La situación judicial y política en torno a la gestión de la DANA está entrando en una fase crucial. El reciente auto judicial dictado por la jueza de Catarroja señala indicios de delitos de imprudencia grave por parte de la exconsellera de Justicia y Emergencias, Salomé Pradas, y al ex secretario autonómico del departamento, Emilio Argüeso.
Se espera con mucha expectación la declaración de los dos altos mandatarios, especialmente el de la consellera, quien ya ha afirmado públicamente que siempre estará en disposición de ayudar a que se conozca “toda la verdad”. La declaración de la exconsellera es clave, porque si de ella surgieran indicios de responsabilidad del presidente valenciano, Carlos Mazón, se podría solicitar levantar su aforamiento.
La jueza ha señalado en su auto que existen indicios sólidos de que la gestión de la emergencia durante la DANA fue deficiente, lo que se traduce en una posible responsabilidad por imprudencia grave. En particular, las actuaciones del gobierno valenciano durante las primeras horas del desastre y las decisiones tardías en la alerta a la población son los puntos clave que están siendo investigados, lo que habría agravado los daños y el número de víctimas.
Por otro lado, a pesar de que la magistrada le ha ofrecido la posibilidad a Mazón de comparecer como testigo, el presidente del PP ha rechazado esta opción. Su decisión de no involucrarse activamente en el caso refuerza las sospechas de que la voluntad del presidente no es colaborar con el esclarecimiento de los hechos.
Es muy sorprendente la inacción del PP nacional. ¿La paciencia de los populares para depurar responsabilidades políticas en la Comunidad Valenciana hasta dónde llegará? Los últimos sondeos de intención de voto reflejan una caída en la popularidad del partido. Según las últimas encuestas publicadas, el PP ha acumulado cuatro meses consecutivos de descenso en su estimación de voto, situándose en el 32,2%, lo que ha permitido al PSOE recortar distancias quedándose con un 29,6% en estimación de voto, a 2,6 puntos de los populares. Este cambio de tendencia podría verse como una reacción directa a la influencia del caso Mazón y la percepción pública de su incapacidad para gestionar una crisis de la magnitud que fue.
Además de los problemas en la esfera política, las víctimas de la DANA y la sociedad en general exigen respuestas. La falta de claridad y de responsabilidad directa por parte de los gestores públicos está alimentando una sensación de frustración y desconfianza en las instituciones. La falta de una planificación adecuada para este tipo de emergencias y el hecho de que las alertas meteorológicas fueron insuficientemente aprovechadas causan un rechazo generalizado.
Y por último, si finalmente se llega a una sentencia judicial que depure responsabilidades, esto podría tener un impacto profundo en la política regional y nacional, especialmente porque el caso pone de manifiesto posibles fallos graves en la administración pública en situaciones de emergencia. En cualquier caso, el juicio será una oportunidad para revisar los protocolos que hayan quedado obsoletos ante el cambio climático, con el objetivo de gestionar recursos y establecer respuestas ante catástrofes en toda España. El interés de la ciudadanía en torno a este proceso judicial tiene diferentes vectores.
Carlos Mazón ha decidido obviar todos los beneficios que este proceso judicial puede tener para la sociedad y ha anunciado que no declarará de manera voluntaria. Tampoco se sabe si hará apariciones públicas en las fallas de Valencia que están a punto de arrancar. En los últimos meses el presidente valenciano ha hecho contadas apariciones en público. El año pasado, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, apareció en el balcón del Ayuntamiento con pañuelo fallero al cuello, acompañado de Carlos Mazón, exultante en el tradicional blusón de fallas. Este año el panorama ha cambiado por completo, al estrecharse el cerco sobre Mazón.