Cualquier mujer puede sufrir violencia de género, independientemente de su lugar de residencia, entorno rural o urbano. Pero lo cierto es que las mujeres del mundo rural que son víctimas de malos tratos lo tienen mucho más difícil.
En la Estrategia Nacional de violencia hacia la Mujer (2013-2016) se dejó patente que “el tamaño del lugar de residencia puede tener un efecto condicionante a la hora de manifestar que se sufre violencia de género: en los municipios más pequeños, el número de mujeres que se declaran víctimas de violencia es inferior a la media”.
Pero la realidad es que de las 48 mujeres asesinadas en España durante el año 2024 a manos de sus parejas o exparejas, 19 de ellas se produjeron en municipios de menos de 20. 000 habitantes, suponiendo un 39,58% del total de asesinatos. De ellos, el 64% tuvieron lugar en municipios de menos de 10.000 habitantes y el 36% restante sucedió en municipios de más de 10.000 y menos de 20.000.
Si bien se ha reducido en términos absolutos el número de asesinatos a mujeres en el año 2024 (10 víctimas menos que en al año anterior), en el medio rural se ha visto incrementado en un 9,76%, y en un 100% el número de los menores asesinados por violencia machista.
Pueden ser varios los factores que influyan en estos datos, siendo uno de ellos el alto grado de envejecimiento de la población femenina en el entorno rural.
Por otro lado, existe una mayor tasa de desempleo femenino, lo que da lugar a una alta dependencia económica, sin olvidar que este hecho se da en un contexto cultural más tradicional donde quedan diferenciados los roles del hombre y de la mujer manifestándose claramente en las costumbres culturales y tradiciones.
Considerando zonas rurales los municipios con menos de 20.000 habitantes, decir que en su mayoría estos tienen un menor número de recursos e infraestructuras, lo que implica una menor accesibilidad a recursos sociales, sanitarios, de protección, económicos, de formación, laborales, de información y comunicación, de ocio y cultura.
En muchas ocasiones, la ubicación geográfica y el aislamiento empeoran la accesibilidad a los recursos. El hecho de que los servicios estén alejados es un factor que añade dificultades porque las mujeres no tienen las mismas posibilidades de acceder a ellos, pudiéndose dar, además, una falta de redes personales y sociales. La existencia de un importante tejido asociativo de mujeres, el acceso a las nuevas tecnologías y el tener un mayor acceso a la información pueden constituir cambios positivos frente a la violencia de género en el mundo rural.
Ante esta situación cabe enfatizar en la necesidad de tener una visión estratégica sobre el fenómeno de la violencia en los municipios más pequeños de nuestro país. Hay pocas iniciativas para la prevención, la detección y la recuperación de las mujeres. En los municipios donde sí hay una política local activa en materia de igualdad de violencia, se favorece la integralidad.
A su vez, es necesaria la implicación institucional a nivel estatal y autonómico, a través de la renovación de las políticas públicas dirigidas a erradicar la violencia de género de manera que contemplen las necesidades propias del ámbito rural.