Todos los gobiernos se han visto obligados a llegar a acuerdos cuando no han tenido mayorías parlamentarias, el problema es el daño que se puede infligir al estado con determinadas cesiones a la carta como las que ha hecho y sigue haciendo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Es como el símil de la gallina, que puede ser muy fácil desplumarla, pero es imposible volver a ponerle las plumas. Lo importante, eso sí, es hacer las reformas por partes, dejar que la sociedad las madure un poco, las olvide, y las perdone, porque siempre habrá una noticia que tape a la anterior, y algunos dispuestos a justificarlo todo.
El primer paso de este camino de concesiones fue el de los indultos a los líderes independentistas. En junio de 2021 se les concedió la medida de gracia “en aras de la concordia y la convivencia”; en enero de 2023 entraba en vigor la reforma del código penal que suprimía el delito de sedición y modificaba el de la malversación, modificación que, en este caso, no sólo beneficiaba a los líderes del procés, sino también a otros políticos corruptos de PP y PSOE. Vaya ejemplo, ¿eh? En junio de este año entraba en vigor la Ley de Amnistía, aunque diversos tribunales, no sólo el Supremo, están poniendo varias pegas a su aplicación. Y, sospechando que el dócil Tribunal Constitucional presidido por Cándido Cónde-Pumpido rechazará los recursos interpuestos contra esa norma, el Supremo ya advertido que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a ver si en Europa dan su visto bueno a que se amnistíen delitos de terrorismo y malversación.
Por si esto fuera poco, hace unos días Bildu anunciaba que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para reformar la ley de Seguridad Ciudadana, lo que equivaldría poco menos a dejar que los ultras de los clubes de fútbol elaboraran las leyes antiviolencia en el deporte o las leyes antirracismo. El acuerdo girará en torno a varios ejes: prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y fin de las sanciones para quien profiera insultos e injurias contra Policía y Guardia Civil. Además, la desobediencia será una falta leve, y se acabará con las llamadas devoluciones en caliente de los inmigrantes ilegales. Los sindicatos y asociaciones de los dos cuerpos han puesto ya el grito en el cielo, y el propio ministro Marlaska tuvo que aguantar en Mérida el pasado fin de semana abucheos y una sonora pitada por parte de los asistentes a un concierto enmarcado dentro de los actos de celebración de la semana de la patrona de la Benemérita, la virgen del Pilar.
Estos días hemos visto también como la consejera de Justicia del Gobierno Vasco, la socialista María Jesús San José daba el visto bueno a la excarcelación de dos etarras más, Luis Marileñarena y Harriet Iragi, condenados por cinco asesinatos. Marileñanera participó, por ejemplo, en el atentado que costó la vida al vicehelandakari socialista Fernando Buesa y al de su escolta, Jorge Díez.
Los independentistas tienen claro cuál es su objetivo: debilitar al máximo al estado para cuando lo vuelvan a intentar y exprimir las concesiones que está dispuesto a hacer un Pedro Sánchez, que también tiene clara su meta: seguir en la Moncloa el mayor tiempo posible, cueste lo que cueste.