La semana tiene nombre propio y es el del fiscal general del Estado. Se ha repetido muchas veces pero me parece muy importante volver a subrayarlo: Por primera vez en democracia el fiscal general del Estado en ejercicio ha declarado como imputado. Esto es insólito pero a mi me llama todavía más la atención la estrategia de defensa que ha utilizado en su declaración. Álvaro García Ortiz no solo no ha contestado al juez sino que en su declaración cuestionó la legitimidad de la justicia. Es decir lo que ha hecho García Ortiz a mi me recuerda a otros tiempos en el que algunos actores políticos al ser citados como imputados proclaman la ilegitimidad del tribunal y se niegan a contestar al juez. El problema es que en este caso concreto quien aparece como víctima de lo que se conoce como “lawfare” es el fiscal general del Estado. La Constitución otorga la defensa de la legalidad al fiscal general del Estado y el lo que hizo ante los jueces es abrir la brecha del descrédito. Estarán conmigo que esto no suena bien. Nada bien.
De todas formas hay otro tema que me llama más la atención. Seguimos sin rastro del móvil que usó en los días de la filtración. El teléfono que los agentes de la Guardia Civil le intervinieron de la marca Samsung se le entregó el pasado 24 de mayo y sin embargo no fue hasta octubre cuando lo comenzó a usar. Y esto son datos de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que lo descubrió al detectar que no fue hasta esta fecha cuando introdujo en él las dos tarjetas telefónicas que ha estado utilizando, una de su línea personal y otra la profesional.
El terminal que la UCO está buscando sigue en paradero desconocido. Está titulado por la Administración pero no hay constancia de que lo devolviese. Ha desaparecido por arte de magia porque no está ni en el Ministerio de Hacienda de donde salió ni en los registros que se ha hecho en la Fiscalía General.
El juez Ángel Hurtado había reclamado a la sección informática del Ministerio Público que le hiciese llegar la información que tuviesen sobre este móvil, del que no se sabe nada. Se desconoce si fue formateado, si fue así que software se empleó para ello y por supuesto si se hizo quien se puede haber encargado del borrado. El pasado miércoles desde la Fiscalía General han trasladado al Supremo que “al no constar que haya sido devuelto no disponen de información” sobre si fue o no formateado en algún momento.
¿No resulta escandaloso que el fiscal general del Estado, el que ordena desde las diferentes unidades que dirige a la Guardia Civil hacer registros y operaciones entregue un móvil a sabiendas que no es el terminal que está buscando la UCO? ¿No resulta extraño que después de que la Guardia Civil haya corroborado que no es lo que buscaba todavía siga sin entregarse? Si no hay nada que ocultar ¿no sería lógico acudir personalmente a la Guardia Civil entregar la terminal y facilitar las claves de acceso para que se pueda investigar?
Estarán conmigo que si ya nos sorprendió el borrado de los mensajes del teléfono que se incautó la no entrega de este terminal despista todavía más manteniendo la presunción de inocencia y sin tener tan claro que haya sido Garcia Ortiz quien lo haya filtrado a los medios de comunicación. Es más me atrevería a barajar según me cuentan fuentes policiales y jurídicas que lo que está buscando el juez Hurtado es comprobar si hubo circulación de mensajes entre la Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno más allá de la filtración.
Ahora todo queda en manos de una comisión rogatoria que el instructor ha enviado a Meta para intentar que le haga entrega de los mensajes que el fiscal general intercambió por WhatsApp del 8 al 14 de marzo. Y los precedentes no son esperanzadores. Esta petición judicial que parte del Supremo también va a dirigida a Google para tratar de recuperar la copia de seguridad de los wasaps de García Ortiz que normalmente se almacenan en su cuenta de usuario. ¿En que posición queda la credibilidad del sistema judicial?