La especulación inmobiliaria en ciudades como Barcelona y Madrid está poniendo en evidencia un grave conflicto entre dos derechos fundamentales: el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda. Ambos derechos están en tensión desde hace décadas. Pero mientras que la propiedad privada se ha consolidado a lo largo del tiempo, el derecho a la vivienda está aún en proceso de protección efectiva, especialmente frente a las dinámicas del mercado inmobiliario impulsadas por los fondos de inversión.
En Barcelona, el distrito del Eixample se ha convertido en un claro ejemplo de cómo la especulación inmobiliaria afecta a la vida de los residentes. Según un informe presentado ayer, 232 fincas en este barrio están en manos de grandes fondos de inversión que han impulsado la revalorización de los precios de alquiler y venta. Esto ha llevado en los últimos ocho años a la expulsión de cerca de 4.000 residentes, en lo que se empieza a llamar desahucios invisibles, aquellos no provocados por impagos, sino por el aumento desorbitado del alquiler o por la finalización del contrato sin renovación.
El edificio de Casa Orsola, donde una concentración ciudadana consiguió desbaratar los planes de un fondo de inversión que había ideado maximizar los beneficios ofreciendo los pisos como alquiler de temporada, se ha convertido en todo un símbolo. El Ayuntamiento de Barcelona tuvo que intervenir comprando el edificio y destinándolo a alquiler social. Aunque el gesto fue forzado por la movilización social, ha sentando un innegable precedente en la defensa del derecho a la vivienda.
La situación en Madrid no es muy diferente. La capital ha experimentado una creciente presión por parte de los fondos de inversión que buscan adquirir propiedades para convertirlas en alquileres turísticos o en viviendas de lujo. Según un informe de PwC, Madrid se ha convertido en el segundo destino más atractivo para la inversión inmobiliaria en Europa, lo que ha intensificado la especulación, especialmente en barrios tradicionales como Malasaña, Lavapiés y Chamberí. En estos barrios, los precios de alquiler han subido considerablemente, desplazando a los residentes originales y favoreciendo a los inversores que buscan obtener beneficios rápidos.
El Sindicato de Inquilinas de Madrid ha alertado sobre la amenaza de los “fondos buitres”, que adquieren grandes bloques de viviendas para elevar los precios de alquiler y obtener altas ganancias, dejando a miles de familias en riesgo de expulsión. Se estima que más de 1.000 edificios en Madrid están en peligro de ser vendidos a estos fondos, lo que afectaría a unas 21.500 personas, expulsadas de sus hogares debido a la gentrificación.
El mercado inmobiliario, impulsado por los fondos de inversión y por múltiples pequeños propietarios que han visto cómo su principal activo se revalorizaba sin freno aparente, ha creado una situación en la que la vivienda se ha convertido en una mercancía en lugar de un derecho básico. Este desequilibrio se ha agudizado en ciudades como Barcelona y Madrid, pero prácticamente no queda capital importante en España donde sus vecinos no vean con preocupación algo muy evidente: que sus hijos ya no tienen acceso ni a la compra ni al alquiler de una vivienda con la comodidad que disfrutaron ellos.
Obviamente la oferta de vivienda es insuficiente. El Banco de España cifra el déficit de vivienda en 600.000 unidades hasta 2025. Si a esto le sumamos que el parque de vivienda pública se ha reducido hasta representar un mínimo 2,5% del parque inmobiliario, está claro que queda mucho por hacer para contar con una oferta de vivienda asequible razonable.
El tiempo necesario para construir la cantidad ingente de vivienda que se necesita es tan dilatado, que es ingenuo esperar que el mercado vaya a ofrecer una respuesta a los centenares de miles de ciudadanos que necesitan una vivienda en la que desarrollar sus vidas ahora. Hay que tomar medidas en el corto plazo.
No hacerlo podría tener consecuencias políticas. El voto a la extrema derecha crece donde la crisis de la vivienda es más grave. Es urgente implementar políticas que limiten la especulación y prioricen el bienestar de las personas sobre los intereses económicos de los inversores. Ya hace