Me puede la nostalgia. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado en el 41ª Congreso del PSOE la puesta en marcha de una Empresa Nacional de la Vivienda. No es la primera vez, no será la última, que nuestro conducator nos promete la construcción a tope de vivienda pública por la piel de toro. En mi laxa memoria vuelan cifras: 20.000, 43.000 o 200.000. Los que siguen este proceso dicen que la realidad es que la real no se aleja del cero pelotero. No lo puedo certificar, pero es lo que hay.
Como decía, me puede la nostalgia. Mi memoria se retrotrae a la infancia. Creo que todavía existen en muchos barrios populares de España aquellas placas de hojalata planteada que, adornadas con el yugo y las flechas de Falange, recogían este anuncio: “Ministerio de la Vivienda. Instituto Nacional de la Vivienda. Edificio construido al amparo de Viviendas de Protección Oficial”. Me crie en una de ellas, situada en Carabanchel Bajo. Todos los bloques que rodeaban mi casa exhibían en el portal la misma placa. Pasé delante de ellas miles y miles de veces mientras venía de jugar al fútbol o me recogía para merendar y hacer los deberes. No sabía bien el significado de aquella placa, aunque el yugo y las flechas me acojonaban un poco. El Instituto Nacional de la Vivienda (INV) fue una de las más prontas creaciones del Régimen de Franco. Se fundó el 19 de abril de 1939 y se suprimió en 1980. Ahora, nuestro presidente lo resucita para resolver un problema morrocotudo. Ni más ni menos que la falta de vivienda para sectores populares y jóvenes en busca de prosperidad. La solución ya estaba inventada Por mucho que le incomode, por el execrable franquismo.
El INV se constituyó para fomentar las viviendas de renta mínima y reducida tanto de tipo social como la dirigida a militares, policías y funcionarios. Con esta alternativa, Franco intentaba dar respuesta, primero, a la España devastada tras la guerra, y, ya en los 50 y 60, a la inmigración que llegaba a las ciudades y a una emergente clase media, necesitada de sacar adelante su familia antes de comprar el seiscientos. Nosotros éramos de estos últimos. Desde 1950 hasta el final del franquismo, se construyeron en España unos 4 millones de viviendas sociales. El país contaba en aquellas décadas con unos 25 o 30 millones de habitantes. Haciendo la cuenta de la vieja, seríamos unos 8 millones de familias. La cifra impresiona. En 2024, España cuenta con casi 49 millones de habitantes, unos 19 millones de hogares. Así, que nuestro presidente y su Gobierno de progreso tienen por delante la inmensa tarea de levantar unos 10 millones de viviendas sociales para alcanzar el volumen del dictador.
Tras el anuncio presidencial, la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, ha adelantado algunas de las claves. Esta empresa pública de la vivienda no nacerá de la nada, como ocurre con las promesas, los bulos o el fango, sino que ya tiene su semilla administrativa. Se trata de la Empresa Pública Empresarial de Suelo (SEPES), fundada en 1981 y adscrita al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Esta entidad, como se aprecia en su página web, no puede tener un objetivo más noble y necesario: “Mejorar la calidad de la ciudadanía transformando suelo público en lugares habitables donde las personas puedan emprender, vivir y trabajar dignamente”.
La ministra ha trazado cómo será la reconversión de SEPES en ese gran promotor de vivienda social. Se ocupará de la gestión del suelo, de la urbanización y de la construcción de la vivienda hasta su comercialización. A las iniciales dudas de los agoreros de siempre, indicando que la gestión del suelo descansa en competencias autonómicas y municipales, la ministra ha señalado que dispone de “mucho suelo” del Estado, poniendo ejemplos como los terrenos del Ministerio de Defensa, de ADIF y de la Sareb. También ha explicado la financiación pública, pues en este país sobra el dinero cuando se trata de hacer el bien. EL Instituto de Crédito Oficial (ICO) y el Banco Europeo de Inversiones ya disponen sus líneas de crédito para atender este mayúsculo reto de construir vivienda asequible para alquiler y venta. Dado que hay mucha demanda y poca oferta de vivienda, el Gobierno “va a intervenir fundamentalmente vía oferta”. El objetivo no es menor, 1.500.000 de viviendas en “el menor tiempo posible”. Lejos de las metas franquistas, pero con una ambición digna esta ingente tarea.
El pasado miércoles, Itziar Elizalde firmaba una información en Artículo 14 con datos reveladores, que apuntalan esta iniciativa de nuestro Gobierno. En 2023, España destinó una media de 35,4 euros por persona a vivienda social, frente a los 163 euros de los países que componen la Unión Europea. Citaba un estudio de CaixaResearch, que subrayaba la escasez del presupuesto público destinado a vivienda, descansando en el sector privado, con un 76%, el grueso de la construcción de la vivienda protegida. El número de viviendas protegidas construidas en 2023 apenas sobrepasan las 8.500, representando el 2% del parque total. Cifras alejadas de las 20.000 o 25.000 que comprometía nuestro Gobierno. Pero cifras que evidencian la justificación de este monumental compromiso de nuestro presidente y de su Gobierno de progreso.
Los expertos y avinagrados de la construcción ya han expresado sus reservas. Plantean que la difícil solución sólo puede venir de un pacto de Estado que lo dote de continuidad, por una reforma fiscal con incentivos para la inversión, por una financiación adecuada a largo plazo y por una colaboración público-privada aprovechando el suelo público.
Me puede la nostalgia. Y me lleva a 1958, año de aquella imborrable película de El pisito, de Marco Ferreri. Rodolfo y Purita llevan toda una vida de relaciones. Para casarse como dios manda, cosas de la época, necesitaban un piso que no encontraban. Por su cabeza pasan soluciones de todo tipo. Mary Carrillo y José Luis Vázquez encarnaban a los dos protagonistas. ¿Dónde vivirán mañana los Rodolfo y Purita de nuestro tiempo?