La Comisión Europea acaba de publicar su esperadísimo informe sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea. Se trata de un análisis profundo de los países del bloque, para evaluar si respetan los valores de libertad y democracia del bloque.
En general, el informe denuncia una reducción preocupante de la independencia judicial en varios Estados miembros, destacando que en algunos países sigue habiendo interferencias políticas en el sistema judicial. Estas interferencias socavan la capacidad de los tribunales para operar de manera justa e imparcial, afectando negativamente la confianza pública en el sistema judicial. Además, el informe señala que la corrupción sigue siendo un problema significativo, con una falta de progresos en la lucha contra la corrupción de alto nivel en varios países.
Félix Bolaños y Esteban González Pons firman el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), durante un acto celebrado este martes a la Comisión Europea en Bruselas (Bélgica) en presencia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová.
El informe también subraya la necesidad urgente de fortalecer los marcos legales y de integridad, incluyendo la adopción de normas claras sobre el cabildeo y la declaración de activos de los funcionarios públicos. La transparencia en la toma de decisiones y el acceso a la información pública son áreas que requieren mejoras significativas, según el informe. Además, se recomienda mejorar la protección de los periodistas y la independencia de los medios de comunicación públicos para garantizar que puedan operar sin miedo a represalias. La Comisión Europea insta a los Estados miembros a implementar rápidamente las reformas necesarias para abordar estas preocupaciones y reforzar el Estado de Derecho en toda la Unión Europea.
España, en el punto de mira
En el caso de España, la Comisión, que ha encontrado graves problemas, ha manifestado su fuerte inquietud por la presión política que sufren los jueces. Aunque se ha hecho algún progreso en fortalecer el estatuto del Fiscal General, la Comisión destaca que aún no se ha logrado separar claramente el mandato del Fiscal General del Gobierno. Esta falta de separación puede comprometer la independencia del ministerio público, necesaria para asegurar que las investigaciones y juicios sean justos e imparciales.
Otro problema importante es la necesidad urgente de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y mejorar el proceso de nombramiento de sus miembros según los estándares europeos. Aunque ha habido algunos avances, la renovación del CGPJ se ha retrasado, lo que puede afectar la eficacia y la percepción de independencia del sistema judicial. Además, la Comisión señala que España aún no ha adoptado legislación sobre el cabildeo, incluyendo la creación de un registro público obligatorio de cabilderos. La falta de transparencia en las actividades de cabildeo puede llevar a conflictos de interés y falta de confianza en las instituciones públicas.
Bruselas también critica la duración excesiva de las investigaciones y los juicios, especialmente en casos de corrupción de alto nivel. Se necesita finalizar la reforma del Código de Procedimiento Penal para mejorar la eficiencia en el manejo de estos casos y asegurar que se resuelvan de manera oportuna.
Deberes para España
Inquieto, el equipo de Ursula von der Leyen y Didier Reynders sintió la necesidad de formular varias recomendaciones clave para España, con el fin de resolver problemas que consideran que socavan la libertad de los españoles y que colocan a España en una situación preocupante respecto a los demás países.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen
Primero, urge continuar fortaleciendo el estatuto del Fiscal General, en particular asegurando una separación clara entre el mandato del Fiscal General y el del Gobierno. Esto es esencial para garantizar la independencia y autonomía del ministerio público, lo que a su vez asegura que las investigaciones y enjuiciamientos sean justos y sin influencias políticas.
En segundo lugar, la Comisión insta a España a finalizar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a revisar el proceso de nombramiento de sus miembros. Esta renovación debe llevarse a cabo siguiendo los estándares europeos para garantizar la independencia del sistema judicial. Una judicatura independiente es fundamental para mantener la confianza pública en el sistema legal y asegurar que los jueces puedan operar sin presiones externas.
Finalmente, la Comisión insiste en que España adopte legislación sobre el cabildeo, incluyendo la creación de un registro público obligatorio de cabilderos. Esto mejoraría la transparencia en las actividades de cabildeo y ayudaría a prevenir conflictos de interés. Además, se sugiere finalizar la reforma del Código de Procedimiento Penal para reducir la duración de las investigaciones y juicios, especialmente en casos de corrupción de alto nivel, lo que aumentaría la eficiencia y eficacia del sistema judicial.
Respecto a los demás países
Por desgracia, España está en una posición preocupante respecto al resto de los países evaluados. En comparación con nuestras críticas y recomendaciones, algunos países como Dinamarca y Finlandia han sido reconocidos por su sólido cumplimiento de los principios del Estado de Derecho y han recibido muy pocos deberes. Son países que destacan por sus sistemas judiciales eficientes, niveles bajos de corrupción y altos estándares de transparencia y acceso a la información pública.
Por otro lado, y como era de esperar, Hungría se ha destacado como el país más criticado en el informe. La Comisión Europea ha expresado serias preocupaciones sobre la falta de independencia judicial, los altos niveles de corrupción y la presión gubernamental sobre los medios de comunicación en Hungría. La falta de progreso en la implementación de recomendaciones anteriores y la erosión de las normas democráticas han resultado en un escrutinio muy estricto y en un mayor número de recomendaciones para este país. En comparación, España también enfrenta desafíos, pero no al nivel de sistematicidad y gravedad observados en Hungría. Sin embargo, si seguimos por el mismo camino, nos enfrentaríamos a multas y bloqueos de fondos, tal y como está sufriendo actualmente el gobierno de Viktor Orbán.
Y en cuanto a recomendaciones específicas, países como Luxemburgo y los Países Bajos han sido reconocidos por sus esfuerzos para la implementación de reformas judiciales y la mejora de la transparencia. Luxemburgo ha progresado mucho con la digitalización de sus procedimientos judiciales y en la transparencia legislativa, mientras que los Países Bajos han avanzado en la revisión de normas de transparencia y la gestión de conflictos de interés. Comparaciones que dejan peor a España, que, aunque no está en la peor posición, tiene un camino largo por recorrer para alinearse con los mejores países europeos.