Decía Otto Von Bismarck que “las leyes, como las salchichas, es mejor no ver cómo se hacen”. Y si esto estaba vigente en el siglo XIX, mucho más lo está hoy día. Y es que, hasta al propio canciller alemán, le asombraría ver el grado de ingeniería legislativa al que ha llegado este gobierno. En el año 2020 se utilizó un real decreto de medidas para luchar contra el COVID para que Pablo Iglesias primero, y Yolanda Díaz después, pudieran formar parte como vicepresidentes del Centro Nacional de Inteligencia. Con toda lógica el Tribunal Constitucional anuló un año después esa disposición.
Pero la “magia” legislativa del Ejecutivo no acaba aquí. El pasado 20 de junio, el PSOE y sus socios parlamentarios acordaron arrebatar al Senado su facultad de veto sobre los objetivos de estabilidad presupuestaria. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta molestaba al Ejecutivo a la hora de sacar adelante el techo de gasto porque solía vetarlo, así que solucionaron el asunto introduciendo una enmienda… ¡en la Ley de Paridad! Una semana después el Gobierno rizaba el rizo eliminando un artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que posibilitaba la paralización de los distintos procedimientos judiciales cuando se presente una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
En la práctica se va a poder seguir haciendo, pero el Ejecutivo se había comprometido con Europa a dejarlo negro sobre blanco en el Código Civil para poder seguir recibiendo fondos europeos. Los independentistas se oponían, y le volvieron a ganar el pulso al Gobierno, Y, ¿cómo se podía hacer esto? debieron de pensar en Moncloa. Pues, muy fácil, incluyendo la derogación de ese artículo en el decreto de medidas anticrisis que aprobó la revalorización de las pensiones y la bajada del IVA de los alimentos, incluido el aceite de oliva.
El problema de hacer este tipo de chapuzas legislativas es que luego puede venir un tribunal y tumbártelo o aplicarlo al pie de la letra, como ha ocurrido con la ley del Sólo Sí es Sí, donde miles de agresores sexuales han visto reducida su pena por una redacción defectuosa de la que nadie asumió responsabilidad alguna. El Gobierno llamó a esto “efectos indeseados” de la norma y, para Podemos, la culpa la tuvieron los jueces que son fachas y aplican mal la ley.
Lo que mal empieza, mal acaba. El último ejemplo, pero no el menos importante, lo acabamos de ver con la Ley de Amnistía. Después de varios borradores hechos a la medida de Puigdemont, el Tribunal Supremo ha encontrado el hueco para concluir que el delito de malversación no es amnistiable, porque los líderes del procés no se quedaron con el dinero público, pero lo utilizaron para sus propios fines personales. El auto de la Sala Segunda dice, por ejemplo, que el castigo en los delitos patrimoniales “no se justifica por quedarse con las cosas de otro, sino por quitarle a otro las cosas”. Con este argumento, el Supremo ha decidido que no hace falta ni preguntarle a Europa qué opina sobre el tema, que Puigdemont, Comín y Puig tienen que ser detenidos si vienen a España para responder ante la justicia.
Pero no subestimemos la capacidad del Constitucional para enmendarle la plana al Supremo. Está a punto de perdonar a Griñán y a Carmen Martínez Aguayo por los delitos cometidos en el caso de los ERES. Para el TC, el presidente de la Junta y la consejera de Hacienda no tenían, por lo visto, responsabilidad alguna cuando se dilapidaron 679 millones de euros del erario autonómico. Tiberio les decía a sus gobernadores, “he dicho que esquiléis mis ovejas, no que las afeitéis”. En este caso se afeitaron las arcas públicas, gastando dinero para parados en muchos casos, con el objetivo de mantener un sistema clientelar que les permitiera seguir en el poder y, de paso, pagarse en ocasiones, coca, putas y mariscadas. Lo que llama la atención es que esa sentencia se aprobará, previsiblemente, con los votos a favor de Inmaculada Montalbán, galardonada en su día por el propio Griñán; por Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del PSOE y ex secretario de relaciones con la Junta de Andalucía; y por Laura Díez, que tuvo también varios cargos en el Gobierno de Pedro Sánchez. Ninguno de ellos ha considerado, por lo visto, la posibilidad de abstenerse.
Uno de los pilares básicos de la democracia es el respeto a las instituciones, pero también las instituciones se tendrían que respetar a ellas mismas y, sobre todo, respetar a los ciudadanos a las que sirven.