Hablar de la situación de la vivienda se presume complejo a la par que necesario. Desde hace algunos meses es un tema de conversación recurrente en numerosos programas de televisión y radios; y también en la agenda política.
Se ha de partir de realidades, y es que el alquiler está por las nubes, y que existen ciudades en las que se hace casi imposible encontrar algo “en condiciones” para alquilar. Pero, ¿quién es el culpable?
Según algunos son los propietarios, según otros son los políticos, existen grupos que culpan a la falta de trabajos bien remunerados, y muchos otros grupos que se manifiestan de muy diversas maneras.
La realidad es que la situación actual es compleja, y tiene demasiadas aristas como para poder arreglarlo en una tertulia.
El “coco”, el “malo” de la película por excelencia es el propietario. Pareciera que se le caricaturiza como un monstruo horrendo que roba sueños. Y digo bien “roba sueños”, porque es una de las afirmaciones que hace unos días escuché a una representante del “sindicato de inquilinas” en una tertulia televisiva. El día a día de la realidad española y los datos advierten otras perspectivas.
La mayor parte del mercado está copada por pequeños propietarios, no grandes corporaciones. Propietarios que han pagado sus impuestos, que han trabajado duro para poder generar un patrimonio, y que en muchas ocasiones, ese ingreso sea justo ese extra que complementa muchas pensiones.
En las redes muchas creadoras de contenidos han realizado numerosos vídeos denunciando la situación del precio de la vivienda, pero sin determinar del todo quienes son los responsables, y en ocasiones sumándose al señalamiento más popular.
La constitución recoge el derecho a la vivienda, pero también el derecho a la propiedad privada. Propiedad que parece que ha de ser menoscabada o incluso usurpada por aquellos que no han hecho sus deberes.
En declaraciones de la ministra de vivienda, propone modificaciones legislativas que llegan a invadir ese derecho constitucional. Este tipo de declaraciones no solo son irresponsables, sino que además atentan contra una gran parte de la sociedad española. Un parte de la sociedad que ha trabajado sin descanso, que ha pagado y pagado impuestos, y a la que nadie le ha regalado nada.
Se presume muy atrevido el hecho de que la parte política descargue en el propietario, en el ciudadano privado y trabajador; la responsabilidad de una falta de políticas de vivienda. El propietario no tiene que solucionarle la papeleta al gobierno, tampoco ha de permitir que un gobierno determine si tu puedes utilizar tu propiedad o no; es el gobierno el que ha de poner soluciones sobre la mesa con sus medios, porque jugar con los medios de otros no entra dentro de ningún parámetro razonable.
Desde la crisis del ladrillo, la nula política de vivienda social ha sido un virus que ha infectado a los diferentes gobiernos, sin distinción ideológica. Y es precisamente de ahí, de donde viene el principal problema. Los Gobiernos han pasado y las viviendas sociales ni se han planificado, ni se han construido. Se prometen cientos de miles de vivienda en las campañas electorales, y se diluyen como azucarillos cuando se llega a los gobiernos. No hay plan público, y como no lo hay, quieren apropiarse del sudor del privado.
Pensemos en soluciones, en lugar de increparnos.
Una ley de desocupación de 24 horas, una Ley que ampare al propietario al que sus inquilinos han decidido dejar de pagar, … Medidas políticas que hagan que cualquier propietario se quede más tranquilo a la hora de poner sus viviendas en alquiler. Porque la vida no solo va de derechos, también va de garantías y deberes.
Que se establezca una planificación real de vivienda social, y de alquileres sociales. Que se acompañe de verdad al que no llega, y que el estado se haga responsable.
Los impuestos existen para este tipo cosas, no para otras muchas inservibles y que siguen generando sociedades rémoras sin ganas de esforzarse. Incentivos para que los propietarios alquilen, vía incentivos fiscales, reducciones de tasas impositivas, … La presión fiscal aumenta en momentos como el actual, en el que se está recaudando más que anteriormente, pero sin embargo, la culpa es del privado ante la ausencia de viviendas asequibles.
El problema existe en torno a los precios del alquiler, y el temor existe en torno a los propietarios. Lo que no tiene sentido es que la institución que ha de velar por los derechos y garantías de todos quiera mirar hacia otro lado, y descargar su responsabilidad sobre el que ha trabajado para generar un patrimonio.
Como ya comenté unas líneas atrás, en la vida no hay solo derechos, también hay deberes, y el de un buen gobierno es el de responsabilizarse de la situación y el actuar con sus medios, asumiendo que es el responsable.