Hace ahora una semana el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya acordó por unanimidad revocar la sentencia que condenó a Dani Alves, en febrero del 20014, a cuatro años de cárcel por agresión sexual a una joven de 23 años. El exfutbolista fue absuelto aunque la Audiencia de Barcelona consideró probado que el futbolista agredió sexualmente a la víctima en el baño de un reservado de una discoteca. Sin embargo el TSJC sostiene que la prueba principal que es la declaración de la denunciante, es un testimonio no fiable y por tanto no suficiente como para “barrer” la presunción de inocencia del acusado. Lo que dice la Sala que por cierto, está formado por tres mujeres y un hombre, es que la falta de concordancia entre el testimonio de la víctima y sus amigas sobre como se sentía en el reservado minutos antes de la presunta agresión sexual. Según las imágenes del reservado ella está distendida, nada incómoda y eso compromete la fiabilidad de su relato donde decía que ya estaba incomoda. En el baño como todos sabemos no hay cámaras y por lo tanto solo ambos saben lo que paso en ese escenario.
Rara vez hay testigos de una agresión sexual y muy importante: rara vez el contacto entre víctima y agresor se inicia como agresión. No es lo mismo una joven que sale de una discoteca y la agreden cuando esta sola, que una joven que en la discoteca conoce a alguien que en un inicio le atrae. Es decir en la mayoría de los casos el inicio del contacto entre dos personas es agradable, la agresión viene después. De una relación consentida a un forzamiento hay una línea tan delgada que a veces incluso la víctima tarda en darse cuenta. Los expertos lo ven a diario igual que observan que hay mujeres que por el “que dirán”, “que no se entere mi familia” no denuncia y cargan durante toda su vida con una relación que ella no quiso. La mujer ha hecho todo lo que se exige a una víctima de violencia sexual. Denunció los hechos nada más producirse ante sus amigas y los responsables del local, activó el protocolo de violencia sexual, acudió al hospital para que le hiciesen el examen oportuno y la versión que ha mantenido desde el principio es persistente y coherente. ¿Ahora quien va a denunciar? ¿No existe el riesgo de solo creer a las víctimas perfectas?
No hay ninguna duda de que el derecho penal debe ser garantista pero defender la presunción de inocenciano impide afirmar que la realidad es que los delitos sexuales son delitos que se producen en la intimidad más estricta. Es decir el mensaje que se traslada a las mujeres que denuncian agresiones sexuales es terrible porque lo que dice esta sentencia es que no se puede condenar a nadie sin pruebas. Y el problema es que en estos casos las pruebas en torno a una violación no se pueden valorar como si se tratará de un robo o un fraude fiscal. La anulación de la condena a Dani Alves evidencia la necesidad de incorporar mejor la perspectiva de género en los delitos sexuales. La contradicción entre las dos sentencias ahonda en la necesidad de una reflexión amplia en la judicatura sobre la manera de abordar estos procesos y la valoración de las pruebas para que las mujeres no asuman que no merece la pena denunciar, y para que la violencia sexual no quede impune.
Esto es lo que pienso yo que soy ciudadana y periodista, que me pagan por contar y analizar la actualidad y que por tanto puedo hablar en alto del riesgo que existe de que la justicia solo crea a víctimas perfectas. Otra cosa es que la clase política lo haga porque entonces van a recibir la crítica del estamento judicial y con razón. Es lo que ha pasado con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda María Jesús Montero que 72 horas después de decir que la sentencia de Dani Alves era una “vergüenza“ tuvo que salir publicamente a pedir disculpas por cuestionar la presunción de inocencia. Tras las palabras de la vicepresidenta Montero todas las asociaciones de jueces y fiscales, progresistas y conservadoras emitieron un comunicado en el que instaban a todos los representantes públicos a ejercer “la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refieren a decisiones judiciales que admiten criticas pero de forma fundada sin erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones“. En la misma línea el Consejo General del Poder Judicial que exigió responsabilidad institucional. Cuando alguien rectifica y pide perdón como ha hecho Montero está bien. Hay que reconocerlo y aplaudirlo pero esto no quita a que haya tardado tres días en disculparse. Antes de pedir perdón publicó un mensaje en la red social X cargado de soberbia y achacando la polémica al Partido Popular cuando en mi opinión el PP casi es circunstancial en todo esto después de que la ministra de Hacienda haya conseguido unir a todas las asociaciones de jueces y fiscales algo que ahora mismo en este país es muy extraño. Ha sido un episodio muy desafortunado donde todos sus compañeros de gobierno han tenido que hacer malabares para apoyarle sin apoyarle y que encierra un debate mucho más profundo: ¿pueden los políticos cuestionar las decisiones judiciales de esta forma?
Creo que las todas las sentencias judiciales tienen que estar sometidas a la crítica y en mi opinión incluso es sano que se reflexione sobre si muchas sentencias judiciales están dictadas conforme a los valores y la evolución de una sociedad. Pero creo que hay límites que no se pueden sobrepasar como la presunción de inocencia porque es la pata de nuestro derecho jurídico y lo que hizo la vicepresidenta fue “patear” este principio. Son líneas rojas infranqueables y menos si quienes quieren atravesarlas son nuestros políticos.