En una reprimenda legal, un juez federal de Estados Unidos ha encontrado “causa probable” para declarar a la Administración Trump en desacato al tribunal por violar una orden judicial que detiene los vuelos de deportación de migrantes venezolanos a El Salvador. El fallo, emitido este miércoles por el juez jefe de distrito de Estados Unidos, James E. Boasberg, marca la última escalada en un tenso enfrentamiento legal que algunos expertos advierten podría empujar al país hacia una crisis constitucional.
El tribunal ya había ordenado a la Administración que dejara de invocar la Ley de Enemigos Extranjeros -una ley que data del siglo XVIII- para deportar a ciudadanos venezolanos acusados de pertenecer a bandas. Pero el juez Boasberg escribió en un dictamen de 46 páginas que la Administración Trump había actuado con un desafío “deliberado y alegre” a la orden del 15 de marzo, mostrando un “desprecio deliberado” por el Estado de derecho.
El desafío de Trump a los jueces
Los funcionarios de la Administración Trump desafiaron su orden de detener los vuelos de deportación a El Salvador el mes pasado, lo que para el juez Boasberg supone un “desacato intencional” a su orden.
A pesar de citar preocupaciones de seguridad nacional, los funcionarios de la Administración publicaron vídeos en las redes sociales de la llegada de los deportados a El Salvador, socavando sus afirmaciones de confidencialidad.
El magistrado James Boasberg acusa al Ejecutivo estadounidense de haber ignorado con “completo menosprecio” una orden judicial que le instruía a dar marcha atrás al envío de los migrantes al país centroamericano. “La Constitución no tolera la desobediencia intencional de las órdenes judiciales, especialmente por parte de funcionarios que han jurado respetarla”, escribió el juez, según recoge la agencia EFE. Permitir al Gobierno “anular” los fallos de las cortes, agregó Boasberg, “convertiría en una burla solemne a la propia Constitución”.
Como era de esperar, el presidente Trump y sus aliados han arremetido contra el poder judicial, pidiendo la destitución de Boasberg y acusando a los tribunales de extralimitación. La Administración se ha negado a entregar la documentación completa de las deportaciones, lo que ha provocado preocupaciones sobre la extralimitación ejecutiva y la transparencia. “El tribunal no llega a tales conclusiones a la ligera”, escribió Boasberg, añadiendo que las repetidas oportunidades del Gobierno para justificar sus acciones no habían producido “ninguna respuesta satisfactoria”.
Entre los afectados se encuentra Kilmar Armando Abrego García, residente en Maryland deportado por error y ahora encarcelado en El Salvador. El senador demócrata Chris Van Hollen viajó esta semana al país para exigir su liberación y el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos que ordenó el regreso de García.
Según recuerda la agencia EFE, la Administración Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin antecedentes penales
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales. A veces basta un tatuaje para ser deportados.
Washington llegó a un acuerdo con el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, para enviar a algunos migrantes detenidos en Estados Unidos hacia el CECOT, una mega prisión salvadoreña famosa por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador seis millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.