La jornada electoral del 9 de junio de 2024 resultó en una victoria del Partido Popular Europeo (EPP), que será la mayor potencia en el nuevo Parlamento Europeo. Pero también supuso un aumento radical de la extrema derecha: combinados, los partidos ultras de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) e Identidad y Democracia (ID) suman 131 escaños, lo cual es una mala noticia para las mujeres europeas.
En la última legislatura, los eurodiputados más derechistas del hemiciclo fueron quienes votaron en contra de resoluciones que aseguran los derechos de las mujeres, como la directiva contra la violencia de género, aprobada el pasado 24 de abril. Cuando las encuestas empezaron a pronosticar su triunfo, las eurodiputadas de los temas grupos parlamentarios se afanaron por dejar aprobadas todas sus iniciativas pro-mujer, para evitar que quedaran pendientes en este nuevo hemiciclo más machista y conservador.
“Parálisis”
Así lo explicó Soraya Rodríguez, de Ciudadanos, a Artículo14, antes de las elecciones: “Si las encuestas son correctas y el grupo ultraconservador y de ultraderecha se convierte en el tercer o incluso el segundo grupo en la Cámara, puede haber una parálisis en cualquier iniciativa relacionada con los derechos de las mujeres en Europa. La directiva de violencia de género tuvo momentos muy difíciles, y el temor de que en la próxima legislatura hubiera una mayor representación de fuerzas ultraderechistas nos hizo ser más flexibles en la negociación para sacarla adelante”.
Sin embargo, ciertas iniciativas y programas sí se han quedado en el tintero, y están en peligro de ser desprioritizadas u olvidadas por la nueva Eurocámara. Por ejemplo, las iniciativas para lograr la paridad en la representación política, que corren riesgo. Aunque las mujeres actualmente representan alrededor del 32.5% de los ministros en los gobiernos de los Estados miembros, aún queda un largo camino por recorrer para lograr una representación equitativa en todos los niveles de gobierno. La presencia de partidos que no priorizan la igualdad de género podría dificultar la implementación de medidas reales para aumentar la representación de las mujeres en cargos políticos clave y abordar su subrepresentación en ministerios de importancia económica y de justicia. Sin un apoyo político sólido, estas iniciativas pierden su impulso y no alcanzarán los objetivos establecidos.
El Plan de Acción sobre la Brecha de Género (GAP III), que aborda la desigualdad de género en la acción externa de la UE, también enfrenta desafíos profundos. La retórica anti-género y la resistencia de algunos Estados miembros, ahora más influyentes en el Parlamento, pueden obstaculizar su progreso. Las medidas para mejorar la representación de las mujeres y asegurar la inclusión y el equilibrio entre la vida laboral y personal en el Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) van sin lugar a duda a enfrentar una mayor oposición política. Y esta oposición podría resultar en una menor asignación de recursos y una implementación más lenta de las políticas propuestas.
Menor presencia en el día a día
Más allá del ámbito legislativo y parlamentario, las iniciativas de la sociedad civil que abogan por los derechos de las mujeres también podrían sufrir recortes en financiamiento y apoyo. La oposición política y los retos financieros para estas organizaciones tienen pinta de intensificarse, dificultando la implementación efectiva de políticas de igualdad de género. Y es una lástima, porque son organizaciones cruciales para mantener el espacio civil abierto y activo en temas de derechos de mujeres y grupos marginados, y su debilitamiento podría tener repercusiones graves en la lucha por la igualdad de género. Además, la disminución del apoyo podría limitar la capacidad de estas organizaciones para influir en la política pública y movilizar a la sociedad civil.
En general, las campañas de sensibilización y formación son un área que podría verse afectada. La UE financia y anima muchas campañas que buscan cambiar mentalidades y promover la igualdad de género en todos los niveles de la administración pública y la política exterior, pero ahora podrían encontrar mayor resistencia en un Parlamento dominado por partidos conservadores y euroescépticos. La aprobación y financiación de estos programas podrían verse comprometidas, lo que limitaría su alcance y efectividad. Esto también podría afectar negativamente la percepción pública de la importancia de la igualdad de género y retrasar el cambio cultural necesario.
Iniciativas en peligro
Otro ejemplo es el Programa ACT (Advocacy, Coalition Building and Transformative Feminist Action), desarrollado en colaboración con UN Women para fortalecer los movimientos de derechos de las mujeres a nivel global y regional. Como la nueva composición del Parlamento tiene un menor compromiso hacia estos valores, va a dificultar la implementación del programa, afectando la creación de coaliciones y la promoción de políticas feministas transformadoras. Sin el apoyo adecuado, los esfuerzos para eliminar la violencia contra las mujeres y promover su empoderamiento podrían verse seriamente limitados.
El caso es similar al de La Spotlight Initiative, una de las mayores inversiones de la UE para eliminar la violencia contra mujeres y niñas, también podría perder impulso. Si los partidos más influyentes, que en este caso incluyen a los de la ultraderecha, no priorizan la violencia de género como un tema crucial, podría traducirse en menor financiamiento y apoyo a nivel de políticas, afectando negativamente los servicios para víctimas y la promoción de leyes y políticas sensibles al género. La reducción en el apoyo financiero podría limitar la capacidad de la iniciativa para alcanzar sus objetivos y reducir la violencia de género en los países participantes.