La vicepresidenta Yolanda Díaz ha reafirmado en rueda de prensa, con una insistencia que hacía sufrir, el compromiso de Sumar en la lucha contra la violencia machista, subrayando la rapidez y contundencia con la que la coalición ha actuado en el caso de Íñigo Errejón. Según Díaz, se respondió sin necesidad de abrir un expediente disciplinario, indicando así el compromiso con que abordaron los hechos.
Un esfuerzo escenificado con ahínco, consciente de que su formación ha sufrido un derrame de credibilidad que podría llevarles al colapso. La escala del deterioro quedará medido en próximos barómetros y elecciones. Todavía nos mantenemos en el análisis de los diversos escenarios que afronta la coalición.
La dirección de Más Madrid, encabezada por Mónica García, asegura que optaron por creer la versión del exdiputado antes que la de la víctima de Castellón, contradiciendo los principios de tolerancia cero y escucha activa a las víctimas que el partido ha defendido públicamente. En este escenario, el descrédito no puede ser mayor.
En este caso, al tratarse Errejón de un miembro destacado de la formación, habrían actuado como haría cualquier particular. Con incredulidad, minimización de los hechos, justificación y protección de la persona en quien confías. Con la ingenuidad con la que actuaríamos la mayoría de nosotros, en resumidas cuentas, en el mejor de los casos.
La explicación alternativa es otra: que en el escenario de disputas internas que constituye cualquier partido político, la caída de una pieza fundamental como Errejón era ahora más preferible que hace un año, cuando saltó a la luz de las redes el primer testimonio de una víctima. En este escenario no se trataría de adanismo, sino de cálculo político, con el desprecio que ello conllevaría hacia las víctimas.
Cualquiera de las dos explicaciones a los hechos tiene un impacto demoledor para Sumar. Queda minada la confianza en la ética y coherencia de la formación en su ADN, las cuestiones de justicia social y la transparencia.
Tampoco ayuda que, en su comparecencia de anteayer, Yolanda Díaz aprovechara para insistir a las víctimas que denuncien las agresiones en el juzgado, obviando los numerosos obstáculos que enfrenta la mayoría de la población para iniciar un proceso judicial. Los costes judiciales en casos de agresiones machistas pueden oscilar entre 1.500 y 8.000 euros, dependiendo de la complejidad del caso, la duración del proceso y los honorarios de los profesionales implicados. A estos costes se suman otros desincentivos: la ausencia de pruebas contundentes, la dureza del proceso, y la posibilidad de que, aún con evidencias, la palabra de la víctima sea cuestionada, como los hechos han dejado patente.
No hay salida digna a semejante desaguisado.
Genera sonrojo ahora que numerosos periodistas y políticos aseguren en privado, y hasta en público, que lo sabían. Porque si lo sabían, su obligación era denunciar. La crisis del periodismo actual, regido por lógicas de competitividad económica que le emancipan -en términos de Errejón- de tener el tiempo necesario para investigar, es el mecanismo de protección ideal para los personajes poderosos con tintes narcisistas que practican el abuso de poder. Saben que pueden campar a sus anchas. Con un periodismo raquítico y contagiado por la polarización, denunciar a Errejón era todavía más difícil.
Las víctimas ya hicieron lo que debían hacer, explicar su testimonio en el único espacio seguro con el que cuenta, las redes sociales. El caso Errejón ofrece a la izquierda política, al periodismo y a la sociedad un diagnóstico tan incómodo como realista. Que a los agresores nunca se les va a frenar cuando y como corresponde hasta que seamos nosotras las que de verdad ostentemos el poder.