La veterana ministra británica Yvette Cooper se consolida como inesperado ariete del Gobierno de Keir Starmer para tratar de contener la hemorragia de popularidad de un partido que, hace poco más de siete meses, había obtenido una apabullante mayoría absoluta. Como responsable del departamento de Interior, Cooper encabeza la compleja estrategia mediante la que el Laborismo abandona su zona de confort con el endurecimiento de la retórica de migración, para tratar de revertir la deriva. Ante el evidente dominio que la gestión de fronteras ejerce en el imaginario colectivo, la ministra ha tomado nota de la tendencia en Estados Unidos, Italia o Alemania, y ha diseñado un plan de acción para probar que se toma en serio el tráfico irregular de personas desde el primer día que llegó al poder.
Con una reputación de profesionalidad y solvencia y una dilatada carrera de casi tres décadas, Cooper estaba ya familiarizada con su cartera antes de asumirla, ya que, en su periplo de 14 años en la oposición, había presidido durante un lustro la influyente comisión parlamentaria de Interior, una responsabilidad en la que demostró su puntillosa atención al detalle y una personalidad de hierro, que contrastaba con un ademán aparentemente suave y sosegado. Resuelta a apuntalar una imagen de severidad con la migración, esta semana se unió a una de las decenas de redadas policiales destinadas a identificar trabajadores en situación irregular, centradas fundamentalmente en salones de manicura, talleres de lavado de coches y hostelería, con el propósito de reflejar su determinación de desmantelar las bandas de tráfico de personas.
La ofensiva no solo está destinada a hacerles frente, sino que tiene también un sentido de supervivencia para un partido que, tradicionalmente, había evitado enarbolar el fantasma de la migración. Por primera vez, Reforma, la formación política liderada por el ultra Nigel Farage, considerado el padrino del Brexit y gran agitador de conciencias en materia de migración, ha superado al Laborismo en las encuestas, con un 25 por ciento de apoyo, un punto más que los de Starmer, una ventaja que ha encendido todas las alarmas sobre la urgente necesidad de demostrar que se está haciendo algo para mitigar la llegada de extranjeros, sobre todo, de quienes no lo hacen por la vía regular.
La apuesta es compleja y entraña riesgo, puesto que en el Parlamento hay partidos que prometen medidas más draconianas. No se trata solo de la mano dura de Reforma, los conservadores también plantean acciones controvertidas, como la salida de Reino Unido de la Convención Europea de Derechos Humanos, un tratado que los británicos habían contribuido a sellar hace más de 70 años. Pero frente a la oratoria, más sencilla en la oposición que en el poder, Cooper y su equipo pretenden demostrar con números, imágenes y reformas legislativas que este Gobierno ha hecho más por reducir la migración irregular que los tories cuando estaban en el poder y Reforma desde sus plataformas de maquinaria propagandística.
Para empezar, esta semana han iniciado una combativa campaña para desmontar mitos y sacar pecho con cifras como las cerca de 19.000 deportaciones acaecidas desde que llegaron al Gobierno, el mayor volumen desde 2018. Adicionalmente, han reivindicado la proliferación de redadas y arrestos de trabajadores en situación irregular, que han generado un aumento de un 73 por ciento en los doces meses transcurridos hasta enero; y han difundido, no sin polémica, incluso entre los propios diputados laboristas, grabaciones de las operaciones policiales y hasta vídeos que reflejan el itinerario de quien no llega por la vía legal, desde el momento de su recalada hasta el traslado al aeropuerto para su expulsión del país.
A pocos en el Reino Unido se les ha escapado la innegable similitud de la campaña mediática y redes sociales con la imaginería de Reforma, desde los colores empleados, azul turquesa y blanco, las letras negras, los lemas e, incluso, el tono, una prueba más de que la influencia de Farage es el enemigo a batir. Como hombre de confianza de Donald Trump en el Reino Unido y dada su alza en los sondeos, su influjo preocupa en ambos polos del panorama político, tanto al Gobierno como a los conservadores, los más perjudicados por la seducción de unas siglas que prometen cambiar el mapa electoral británico.
La llegada de Trump a la Casa Blanca también se deja notar en las tácticas empleadas, no solo en las deportaciones y la escenificación de las redadas, sino en las políticas. Como parte de la nueva acometida, el Gobierno anunciaba esta semana el veto a la ciudadanía para cualquier migrante que hubiese entrado de manera irregular, independientemente del tiempo que haya pasado, incluyendo aquellos con estatus de refugiado. Hasta ahora, era necesario esperar al menos diez años, pero se calcula que los cambios impedirán a unos 71.000 refugiados acceder a la nacionalidad.
La medida bebe directamente del manual del 47 presidente de Estados Unidos, en un contexto en que Londres está bajo presión para demostrar afinidad de visión con la nueva administración norteamericana, pero el momento elegido tampoco es casualidad: tanto la ofensiva propagandística como los anuncios coinciden con la votación inicial, esta semana en el Parlamento, del proyecto de ley de Seguridad de Fronteras e Inmigración, un texto que anula el polémico plan del Ejecutivo ‘tory’ de deportaciones a Ruanda, jamás implementado, y que aspira a consolidarse como hoja de ruta de una materia que, nueve años después del referéndum del Brexit, vuelve a dominar la política británica, esta vez, con una mujer a la cabeza.