Las redes sociales han democratizado la comunicación. Hoy cualquier persona con un dispositivo y conexión a internet puede formar parte del debate público. Ya no solo consumimos contenido, también podemos crearlo, difundirlo, influir en la opinión, ampliar el eco de determinadas voces y hasta silenciar otras. Este cambio es importante y muy significativo, ya que los mensajes no se emiten solo desde el poder (como había sido hasta ahora) sino que pueden generarse en cualquier sentido independientemente de nuestra ideología, de nuestro estatus o del lugar que ocupemos en la sociedad.
Desde que nos hemos convertido en medios de comunicación independientes, hacemos uso de todas las herramientas disponibles para dar a conocer nuestra perspectiva: escribimos textos, creamos imágenes, editamos vídeos, enviamos audios… Cualquier suceso puede ser comentado a tiempo real por millones de personas en todo el mundo y eso puede resultar muy enriquecedor. Cuando los contenidos tratan sobre temas genéricos como pueden ser la economía, el medioambiente o la desigualdad, nadie se siente amenazado. Pero cuando se dirigen a personas de carne y hueso, con nombre y apellidos y una profesión, pueden acarrear consecuencias graves para su bienestar y su reputación.
En las últimas semanas se ha vuelto a poner sobre la mesa el debate sobre la libertad de expresión. El puñetazo propinado por un hombre a un humorista que le había dedicado comentarios muy desafortunados en una red social polarizaron a la opinión. La mayoría salió en defensa del cómico recordando que la libertad de expresión es un derecho fundamental. Otros justificaban el guantazo porque el humorista se había sobrepasado. Dejando claro que ninguna forma de violencia es defendible, sea esta en la forma que sea, lo que este desagradable suceso pone de manifiesto es que lo que ocurre en el espacio digital tiene un impacto en la vida real.
Los insultos, las humillaciones o el odio que se manifiestan en las redes sociales no son menos lacerantes porque no dejen rastro sobre la piel. Esta violencia digital se ceba especialmente con las mujeres. Ellas son los objetivos principales de trols, incels, youtubers y foros organizados que se dedican a hostigarlas a diario. Según los datos del Instituto de las Mujeres en su informe ‘Mujeres jóvenes y acoso en redes sociales’ de 2022, el 80% de las mujeres ha sufrido alguna situación de acoso en las redes sociales. Todos esos comentarios y provocaciones también tienen un impacto en sus vidas, con la única diferencia de que ellas no suelen devolverlo en forma de agresiones físicas.
Llegados a este punto tenemos que pensar si seguir dando vueltas sobre el derecho a la libertad de expresión está aportando alguna mejora o solución. Quizás lo que toca ahora es escalar el debate hacia una cuestión mayor: la de la responsabilidad de expresión. Ya sabemos que tenemos derecho a dar nuestra opinión, ahora lo que toca es hacernos cargo de lo que se deriva de ella. Las palabras, los montajes de vídeo, los bulos, las fake news, las fotos manipuladas también pueden ser una forma de agresión. Por supuesto hay que analizar cada caso y tener en cuenta muchos factores. El número de veces que se emiten esos mensajes, si existe fijación con alguna persona, si hay acoso recurrente, si se ha alentado a un foro o a un elevado número de seguidores contra alguien, si quien emite el mensaje es anónimo o reconocible, si se alimenta el odio con estrategias de burla y de humillación…
Nuestras relaciones tienen lugar cada vez más en el espacio digital y de la misma manera que se han regulado las distintas violencias en la calle, en el espacio doméstico o en la intimidad, es necesario crear un entorno virtual seguro para todas las personas. Los medios y las empresas de comunicación reciben formación y tienen unos códigos deontológicos que regulan su actividad, pero los usuarios de internet que influyen en millones de personas no tienen ningún tipo de pautas a la hora de actuar. Sería conveniente incluir materias sobre convivencia digital como parte de la educación en las escuelas. También una actualización de las leyes en esta materia, con medidas específicas y capaces de identificar la violencia digital machista. Por otro lado, las empresas propietarias de las aplicaciones con las que nos comunicamos también podrían incluir herramientas de detección de acoso en línea.
Cada vez está más claro que lo que ocurre en el mundo virtual tiene consecuencias en la vida real. Es urgente que aprendamos a manejar mejor las herramientas y lleguemos a acuerdos para sentar las bases de una convivencia digital respetuosa. La libertad de expresión es un derecho propio de las sociedades avanzadas y democráticas que no podemos perder, pero sí podemos ampliarlo para mejorar nuestra comunicación. El objetivo es que el ejercicio de nuestra libertad no suponga un menoscabo para la libertad de otras personas. Hablemos de la responsabilidad de expresión.