Sonia es una auxiliar de enfermería con plaza fija en el hospital público de Can Misses, en Ibiza. Cobra 1.800 euros al mes. Esta semana nos encogió el corazón cuando nos contó su historia en La Mirada Crítica . El testimonio se viralizó. “He nacido aquí y no puedo vivir donde vive toda mi familia. Tengo un bebe de 8 meses, una pareja que cobra 600 euros y me piden 2000 euros por un piso. Me tengo que ir de aquí con trabajo”. ¿De dónde saco yo el dinero para un piso?”. En septiembre se marchará a Ciudad Real.
Baleares es una de las zonas más tensionadas por los pisos turísticos y esta fórmula es uno de los grandes problemas que tiene la vivienda. No se trata de ir contra el turismo evidentemente pero en algún momento habrá que parar esto. Las viviendas de uso turístico se han extendido sin tregua por muchas ciudades españolas: Málaga, Sevilla, Valencia, Barcelona o San Sebastián. En el centro de Madrid por ejemplo casi una de cada 10 viviendas está destinada al turismo y en el centro de Málaga una de cada cuatro. En ciudades como San Sebastián se han suspendido por un año la aprobación de nuevas licencias y algunos alcaldes han pedido una norma estatal para clausurar viviendas ilegales.
Todo esto pone a muchas familias como a Sonia al límite de sus capacidades para acceder a una vivienda. Se reducen la oferta de pisos disponibles para los residentes y se encarecen los precios del alquiler, no solo por los pisos turísticos si no porque la oferta es muy escasa y la demanda sigue creciendo. Los datos hablan por si solos justo un año después de la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda. Los precios de los alquileres han subido un 13% en el último año. En la Comunidad de Madrid han subido más hasta un 16% y en Baleares se han disparado hasta el 17%. Y todo esto justo un año después de la entrada en vigor de la Ley de la Vivienda que ha traído cambios legislativos en materia de alquiler provocando que muchos propietarios prefieran dejar sus pisos vacíos junto con el problema principal del fracaso de las políticas públicas para la construcción de nuevas viviendas protegidas. Solo se construyeron 8700 nuevas viviendas cuando se necesitan 150.000 de precio asequible.
La regulación de la vivienda y turismo es principalmente autonómica y local. Hace una semana el Gobierno convocó a las comunidades autónomas para abordar el problema y lo único que se consiguió fue un compromiso para finales del 2025 para poner en marcha una plataforma que unifique normativas en materia de pisos turísticos. Me consta que la implicación del Gobierno y en concreto de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es real y por lo tanto hay que recibirla bien pero ciudades como Nueva York han adoptado y ejecutado medidas radicales lo que confirma que la solución es a escala local. Nueva York comenzó el año pasado a aplicar nuevas normas para los alquileres a través de Airbnb. Obligan a todos los anfitriones a registrarse ante las autoridades locales, pero es que además está prohibido el alquiler de apartamentos enteros por menos de 30 días cuando no estén presentes los dueños.
Otro día hablamos de las hipotecas y de los tipos de interés variables. De los españoles que ya han comprado piso y ahora no pueden pagarlo. De lo que destina una familia media a pagar su vivienda. Desde luego la vivienda es el principal reto que tiene este país y de esto poco se habla en el Congreso de los Diputados.