todo menos igualdad. Lo que se nos está quedando comienza a ser un mercadillo de saldos, que adquiere importancia porque la mercancía somos los ciudadanos que vivimos en el resto de las comunidades autónomas.