La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, habrá recibido con gran satisfacción la decisión de los Estados miembros de la Convención de Berna de reducir el nivel de protección de los lobos en Europa.
La medida, que implica rebajar el estatus de estos animales de “estrictamente protegidos” a “protegidos”, permitirá una gestión más flexible de la especie en respuesta a las preocupaciones de los agricultores. Von der Leyen, quien detesta al lobo tras la muerte de su pony Dolly a manos de uno de estos animales, calificó la decisión como “importante para nuestras comunidades rurales y agricultores”, destacando que representa “un enfoque equilibrado entre la preservación de la fauna silvestre y la protección de nuestros medios de vida”.
Important news for our rural communities and farmers.
The Bern convention has decided to adjust the protection status of wolves.
Because we need a balanced approach between the preservation of wildlife and the protection of our livelihoods
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) December 3, 2024
La propuesta, defendida por la Comisión Europea y presentada en septiembre, buscaba dar mayor libertad a los Estados miembros para manejar las poblaciones de lobos mediante derogaciones específicas. Esta iniciativa surgió en un contexto de creciente presión de los agricultores, quienes argumentaban que la recuperación de la población de lobos estaba causando daños al ganado. Desde 2012, el número de lobos en Europa ha aumentado de 11.000 a más de 20.000, un crecimiento que, según los agricultores, ha intensificado las agresiones.
Vengar a Dolly
La postura de Von der Leyen tiene también un componente personal, ya que en 2022 perdió a su pony Dolly en un ataque de lobos, lo que reforzó su determinación para abordar la coexistencia entre humanos y fauna salvaje. Según fuentes oficiales, la presidenta de la Comisión ha abogado por un enfoque pragmático que permita una coexistencia sostenible, sin comprometer la recuperación de las especies protegidas. Este planteamiento ha sido bien recibido por los sectores agrícolas, que consideran que la medida facilitará un manejo más eficaz del problema.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen durante la reunión 2500 del Colegio de Comisarios en Bruselas
El cambio de estatus permitirá a los Estados miembros establecer cuotas anuales para la caza de lobos y tomar medidas más ágiles para proteger a los ganaderos. En palabras del ministro de Agricultura de Finlandia, Sari Essayah, la decisión “es esencial para posibilitar la caza sostenible de lobos y preservar la dignidad humana“. La medida también refleja el esfuerzo de los Estados miembros por equilibrar la conservación con las exigencias de sus comunidades rurales.
Un tema delicado
Los cazadores y organizaciones como la Federación Europea de Cazadores también celebraron el resultado, calificándolo como un paso hacia la adaptación del éxito de conservación de los lobos a las realidad actual. “Todavía hay obstáculos legales, pero ahora son superables”, dijo Laurens Hoedemaker, presidente de la federación.
Pero la decisión no está exenta de controversia. Organizaciones ecologistas como WWF y Eurogroup for Animals han criticado la medida, argumentando que no aborda los retos reales de la coexistencia entre humanos y lobos. Sabien Leemans, del WWF, señaló que la votación “pone en riesgo décadas de esfuerzos de conservación” y advirtió sobre las posibles consecuencias negativas de modificar la Directiva de Hábitats de la UE, que establece objetivos estrictos para la protección de ecosistemas.
En este contexto, Ursula von der Leyen ha subrayado que el cambio representa un compromiso entre la conservación y las necesidades humanas, señalando que el objetivo es evitar un impacto desproporcionado en la biodiversidad. La presidenta también ha instado a los Estados miembros a implementar medidas complementarias para mitigar los conflictos, como el uso de perros entrenados y cercados especializados, lo que podría reducir los enfrentamientos entre lobos y agricultores.
Con todo, la implementación de esta medida, prevista para entrar en vigor dentro de tres meses, dependerá de la aprobación final de los Estados miembros y la modificación de la Directiva de Hábitats.