En 2019, el Ayuntamiento de Albal promovió una revisión de la cartografía del riesgo de inundación de las localidades de la comarca y consiguió reducir al 50% la zona donde se prohibía construir. Los alcaldes consideraban urgente reducir los mapas de inundabilidad para permitir el desarrollo urbanístico de los municipios. Ahora más de 200 personas han perdido la vida.
Desde la vuelta del verano hasta el día de la Dana, la comisión de Medio Ambiente del parlamento valenciano solo se reunió en una ocasión, el 29 de octubre, el día de la tragedia, y fue tan solo para presentar al secretario autonómico nuevo. El presupuesto de la Conselleria de Medio Ambiente, que era de 1.000 millones de euros, esta legislatura se redujo a 633,55 millones.
Una de las últimas medidas aprobadas por la Generalitat valenciana, en verano, fue permitir la construcción de hoteles a 200 metros de la costa, cuando el límite anterior era de 500.
Por avaricia, ignorancia o por una suma de las dos, buena parte de España está en una situación similar. Más de un millón de viviendas se encuentran en zonas inundables, exponiendo a más de tres millones de personas a riesgos significativos. En la mayoría de los casos se ha seguido la misma lógica, desestimar el riesgo de inundación para aumentar las áreas urbanizables, priorizando el crecimiento económico por encima de la seguridad ciudadana.
Frente a la codicia, y con el objetivo de preservar vidas humanas, es necesario que las decisiones urbanísticas se basen en criterios científicos y técnicos, y no en intereses políticos a corto plazo. También se debería fomentar la participación ciudadana, porque las personas que viven en el territorio, quienes mejor conocen su entorno, deben tener la oportunidad de contribuir y aportar sus conocimientos al proceso de toma de decisiones.
Mientras nos ensoñamos con esta posibilidad, vivimos en zonas con alto riesgo, que necesitan medidas para el futuro, y una de ellas es implementar el urbanismo preventivo. Esto significa planificar y diseñar nuestras ciudades con el objetivo de reducir los riesgos. Hay ejemplos como el Proyecto G-Cans de Tokio, la infraestructura hidráulica subterránea más grande del mundo, creada para prevenir inundaciones en caso de subidas del nivel de agua por tsunamis, tifones, etc. En Barcelona, un sistema de colectores y grandes depósitos de aguas pluviales reducen el riesgo de inundación en la ciudad. En Zaragoza, el Parque de la Aguas es un ejemplo de cómo los espacios verdes pueden convertirse en zonas de inundación controlada, protegiendo las áreas urbanas.
Además, ampliar los márgenes de los ríos y diseñar zonas de inundación controlada puede reducir significativamente el impacto de estos fenómenos que, según nos alertan los climatólogos, van a aumentar en frecuencia, intensidad y extensión geográfica. La resiliencia urbana no solo implica reparar los daños tras una catástrofe, sino prepararnos para el futuro.
Mientras tanto, de los hechos de la Dana alguien tendrá que responder, política o incluso penalmente. La CGT ya ha denunciado al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón por actitud negligente durante la gota fría. Basan la denuncia en las alertas emitidas por AEMED durante las horas previas al desastre. Pero la acción negligente viene de antes.
El diputado de Compromís Juan Bordera denuncia que las proposiciones que hicieron en Les Cortes valencianas para prevenir desastres cayeron en saco roto. “Unos son negacionistas de la ciencia y de la realidad, y quieren cargárselo todo”, dice Bordeta. “Otros son negacionistas light y dicen que quieren compatibilizar el medio ambiente con el desarrollo económico”.
Una madre de Torrent busca desde hace una semana a sus hijos de 3 y 5 años. Tamaño dolor sólo se podría mitigar si al menos pudiera ver en la cárcel a quienes podían evitarlo y no lo hicieron.