Charles-Louis de Secondat, barón de Montesquieu es considerado el padre de la separación de poderes y ya en el siglo XVIII advertía que “para que no se pueda abusar del poder, es necesario que el poder detenga al poder”. Montesquieu inspiró también a los llamados Padres Fundadores para elaborar la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Constitución, y, el principio que rige su sistema político es el de check and balances, o, lo que es lo mismo, el establecimiento de controles y equilibrios para que ninguna de las ramas del gobierno acabe abusando del poder. La mayoría de los regímenes democráticos han seguido, de una manera o de otra, estos principios. También el español.
La teoría suena muy bien, pero muchos gobernantes tienen la tentación de eliminar los elementos molestos que impiden su acción de Gobierno porque, al fin y al cabo, que te lleven la contraria cuando estás en lo más alto, tiene que ser un incordio incomprensible. Y esto es lo que le está pasando, en parte, a Pedro Sánchez. El jefe del Ejecutivo advirtió el sábado ante el Comité Federal del PSOE que su intención es aguantar “con o sin el apoyo de la oposición” y “con o sin apoyo de un poder legislativo que tiene que ser más constructivo y menos restrictivo”. La frase así, de entrada, suena fatal, porque, según nuestro sistema constitucional, es el Parlamento quien tiene que aprobar las leyes y, si eso no se consigue, no tendría mucho sentido seguir en la Moncloa.
En el fondo, Sánchez ha querido ponerse la venda antes de la herida que le pueden infringir sus propios socios, los de la mayoría progresista, al no aprobar, previsiblemente, los Presupuestos Generales del Estado, lo que obligará a prorrogarlos por segundo año consecutivo. Pero vamos, que seguir, va a seguir.
El otro engorro para el Gobierno proviene del poder judicial. Algunos tribunales, como la Audiencia Nacional, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo, han mostrado ya sus dudas en unos casos, sobre la aplicación de Ley de Amnistía o, directamente, se han negado a aplicarla en su totalidad, y esto ha llevado al Gobierno a presionar directamente a los magistrados. El ministro Óscar Puente que, como es abogado, se arroga el derecho a criticar alegremente a los jueces, les advirtió el mes pasado que tienen que aplicar la ley en su tenor literal, y la ministra Pilar Alegría hablaba de la clara voluntad del legislador. Lo que olvidan ambos es que la voluntad del legislador puede estar muy clara para ellos, pero las leyes en nuestro país se tienen que ceñir a nuestro ordenamiento jurídico y al ordenamiento jurídico europeo, y eso lo deciden los jueces.
Quizá por eso la nueva presidenta del Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, advirtió el pasado jueves en la solemne apertura del año judicial que “ningún poder puede dar indicaciones a los jueces”, y que en un estado democrático y de derecho, “nadie está por encima de la ley”. A Sánchez siempre le quedará el Tribunal Constitucional, que está siendo más dócil que el Congreso para muchas cosas, pero mientras tanto tendrá que seguir lidiando con una realidad que no está siendo nada constructiva para sus intereses.