Pasadas ya las elecciones europeas ha quedado demostrado lo que ya apuntaban las encuestas: la ultraderecha está en auge en nuestro propio continente. El peligro es real. Y, ¿quién tiene la responsabilidad de que triunfen opciones cada vez más radicales? Las culpas habría que repartirlas un poco entre todos, pero especialmente habría que señalar a los partidos políticos tradicionales que no han querido o no han sabido dar respuesta a los nuevos problemas que afectan a Europa. Hasta la estrella de la selección francesa, Kilian Mbappe, ha alertado estos días que no cree en los extremos, porque los extremos “dividen”.
En 1940, el escritor andaluz Manuel Chaves Nogales fue testigo de excepción del colapso de la democracia francesa después de la invasión nazi. De hecho, él mismo tuvo que huir de Francia después de haber huido de España en la guerra civil. En su libro La Agonía de Francia, Chaves Nogales aseguraba que nunca una catástrofe nacional se había producido “en medio de una mayor inconsciencia colectiva”. Y en Europa, corremos el peligro de que nos pase algo parecido.
Hay estudios que señalan ya el cansancio de los ciudadanos por sus propios regímenes democráticos, especialmente entre los sectores más jóvenes de la población, que ven con escepticismo todo lo que tenga que ver con la política. La gente se ha cansado de que los líderes de los partidos les mientan constantemente sin consecuencia alguna, y por eso, en muchos casos, triunfan esos cantos de sirena de partidos extremistas. Felipe González decía ya hace algún tiempo que los populismos ofrecen “respuestas simples a problemas complejos”. Respuestas que, por supuesto, nunca servirán para resolver problema alguno, sino, en todo caso, para acentuarlo.
En España vivimos muchos ejemplos de ese proceso de erosión de la democracia. La democracia se erosiona cuando el CGPJ lleva cinco años sin renovarse. Lo principal en este tipo de negociaciones es estar dispuesto a ceder y tener buena fe. Y aquí no se ha dado ni una cosa ni la otra, porque el bloqueo ha sido provocado principalmente por el PP, de eso no hay duda, pero no es de recibo que, en plenas conversaciones con los populares, el PSOE estuviera, por ejemplo, negociando a la vez con los independentistas eliminar el delito de sedición y rebajar las penas por malversación.
Se erosionan también las instituciones cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno, María Jesús Montero, insta a jueces y a fiscales a aplicar sin más la Ley de Amnistía, sin plantear cuestión prejudicial alguna ante Europa, porque, asegura, la voluntad del legislador está clara. Pero, ¿qué pasaría si el parlamento aprobara una ley que instaurara la esclavitud en España? ¿tampoco los jueces podrían cuestionarla? Lo peor de todo es que hasta el propio Fiscal General del Estado apoya esta norma porque aminora, dice, el conflicto con Cataluña.
En medio de esta polémica Pedro Sánchez ha amenazado además con cambiar el modo de elección de los jueces, todo ello cuando su mujer y su hermano tienen causas abiertas en un juzgado de Madrid, y en otro de Badajoz, respectivamente. La cuadratura del círculo se conseguiría además con una nueva ley con la que controlar a los medios, con la excusa de que Bruselas así lo manda, cuando en realidad lo que aprobó el Consejo europeo el pasado mes de marzo es un reglamento para proteger a los periodistas y su derecho a informar, y para evitar las injerencias políticas. Más erosión.
Y para ayudar a que los ciudadanos confíen en sus instituciones, ahora se nos apunta, además, que Cataluña puede tener su propio modelo de financiación “singular”. Si al propio Carles Puigdemont le parece un chantaje y un escándalo (él quiere más, claro), habrá que ver qué piensan el resto de los ciudadanos, pero seguro que en breve nos harán creer nuevamente que este sistema no rompe la igualdad entre españoles, sino que mejorará la convivencia. Y así hasta la siguiente. Al tiempo.