Carlos Mazón quiere erigirse como el presidente de la reconstrucción de la Comunidad Valenciana y ha iniciado la adjudicación de contratos de emergencia y, por tanto, eximidos por ley de concurso público. Las primeras decisiones tomadas en ese sentido están favoreciendo empresas cercanas al Partido Popular. El gobierno valenciano ha adjudicado de manera directa la reparación de una presa dañada por la DANA a la empresa Becsa S.A., propiedad de Gabriel Alberto Batalla Reigada, condenado en 2018 en el marco del caso Gürtel, después de admitir haber financiado ilegalmente al PP valenciano. En esta ocasión se le adjudican 3,9 millones de euros para la reconstrucción.
Becsa no solo ha obtenido este proyecto; también se le han asignado trabajos en la carretera CV-50, en Cheste, a través de la Conselleria de Medio Ambiente, y la Diputación de Valencia le ha encargado reparaciones en las carreteras de Bétera y Serra por un importe de 1,5 millones de euros.
Por otro lado, el Gobierno de Carlos Mazón ha otorgado a STV Gestión SL -empresa en la que el actual secretario autonómico de comunicación, José Manuel Cuenca, había trabajado antes de asumir la jefatura de gabinete del president-, un contrato de emergencia valorado en 290.000 euros para realizar labores de limpieza en polígonos industriales afectados. La adjudicación, que forma parte de uno de los cuatro lotes destinados a estas tareas, fue firmada por la consellera Nuria Montes, quien generó controversia por sus comentarios sobre los familiares de las víctimas de la catástrofe y ya ha sido la primera destituida del gobierno valenciano.
La reconstrucción de Mazón, imprescindible en estos momentos, alimenta una triste percepción: que la emergencia no solo se abordó con negligencia, sino que también está abriendo oportunidades para beneficiar a intereses cercanos al poder.
Por otro lado, el presidente valenciano está dando a conocer los nuevos nombramientos en su gobierno de manera escalonada, en lo que podría constituir una estrategia para reforzar su posición política y gestionar las crisis internas.
En esa línea se situó la comparecencia ante el parlamento valenciano que llevó a cabo el viernes pasado. Un discurso en el que, lejos de hacer autocrítica, repartió responsabilidades entre todos las instituciones implicadas. No se puede descartar que el objetivo de su comparecencia, más allá de dar explicaciones en sede parlamentaria, represente una preparación a las preguntas que eventualmente tenga que responder ante el juez, como máximo responsable de las emergencias en la Comunidad Valenciana. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha admitido a trámite una querellas por homicidio imprudente, una de Iustita Europa -un movimiento político que evita definirse en el espectro ideológico tradicional-, y tiene pendiente tomar la decisión de otra querella interpuesta de Compromís.
Ante estas acciones judiciales el president de la Generalitat valenciana se enfrenta a penas que podrían ir de 1 a 4 años de prisión. Atendiendo a este contexto, no sería casual que el president haya dejado abierta la puerta a no presentarse a la reelección, una estrategia para minimizar riesgos. Pero dimitir podría interpretarse como un reconocimiento implícito de culpabilidad y esto lo alejaría del objetivo de evitar la cárcel.
El comportamiento de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, también podría ser revelador. A pesar de que el sistema de alertas para emergencias había sido presentado públicamente meses antes, optó por declarar públicamente que desconocía dicha herramienta. Este acto podría ser fruto de ignorancia o incompetencia, o también tratarse de una decisión deliberada y calculada, ya que al negar el conocimiento del sistema, intentaría protegerse en un posible juicio penal, desmarcándose de la responsabilidad directa en la tragedia.
En lugar de centrarse en las víctimas y en la mejora de las políticas públicas, la estrategia del gobierno de Mazón parece orientada exclusivamente a la autopreservación. El discurso de Carlos Mazón, caracterizado por una fuerte polarización, en este caso podría ir más allá de la movilización de apoyos. Podría tener un propósito más oscuro: desviar la atención y construir una línea de defensa para enfrentar un proceso penal que ya se perfila.