El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de una comisión para analizar las causas del apagón y depurar responsabilidades. Y ayer por la tarde, sin previo aviso, se reunió con una representación de las empresas energéticas más importantes del país.
Sánchez apunta a los operadores privados, y por eso a la reunión fueron convocados tanto la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, -exministra socialista-, como representantes de Iberdrola, Endesa, EDP, Acciona Energía y Naturgy. A este encuentro asistieron también la plana mayor del gobierno en materia energética y económica: la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López. El asunto es serio, queda claro, y las responsabilidades que se deriven podrían ser graves. Es evidente que se está ampliando el análisis de las causas del apagón no solo a Red Eléctrica, sino a todo el ecosistema energético.
No es baladí en este contexto la defensa que hizo ayer Iberdrola, descargando las responsabilidades del funcionamiento durante el apagón en las indicaciones de la Red Eléctrica (REE). Iberdrola aseguró que sus centrales de Energía Sostenible -filial de generación energética del Grupo Iberdrola España-, habían funcionado en todo momento, según las instrucciones de REE. Traducido: las grandes energéticas, que son las que generan la electricidad, acusan del apagón a Red eléctrica, que gestiona el transporte de la energía que ellas crean. No es difícil imaginar que REE, a su vez, señalará deficiencias de las compañías energéticas.
El caso es que los especialistas, mientras analizan las causas de la pérdida de los 15 gigavatios en 5 segundos que llevó a medio país a quedarse sin luz, ya tienen claro que lo que sucedió después fue una desconexión en cascada de las centrales de generación, es decir, de las centrales donde se crea la energía, que operan las grandes energéticas.
Las empresas energéticas han de garantizar el buen funcionamiento de sus centrales de generación eléctrica, incluso proporcionar cierta resistencia a oscilaciones, parámetros que vienen marcados por la normativa vigente. Es un buen momento, pues, para entender quién y cómo audita a estas compañías y comprender a qué controles efectivos están sometidos, si son suficientes o si requieren verificaciones añadidas.
Habrá que valorar si cada generador ha cumplido con los criterios a los que estaba obligado y, sobre todo, identificar cuál fue exactamente la causa inicial que desencadenó toda la cadena de acontecimientos. Si alguna de estas compañías ha cometido un error grave o no ha respondido como se esperaba, podría enfrentar consecuencias importantes. En 2007, un apagón en Barcelona que dejó 3 días sin luz a 323.000 provocó multas de 10 millones de euros a Endesa y otros tantos a Red Eléctrica, que fueron avalados por el Tribunal Supremo. Está claro que las energéticas se están jugando mucho.
Esta situación, además, podría constituir una nueva muesca en la maltrecha imagen de las compañías energéticas, que han cosechado años de beneficios récord sobre el precio creciente de la energía, que ha pagado la ciudadanía. En 2024, las principales compañías energéticas españolas —Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa— obtuvieron un beneficio neto conjunto de 11.249 millones de euros, un 5,4% más que en 2023, a pesar de la caída de los precios de la electricidad, el gas y los carburantes.
Su oposición al impuesto especial aplicado por el gobierno durante 2023 y 2024, como medida compensatoria, no ha ayudado a mejorar la percepción de la población de las compañías energéticas. Y ahora esto.
Por eso, la prioridad, en este momento, es doble: esclarecer cuál fue la causa inicial del colapso y determinar si las compañías responsables actuaron como debían. Solo con una evaluación transparente y rigurosa será posible restaurar la confianza en el sistema. Sin embargo, el debate político y técnico a menudo se ve empañado por la ideología y la polaridad. Es fundamental que las autoridades y las empresas energéticas proporcionen información comprensible y basada en datos científicos, evitando discursos partidistas que solo generan confusión y desconfianza.