Este año se cumplen 25 años del inicio de la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Ante esto, deberíamos reflexionar sobre el progreso y los logros conseguidos para eliminar o reducir la violencia de género.
Hay datos que nos demuestran que las políticas llevadas a cabo a nivel internacional no han sido de mucha utilidad. Así, decir que el 70% de las mujeres en entornos de conflictos, guerras y crisis humanitarias han experimentado y siguen experimentando violencia de género.
Reflejar que la mutilación genital femenina ha aumentado en un 15% comparado con hace ocho años y que entre el 16% y el 58% de las mujeres en todo el mundo sufren violencia de género facilitada por la tecnología.
Centrándonos en nuestro país, decir que en el marco del Real Decreto-ley 9/2018, 3 de agosto, se desarrollaron medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de género.
Para analizar el resultado que ha tenido este Pacto de Estado desde su aprobación, es necesario tener datos sobre la evolución del número de mujeres que han sido víctimas de este tipo de violencia.
El número de mujeres afectadas desde el año 2018 ha ido aumentando (con la única excepción de 2020, año marcado por la pandemia). Así, en el año 2019 fueron 31.911 las mujeres víctimas y en el año 2023 fueron 36.582 (datos del INE).
Estas más de 36.580 mujeres, correspondientes a los asuntos en los que se habían dictado medidas cautelares u órdenes de protección, representan un aumento del 12,1% con respecto al 2022.
También hay que destacar que hasta octubre de este año, las víctimas mortales a causa de la violencia de género ascienden a 37 mujeres.
Ante estos datos deberíamos preguntarnos que es lo que se está haciendo mal o, simplemente, que no se está haciendo. Tras años de políticas contra la violencia machista, con medidas policiales y judiciales para frenar esta lacra, los resultados no son los deseados.
Hay muchos puntos que deberían de revisarse y debatir su mejora. Uno de ellos es la falta de recursos humanos y técnico ya que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con su actual dotación, ven limitado el poder realizar un trabajo efectivo en cuanto a potenciar y mejorar las medidas sobre el agresor y de realizar un correcto servicio ante el número de mujeres que viven con protección policial.
Es necesario que se agilice la solicitud de pulseras que detectan la proximidad del agresor, teniendo en cuenta que los fiscales de toda España pueden apoyarse también en una valoración forense. Sería muy positivo que estos pudieran actuar pidiendo medidas cautelares con protección para las mujeres maltratadas aunque ellas no lo soliciten.
Deberíamos preguntarnos por qué es tan bajo el número de víctimas a las que se les otorga una orden de protección y reflejar la peligrosa subjetividad a la hora de las valoraciones de riesgo. Por qué habiéndose dictado sentencias condenatorias y en algunos casos una orden de alejamiento, el agresor tiene fácil acceso a la víctima.
Serían muchas las mejoras a incorporar ante la situación actual. Es evidente que se necesitan mejorar los protocolos para que se haga cumplir la ley y que se renueve el Pacto de Estado adecuándose a la gravedad de los hechos que se acontecen.