Si hiciéramos una encuesta a diputados, activos y retirados, preguntando qué tema lleva más años hablándose en los pasillos del Congreso sin haberse resuelto, seguro que una de las primeras menciones sería el sistema de financiación autonómica.
España cuenta con un modelo regido por el principio de igualdad y solidaridad que intenta balancear las diferencias entre comunidades, apoyado en nuestra Constitución y en los derechos de todos los ciudadanos en el territorio español.
Cierto es que desde hace años se está exigiendo una actualización del sistema. La vida cambia, la gente se mueve y los servicios son cada vez más caros. Las
comunidades autónomas demandan la reforma, mientras aquel horizonte de igualdad cada día luce más lejano.
El sistema vigente recoge solo dos fueros históricos recogidos en la Carta Magna, Navarra y País Vasco, que permiten a esas administraciones disfrutar de condiciones particulares sin aportar a la caja común.
Solo dos, por ahora. Porque hay quien trabaja para concretar una tercera excepción.
Aún no se sabe si los españoles podremos asumir el precio que tendremos que pagar para que Cataluña tenga un gobierno socialista, con apoyo de los independentistas de ERC.
Si atendemos las declaraciones de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no hay nada de qué preocuparse; el pacto no supondrá ningún esfuerzo extra al resto de las comunidades. Pero cuando escuchamos a los socios del PSOE, parece que la realidad indicará lo contrario.
Lo de que este gobierno no aguanta la hemeroteca es un hecho contrastado. Se multiplican las ocasiones en las que la propia ministra Montero ha dicho que algo no va a pasar, para luego justificar que ha pasado por un “cambio de opinión”. Da igual lo dicho, no importa el precio; lo importante es conseguir el objetivo.
Expertos en materia de financiación autonómica no dejan de advertir de las alarmantes consecuencias para el resto de España de la eventual aplicación del “cuponazo” catalán. Inclusive la agencia internacional de calificación Flitch ha declarado, textualmente, que “la reforma sería positiva para las finanzas de Cataluña, pero negativa para las regiones que actualmente se benefician de los fondos de compensación, porque Cataluña es un contribuyente neto considerable”.
También se comentan las implicaciones sobre el sistema de pensiones, y se han desarrollado modelos que confirman que para poder sostenerlo habría que incrementar considerablemente la presión fiscal sobre el resto de los españoles.
Lamentablemente, cuando este gobierno se ha manifestado de manera tajante negando algo, luego ha ocurrido en medio de la mayor normalidad. Así que no podemos descartar que esta maniobra política se acabe consumando y rompa definitivamente el sistema de solidaridad entre comunidades autónomas.
Si escuchamos las declaraciones de otro de los ministros del gobierno, el señor Óscar Puente, en las que explicaba que el problema de Canarias con la inmigración irregular es que no se gestionan adecuadamente presupuestos; podríamos deducir que, al final, será culpa del resto de España que se aplique un nuevo “cuponazo” que genere aún más diferencias y pobreza.
Solo el tiempo (seguramente poco tiempo) nos dirá cuanto nos costará que Salvador Illa sea presidente de la Generalitat de Cataluña. Sólo el tiempo nos dirá si el cuponazo premiado se convertirá en el ahogamiento del resto de España.