El debate sobre la inmigración fue completamente central en las elecciones legislativas francesas. Supuso un aumento muy sustancial del apoyo al partido de ultraderecha Rassemblement National (RN), que defiende una plataforma anti-inmigración, y aunque la victoria terminó siendo del Nuevo Frente Popular, de la izquierda, quedó claro que a la mayoría de los franceses les preocupan sus fronteras.
Una encuesta de 2023 realizada por Ifop reveló una actitud ambivalente entre los franceses respecto a la inmigración. Mientras que el 82% de los encuestados consideraba que es un tema difícil de discutir con serenidad, un 65% creía que Francia ya tiene demasiados extranjeros y un 61% pensaba que las diferencias de valores dificultan la convivencia con más inmigrantes. Además, el 71% opinó que la inmigración económica reduce los salarios.
No obstante, el 60% sentía que es deber de Francia acoger a quienes huyen de la guerra y la miseria. También, un 75% apoyaba la idea de un referéndum sobre la política migratoria, con variaciones según la orientación política: el 88% de los simpatizantes de Les Républicains y el 93% de los del RN estaban a favor, comparado con el 62% de los partidarios de la mayoría presidencial y el 61% de La France Insoumise.
Un problema en Francia
Cifras que han quedado reflejadas en las últimas elecciones legislativas, cuando un 32,05% de los votantes se decantó por el partido de Marine Le Pen y su plataforma anti-inmigratoria. Entre otras cosas, busca acabar con la ciudadanía por derecho de nacimiento para los hijos de extranjeros nacidos en Francia y limitar el acceso a beneficios estatales para los inmigrantes recién llegados, incluyendo una espera obligatoria de cinco años para acceder a vivienda y subsidios infantiles. También aboga por una “preferencia nacional” que prioriza a los ciudadanos franceses sobre los inmigrantes en servicios públicos y empleo, y promueve un endurecimiento general de las políticas migratorias para reducir la entrada de nuevos inmigrantes.
En Francia, hay más de 7 millones de inmigrantes legales, representando aproximadamente el 10% de la población total. De estos, 2,5 millones han adquirido la nacionalidad francesa. En cuanto a la inmigración ilegal, se estima que hay alrededor de 400.000 a 600.000 inmigrantes sin documentación adecuada en el país. Muchos franceses están preocupados porque, en las zonas habitadas mayoritariamente por inmigrantes, especialmente en las banlieues, se observan índices elevados de violencia y tensiones sociales.
Estas áreas han sido históricamente marginadas y subfinanciadas, lo que contribuye a altos niveles de desempleo, pobreza y discriminación, lo que a su vez ha fomentado episodios de violencia y disturbios urbanos, como los disturbios de 2005 en Clichy-sous-Bois. Con todo, la tasa de encarcelamiento de inmigrantes es un 30% menor que la de los ciudadanos nativos de Estados Unidos.
Frente a este panorama, Le Pen ha aprovechado para utilizar la retórica anti-inmigración en sus campañas políticas, enfocándose en la preservación de la identidad nacional francesa y la limitación estricta de la inmigración. En sus discursos, vincula la inmigración masiva con la erosión de la identidad cultural francesa y sugiere que el multiculturalismo podría llevar a conflictos civiles entre comunidades. Aboga también por la “preferencia nacional”, que prioriza a los ciudadanos franceses sobre los inmigrantes en el acceso a servicios sociales y empleos, y ha insistido en que Francia debe cerrar sus fronteras a más inmigrantes, alegando que el país está “lleno”.
La situación española
En paralelo, está el caso de España, donde los problemas por inmigración son menores. A principios de 2023, España tenía aproximadamente 7,5 millones de inmigrantes legales, representando alrededor del 15% de la población total del país. De estos, los inmigrantes de origen marroquí constituían el grupo más grande, seguidos por los colombianos y los rumanos. Sin embargo, la inmigración ilegal es menor que en Francia: se estima que hay entre 390.000 y 470.000 inmigrantes sin documentación adecuada en España.
Heureuse d’être à Madrid pour soutenir mon ami @Santi_ABASCAL et @vox_es dans leur campagne pour ces élections européennes fondamentales pour l’avenir de l’Europe.
Nos deux mouvements continueront à travailler ensemble, pour défendre les peuples et la liberté des nations ! pic.twitter.com/5fVzuN3Z2L
— Marine Le Pen (@MLP_officiel) May 19, 2024
Y en términos de violencia y tensiones sociales en zonas con alta concentración de inmigrantes, tanto Francia como España enfrentan desafíos similares, pero seguimos a la cola de nuestro vecino con niveles de agresión menores y menos asentamientos migratorios.
Esto no impide que Vox siga los pasos del Rassemblement National, haciendo campaña con una retórica anti-inmigración que no corresponde con los niveles de violencia y cifras reales de la inmigración en España. Así, usan un lenguaje que describe la inmigración masiva como una amenaza para la identidad cultural española y europea, argumentando que la llegada de un gran número de inmigrantes, especialmente de origen musulmán, podría llevar a la desintegración de los valores y costumbres tradicionales de España. En sus discursos, e igual que Le Pen, Santiago Abascal vincula la inmigración con problemas de seguridad, sugiriendo que la presencia de inmigrantes aumenta el riesgo de terrorismo y criminalidad.
En ese marco, Vox aboga por un control estricto de las fronteras y una reducción profunda de la inmigración. Proponen la expulsión inmediata de los inmigrantes ilegales y aquellos que cometan delitos graves. Además, quieren revisar y restringir los criterios para la concesión de asilo y refugio, limitando estos derechos a casos excepcionales. Vox también se opone firmemente a las políticas de regularización de inmigrantes sin documentación adecuada, argumentando que estas medidas incentivan la inmigración ilegal.
El partido también promueve la idea de la “preferencia nacional”, que prioriza a los ciudadanos españoles en el acceso a servicios sociales y oportunidades laborales, igual que el Rassemblement National. Esta política implica que los inmigrantes, incluso los legales, tendrían acceso limitado a ciertos beneficios y derechos hasta que hayan residido en el país durante un período considerable y hayan demostrado su integración en la sociedad española.