Tras la victoria de Donald Trump en las presidenciales, el Partido Demócrata se enfrenta a varios desafíos. Los demócratas no sólo han perdido la presidencia de Estados Unidos, también el Senado y la Cámara de Representantes. Pero es que también los conservadores tenían mayoría en Tribunal Supremo (6-3), por lo que se antojan unos próximos cuatro años complicados para la formación de Joe Biden y Kamala Harris.
Tal es la preocupación en las filas demócratas que han presionado a la jueza Sonia Sotomayor para que renuncie, de modo que Biden pueda elegir a otro magistrado progresista antes del 20 de enero. Los cargos en el Alto Tribunal son vitalicios.
La primera hispana
La jueza, de origen puertorriqueño, se convirtió en la primera persona hispana en llegar a la Corte Suprema en 2009. Fue nombrada por el entonces presidente Barack Obama. Cabe recordar que Sotomayor es tan sólo la tercera mujer magistrada de la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos. A sus 70 años, muchos demócratas le están pidiendo que dé un paso atrás. Creen que si muere durante el mandato de Trump, el más Alto Tribunal quedará en manos de siete jueces conservadores y tan sólo dos progresistas.
El precedente
En la mente de los demócratas, la icónica Ruth Bader Ginsburg, la segunda jueza de la historia del Tribunal Supremo, que no dimitió a pesar de su avanzada edad dando la mayoría a los conservadores. “Ese es exactamente el escenario que quieren evitar”, indica a Artículo14 el experto Justin Whitley Holmes, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Northern Iowa.
“Estaba convencido de que Ruth Bader Ginsburg, por pura fuerza de voluntad, hubiera vivido hasta unos 5 minutos después de la toma de posesión de Biden en 2021, pero cuando murió, eso le dio a Trump un nombramiento más y se pasó de un tribunal conservador 5-4 a un tribunal conservador 6-3. Con 6-3, es probable que se deshagan muchas cosas progresistas, y pasará mucho tiempo antes de que pueda haber una mayoría demócrata en el tribunal. Con 7-2, no volveré a ver un tribunal de tendencia liberal en toda mi vida”, reconoce el profesor.
Sin embargo, según varias fuentes del entorno de la magistrada, Sonia Sotomayor no tiene intención de dimitir antes de la inauguración de Trump, a pesar de las presiones demócratas.
Al preguntarle por la importancia del Tribunal Supremo en Estados Unidos, Holmes explica que es “extremadamente importante”. “A diferencia de otros tribunales, juzga lo que es constitucional y lo que no lo es, tiene poder para anular leyes y acciones presidenciales y es el árbitro del poder gubernamental y presidencial”.
Un tercer poder político
“Algunos sostienen que a medida que los otros dos poderes se han ido paralizando (pudiendo lograr menos a través del proceso legislativo) el tribunal se ha vuelto más poderoso e importante. Los jueces dicen lo contrario, pero el tribunal se ha convertido, en cierto modo, en un tercer poder político“, añade Holmes.
En la nueva Administración Trump, la presidencia, el Senado, la Cámara de Representantes y el Tribunal Supremo estarán en manos de los conservadores, por lo que habrá menos “checks and balance” que de costumbre. “No habrá muchos controles y contrapesos, aunque está por ver cuán pocos. En el sistema estadounidense, cuando diferentes partidos controlan diferentes poderes, no se hace nada; cuando es el mismo partido el que controla todos los poderes, los controles se debilitan“, asevera el profesor estadounidense.
La preocupación
Holmes recuerda que en EE UU han tenido periodos en los que los tres poderes estaban controlados por el mismo partido o ideología. “Los demócratas controlaron la presidencia y el Congreso durante los dos primeros años del gobierno de Obama (y el Tribunal Supremo era más liberal). Los republicanos tuvieron ambas cámaras del Congreso y la presidencia durante los dos primeros años de la última presidencia de Trump. Creo que la preocupación aquí es que Trump está muy alejado de ser un presidente normal en términos de sus objetivos y actitud hacia el poder, y esa es la preocupación“.
Con todo, Holmes explica que todavía puede haber algunos controles. “Los jueces nombrados por Trump no siempre se han puesto de su lado, tanto en los tribunales inferiores como en el Tribunal Supremo. Y el Senado puede servir de control en las cosas que tienen que pasar por el proceso legislativo. Los republicanos tienen una escasa mayoría y no todos apoyan algunos de los planes de Trump. Además, debido a la figura del Filibuster, si los demócratas están unidos, pueden impedir en gran medida que las cosas se muevan a través del Senado (básicamente, realmente se necesitan 60/100 votos para mover las cosas en el Senado). Sin embargo, sería posible que los republicanos pusieran fin al filibusterismo, lo que les quitaría este poder, dejando básicamente a 3-4 senadores republicanos como el único control legislativo sobre el presidente”.
Meter a Trump en cintura
La otra preocupación es que los controles y equilibrios sólo funcionan si se está dispuesto a seguir las reglas, manifiesta el profesor Holmes. “Si no lo haces, la aplicación de las normas no tiene mucho sentido. Es totalmente posible que el Tribunal Supremo falle en contra de Trump, o que el Congreso no apruebe un proyecto de ley que él quiere, y que él simplemente diga: “¿Y qué?” y lo haga de todos modos. Este es el escenario verdaderamente preocupante”, augura el experto.
Sin embargo, Trump podría enfrentarse a un problema dentro de sus filas. “Podría haber oposición republicana a algunas de sus grandes políticas. En general, los republicanos no están a favor de los aranceles, y básicamente todos los economistas piensan que causarán graves problemas económicos. En cuanto a las deportaciones masivas, todos los republicanos están públicamente en contra de la inmigración ilegal, pero también apuntala múltiples industrias (agricultura, hoteles y restaurantes, construcción, niñeras y jardineros para gente rica)”, argumenta Holmes, que no le extrañaría que hubiera cierto rechazo económico debido a las implicaciones de la mano de obra para las empresas.
“Un presidente tiene poderes limitados para hacer estas cosas unilateralmente, pero algo como un arancel general debe pasar por el Congreso. Así que esto podría limitar algunas de sus políticas emblemáticas”, sostiene Holmes.