El reciente atentado islamista en Solingen, reivindicado por Estado Islámico, ha vuelto a colocar el tema de la inmigración en el centro del debate político. Las declaraciones del canciller Olaf Scholz que, ante las elecciones este domingo en los estados alemanes de Turingia y Sajonia, promete intensificar las deportaciones y reducir la inmigración irregular, generan la idea de una cesión del SpD ante las presiones de los partidos rivales y asemeja su discurso al de los partidos conservadores y de extrema derecha, que capitalizan la inseguridad y el miedo para ganar terreno.
Algo parecido sucede en muchos otros países de Europa y ha estado a punto de suceder en España a raíz de la tragedia de Mocejón. El asesino del niño de 11 años resultó ser español y eso nos ha alejado de un escenario de necesidad donde abrir un debate tan importante como el de la inmigración influidos por acontecimientos radicalmente emocionales. No debemos caer en semejante error.
Sin embargo, arrancamos de un mal punto de partida. El discurso público predominante ha sido influenciado por la retórica del miedo, que presenta a los inmigrantes como una amenaza en lugar de una oportunidad. Esto no es exclusivo de Alemania, a pesar de que no le conviene a prácticamente ningún país en Europa.
La idea de que la inmigración es un problema que debe ser controlado, en lugar de una realidad que debe ser gestionada de manera justa y equitativa, asocia a los inmigrantes con la marginalidad, la delincuencia y la inseguridad, ignorando por completo sus contribuciones positivas a la sociedad. Esta visión estrecha y negativa no solo es injusta, sino que también es peligrosa, ya que alimenta el racismo y la xenofobia, además de ser poco diligente en cuanto a lo que la inmigración significa en términos económicos.
Un reciente informe del Banco Mundial destaca que en España serán necesarios 24,67 millones de extranjeros en edad de trabajar en 2053 para evitar el proceso de envejecimiento de la población y resolver los desajustes que podrían surgir en el mercado de trabajo español. Esto no es una estimación del número de inmigrantes que deberían llegar a España, sino en cuánto debería haber aumentado el número de inmigrantes en el país en esa fecha. El organismo también alerta de que el envejecimiento de la población está incrementando el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados, lo que ejercerá presión sobre las cuentas públicas y requiere una consolidación fiscal ambiciosa. Según el Banco Mundial, será necesario evaluar continuamente la sostenibilidad del sistema de pensiones y probablemente implementar medidas adicionales para contrarrestar el aumento futuro del gasto. Las medidas adicionales son la aportación que la masa de población inmigrante – que tienen tasas de participación laboral significativamente más altas que los nativos, de un 70% frente al 56,5% en el año 2022- haga a las cuentas públicas.
La imagen de la inmigración en la sociedad no se corresponde con la necesidad que España tiene de ellos ni con la oportunidad que nos puede suponer ser uno de las economías europeas que más inmigración atrae.
Es urgente que nuestras instituciones reflejen la diversidad de la sociedad. Necesitamos más representación de personas migrantes en los parlamentos, en las tertulias de los medios de comunicación y un relato de la convivencia de la que gozamos en España, en la que somos líderes. Están bien las historias de éxito de Yamine Lamal y Nico Williams, pero ocultas tras ellas hay decenas de miles de casos de vecindad feliz y colaboración, emprendimiento, valoración y enriquecimiento mutuo de personas extranjeras y locales, contribución en impuestos y a nuestras familias, que necesitamos poner en nuestro centro del discurso. La inmigración es una fuerza que enriquece nuestra sociedad, y así debería ser expuesta.