No valieron protestas, reclamos, entrega de documentos, cadenas humanas o hasta una huelga de hambre frente al consulado de Venezuela en Madrid. A millones de venezolanas el Gobierno de Nicolás Maduro y el Consejo Nacional Electoral (CNE) le negaron el derecho al voto en las presidenciales, previstas para el próximo 28 de julio en el país, en un lento y burocrático proceso de actualización de datos del padrón electoral.
La Plataforma de Coordinación Interagencial para Migrantes y Refugiados de Venezuela, de la ONU, calcula que unos 7,7 millones de venezolanos se encuentran fuera de su país, que huyeron de la crisis política, social y económica que enfrenta la nación suramericana desde hace una década.
La mayoría de ellos se encuentran en países vecinos como Colombia y más al sur, en Argentina, Chile, Ecuador y Perú. Sin embargo, un número creciente ha tomado a Estados Unidos como su nueva casa y otros tantos optaron por España, donde el Gobierno les entrega una visa o estancia humanitaria. El INE calcula que en España hay alrededor de 477.000 venezolanos, sin embargo, la cifra real es mucho mayor, ya que decenas de miles poseen la nacionalidad española por sus padres o abuelos.
El CNE anunció el inicio de la jornada especial de inscripción de nuevos votantes y actualización de datos del Registro Electoral el 7 de marzo, cuando al hacer público el cronograma de las elecciones, fijó las fechas para ello: entre el 18 de marzo y el 16 de abril.
Obstáculos en España
Dentro de Venezuela solo habilitaron 315 puntos, distribuidos entre sus oficinas regionales y plazas públicas. Fuera del país, las sedes consulares y las embajadas eran los lugares para ese proceso. Sin embargo, con días o hasta una semana de retraso las legaciones diplomáticas venezolanas comenzaron esta actualización.
Lorena Lima explicó desde Madrid que a sus 28 años decidió iniciar una huelga de hambre, que duró cinco días, para exigir la apertura del registro. Migró a ese país hace seis años desde los llanos centrales venezolanos ante la necesidad de una vida mejor.
No pudo inscribirse porque su residencia en el país europeo es por razones humanitarias, por lo que le negaron el derecho al voto. La legislación venezolana contempla que a partir de los 18 años las personas puedan elegir a sus autoridades. Para inscribirse en el padrón deben presentar su documento de identidad, vigente o no, y acudir a las oficinas del CNE.
En cada elección se abre un lapso para que los jóvenes que desean participar por primera vez puedan registrarse y quienes han cambiado de residencia escojan el centro de votación más cercano a su nueva vivienda.
Menos puntos y más trabas
Sin embargo, el Observatorio Electoral Venezolano, una ONG que se dedica a temas comiciales, comparó las últimas tres elecciones presidenciales (2012, 2018 y 2024). En las últimas que ganó Hugo Chávez, en octubre de 2012, se dieron ocho meses para que las personas acudieran a las jornadas del registro electoral y se fijaron 1.500 puntos para la actividad.
En 2018, los días se redujeron a 25 y drásticamente los lugares para el proceso bajaron a 500. Fueron unos comicios cuestionados internacionalmente por la falta de legitimidad, el ventajismo y por ser “una carrera” en la que Maduro casi que participó solo ante la negativa de la mayoría de los partidos de oposición de inscribir candidatos.
Esta vez, cuando la migración ha sido mayor en los últimos años y está empujada por la crisis del país, hubo menos puntos dentro del territorio venezolano y las trabas fueron mayores en el exterior.
La huelga de hambre de Lima
Lima aseguró a Artículo14 que su huelga de hambre en cierta forma dio resultados. Sobre todo, porque visibilizó la demora para que el Consulado en Madrid abriera la jornada.
“Dio resultados. Mucha gente que no estaba interesada en el tema, sé que por esa huelga se conmovieron, le tocó un poco la fibra de mucha gente que está desinteresada. Mucha gente dijo que no se iba a inscribir, pero al ver la protesta dijeron que iban a hacerlo”, explica.
Habló de los requisitos adicionales que se inventaron en esta sede consular. Las venezolanas en el exterior debían presentar el pasaporte vigente, la cédula de identidad venezolana y el documento de identidad del país receptor. En muchos casos exigían residencia permanente, acreditación de ello y el DNI con un año de vigencia para hacer el registro.
En Colombia pasó lo mismo
En Bogotá, Colombia, Dalia Ochoa no pudo inscribirse. Migró desde su natal Valencia, en el centro del país, hace dos años. Aunque el documento de identidad válido para los venezolanos en Colombia es el Permiso de Protección Temporal (PTP), que les da hasta 10 años de residencia oficial en la nación vecina, el CNE venezolano no lo consideró válido.
Hasta agosto de 2023 había en esa nación 2.875.743 migrantes venezolanos. Es el lugar con más connacionales en el exterior, pero uno donde hubo más trabas y retrasos para inscribirse en el padrón electoral.
“Me siento frustrada por no poder votar, impotente ante algo mayor que quiero ayudar a cambiar y no puedo. Pedían el pasaporte vigente y el 80% de los migrantes venezolanos no cuentan con él por los costoso de trámite (cuesta más de 300 dólares obtenerlo fuera de Venezuela). Además, los primeros días no llegaron las máquinas para captar huellas y se perdió un tiempo valioso”, detalló sobre las trabas en la sede consular bogotana.
El panorama fue similar en Argentina, Perú, Chile y Ecuador, donde no importaron los reclamos de los migrantes frente a las sedes consulares. “La operación morrocoy” o lentitud para que las personas se registraran era una de ellas.
La lentitud como arma de desesperación
Lima, desde Madrid, hizo hincapié en ello. Si llegabas a las 8:00 de la mañana debías esperar hasta las 3:00 de la tarde para salir; es decir, a quienes estuvieran trabajando les debían dar un día de permiso para solo actualizarse en el padrón electoral.
El OEV, que presentará un informe más amplio sobre el proceso en los próximos días, adelantó su monitoreo sobre el estado Zulia, la región venezolana con más población para votar.
El 22 de marzo detectaron la falta de la máquina de votación, indispensable para el registro, en una localidad de Maracaibo, la capital del estado. No hubo información pública sobre los puntos de registro itinerantes, “lo que dificultó a los electores inscribirse o actualizar sus datos”.
Se necesitaban 3.000 puntos de inscripción
Otras organizaciones como Voto Joven o #HolaTúInscríbeteRE calcularon que dentro de Venezuela, tres millones de personas debían cambiar sus datos o inscribirse por primera vez. Para tan grueso número de votantes se necesitaban entre 1.500 a 3.000 puntos, pero apenas hubo un 20 % de ellos.
Desde Chile, Paola Rosales tampoco pudo inscribirse. Acudió al consulado en Santiago de Chile. Pese a tener seis años y medio viviendo con su familia en el país suramericano se quedó sin poder votar.
Llevó su pasaporte, la cédula de identidad o DNI laminado, pero cuando presentó el documento de residencia definitivo le negaron la inscripción porque se vence en noviembre y debe esperar que ocurra para tramitar uno nuevo.
“No pude inscribirme porque la definitiva se me vence en noviembre de este año, y según tiene que tener un año mínimo de vigencia”, contó a Artículo 14.
Calificó como “una locura” que, aunque puedes ir con la cédula venezolana vencida, te exijan una vigencia de un año del documento del país receptor.
Este miércoles 17 de abril, el presidente del CNE y antiguo colaborador estrecho de Nicolás Maduro, Elvis Amoroso, dijo que se inscribieron 604.964 venezolanos y otras 847.999 personas hicieron cambios de residencia. Como es habitual, no detalló cuántos de ellos lo hicieron en el exterior ni cuántos dentro de Venezuela.
Apenas 100.000 votantes en el exterior con pleno derecho
La última cifra del padrón electoral, que no será el mismo para el 28 de julio, daba cuenta de que fuera de Venezuela apenas 107.706 podían sufragar, mientras que se calcula que entre 4 o 5 millones de migrantes con derecho a votar debían cambiar sus datos.
Esto sucede en medio de una pugna interna entre el candidato opositor Manuel Rosales, gobernador del Zulia, con la ganadora de las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática, María Corina Machado, que no pudo inscribirse por una inhabilitación política en su contra, que salió desde la Contraloría General de la República cuando Amoroso dirigía esa oficina.
Aún no hay un consenso o candidato unitario que pueda hacerle frente a Maduro, que con este tipo de trabas da un paso para mantenerse en el poder al menos otros seis años.