Georgia está sumergida en una tensa situación política, que pone en riesgo su candidatura a la Unión Europea. La culpa la tiene su nueva y controvertida ley de “agentes extranjeros”, que, según su presidenta Salome Zurabishvili, empuja a Georgia “de vuelta al pasado”. Tanto, que los ministros de la UE han instado al gobierno a “buscar una salida” y a dar marcha atrás.
Zurabishvili ha vetado este sábado la polémica “ley rusa”. En un anuncio difundido por televisión, la presidenta georgiana explicó a los ciudadanos que “hoy he vetado la ley rusa. Por su contenido y su espíritu, es rusa y contradice nuestra Constitución y todos los estándares europeos. Obstruye nuestro camino a Europa”.
Today, I vetoed the Russian law. This law, in its essence and spirit, is fundamentally Russian, contradicting our constitution and all European standards. It thus represents an obstacle to our European path.
This law must be repealed! pic.twitter.com/yNCGI7jqaF
— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 18, 2024
La mandataria georgiana indicó que hoy mismo el veto será enviado al Parlamento, que aprobó esta semana la polémica ley a pesar de las protestas multitudinarias. Los detractores de esta legislación comparan con la normativa que el Kremlin emplea para perseguir y acallar a la disidencia.
“La ley no puede ser objeto de ningún cambio o mejora. Debe ser derogada“, afirmó.
Según recoge la agencia Efe, el Parlamento debe ahora debatir y votar el veto presidencial, que puede ser rechazado por una mayoría simple de diputados, es decir, 76 de los 150 escaños de la cámara.
El gobernante Sueño Georgiano, autor de la ley, cuenta actualmente con 84 diputados, por lo que tiene todas las posibilidades de rechazar el veto y devolver la normativa a la presidenta para su promulgación.
La presidenta anunció este miércoles que ha creado y pronto presentará una “plataforma europea” para impedir que el país regrese al pasado. “He formado una plataforma europea de soluciones comunes que movilizará a Georgia para las elecciones parlamentarias” el próximo 26 de octubre, dijo en una rueda de prensa recogida por EFE.
“Esta plataforma nos permitirá ganar las elecciones y poner finalmente a Georgia en el camino de la paz y la estabilidad”, aseguró la mandataria, que subrayó su iniciativa busca “salvar el país de regresar al pasado”.
Zurabishvili subrayó que “entre el 80 y el 85 por ciento de la sociedad georgiana apoya el futuro europeo (del país), como se puede ver en las protestas contra la ley ‘Sobre la transparencia de la influencia extranjera'”.
La ley se asemeja a una legislación rusa adoptada en 2012, que obliga a las ONG y medios que reciben fondos extranjeros a registrarse como “agentes extranjeros”. Su aprobación ha desencadenado manifestaciones masivas y la preocupación de la comunidad internacional por la dirección en la que va encaminada Georgia. La legislación ha sido vista como un intento de restringir la influencia occidental y aumentar el control gubernamental sobre la sociedad civil.
Deriva del país
Durante una conferencia de prensa esta semana con los ministros de Relaciones Exteriores de Lituania, Letonia, Estonia e Islandia, Zurabishvili afirmó que el partido gobernante, Sueño Georgiano, había desviado al país por un camino “muy serio”. Los ministros europeos presentes subrayaron la importancia de mantener los valores democráticos y expresaron su apoyo al pueblo georgiano en su lucha por la libertad y la democracia. Zurabishvili también destacó que el apoyo internacional es crucial para contrarrestar la presión del gobierno y la influencia rusa en la región.
A pesar de las protestas en las calles de la capital georgiana, Tiflis, el Parlamento aprobó el martes con 84 votos a favor y 30 en contra esta ley de “influencia extranjera”. Según la legislación, los medios de comunicación o grupos de la sociedad civil en Georgia que reciban más del 20% de su financiación del extranjero tendrán que registrarse como “organizaciones al servicio de intereses de una potencia extranjera”. La medida se percibe como un intento de limitar la influencia occidental y silenciar las voces críticas en el país, y los críticos argumentan que podría conducir a la autocensura y reducir la diversidad de opiniones en la sociedad georgiana.
La ley ha sido criticada por ser vaga y potencialmente abusiva, permitiendo al Gobierno etiquetar a casi cualquier organización como “agente extranjero” y restringir sus actividades. Por ello, decenas de miles de personas salieron a la calle a exigir su retirada. Los manifestantes consideran que la ley socava los principios democráticos y amenaza el futuro europeo de Georgia.
Preocupación internacional
El asistente al secretario de Estado de Estados Unidos, Jim O’Brien, señaló que esta votación tiene pinta de ser un “punto de inflexión” y advirtió que la ley podría convertirse en una herramienta para reprimir voces disidentes. Destacó que su adopción podría dañar profundamente las relaciones entre Georgia y Estados Unidos. Además, mencionó que podría tener repercusiones negativas en la inversión extranjera y el desarrollo económico del país.
O’Brien también advirtió al primer ministro georgiano, Irakli Kobakhidze, que su Gobierno perdería cientos de millones en ayuda militar y económica si se convertía en un “adversario y no un socio”. La ayuda estadounidense ha sido crucial para la modernización militar y el crecimiento económico de Georgia. La advertencia subraya la importancia de mantener relaciones constructivas con socios internacionales clave.
Entre Occidente y Rusia
Zurabishvili, a quien tampoco le gusta la nueva ley, mencionó que, desde la Revolución de las Rosas, que fue pacífica y contra el régimen soviético, la política de los gobiernos georgianos había sido mantener un “camino intermedio” entre Occidente y Rusia. Este enfoque ha permitido a Georgia fortalecer sus lazos con Occidente mientras maneja una relación complicada con Rusia. Sin embargo, la presidenta cree que la nueva ley podría revertir los avances democráticos logrados en las últimas dos décadas.
Según ella, las últimas acciones del Gobierno representan un cambio y un “regreso al pasado”, pero insistió en que las protestas en Tiflis demostraban que los georgianos “nunca volverán a ceder ante la presión rusa”. Las manifestaciones han incluido a personas de diversas edades y antecedentes, unidas en su rechazo a la legislación.
Veto a la nueva ley
El ministro de Exteriores de Lituania, Gabrielius Landsbergis, sugirió que el primer ministro georgiano debería aceptar un veto presidencial de la ley, añadiendo que no serían suficientes meras enmiendas. Lituania y otros países bálticos defienden vocalmente los valores democráticos en la región y han apoyado firmemente a Georgia en su camino hacia la integración europea. Landsbergis también advirtió que la falta de acción podría tener consecuencias a largo plazo para la estabilidad y la prosperidad de Georgia.
“Todavía no es demasiado tarde. La presidenta planea vetar la ley, y esto le ofrecerá una salida, una oportunidad para que el gobierno retire esta desafortunada iniciativa legislativa por completo”, dijo Landsbergis. Añadió: “No se debe esperar que posibles enmiendas puedan hacerla compatible con la democracia o la UE. Esta ley no es compatible con Europa. No se puede arreglar algo que está fundamentalmente roto”. La situación subraya la necesidad de que Georgia mantenga su compromiso con las reformas democráticas y los estándares internacionales.
Kobakhidze sugirió el martes que podrían hacerse enmiendas a raíz del asesoramiento legal, incluyendo el de la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa en materia de derechos humanos. Pero sus declaraciones han sido vistas como un mero intento de calmar las críticas internas y externas. Los críticos argumentan que las enmiendas propuestas podrían no ser suficientes para abordar las preocupaciones fundamentales sobre la ley.
Entrada en la UE
La Comisión Europea ya ha confirmado que la legislación es un obstáculo para la adhesión de Georgia a la UE. El proceso de adhesión requiere que los países candidatos cumplan con altos estándares de derechos humanos y democracia, que la ley de “influencia extranjera” podría comprometer. La UE ha expresado repetidamente su apoyo a la integridad territorial y la soberanía de Georgia, que también se ve amenazada por la nueva legislación. El cumplimiento de estos estándares es crucial para el avance de Georgia hacia la membresía en la UE.
We urge the Georgian authorities to withdraw the law, uphold their commitment to the EU path and advance the necessary reforms detailed in the 9 steps.
The choice on the way forward is in Georgia's hands.
Read full statement by High Representative @JosepBorrellF ↓
— European Commission (@EU_Commission) May 15, 2024
La secretaria general del Consejo de Europa, Marija Pejčinović Burić, emitió un comunicado el miércoles condenando la ley. Afirmó: “La adopción del proyecto de ley ‘sobre la transparencia de la influencia extranjera’ por el parlamento de Georgia, sin esperar la opinión del comité de Venecia, es muy decepcionante y no refleja el espíritu de diálogo constructivo. Interpretamos la decisión como una señal de que el gobierno georgiano no está dispuesto a comprometerse con los estándares democráticos internacionales”.
“Lamentablemente, se ignoraron las preocupaciones de los socios internacionales sobre la incompatibilidad del proyecto de ley con las normas democráticas y de derechos humanos europeas, mientras que la falta de deliberaciones parlamentarias genuinas no está en consonancia con un proceso democrático inclusivo”.
Joint Statements 🇬🇪🇱🇻🇱🇹🇪🇪🇮🇸
https://t.co/5770Edewmh— Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) May 15, 2024
El Consejo Europeo concedió a Georgia el estatus de país candidato, con la idea de que se tomarían los 9 pasos relevantes establecidos en la recomendación de la Comisión del 8 de noviembre de 2023. Estos pasos requieren que se protejan los derechos humanos y que la sociedad civil y los medios puedan operar libremente. También se refieren a la necesidad de despolarización y la lucha contra la desinformación. El cumplimiento de estos pasos es crucial para el avance de Georgia hacia la membresía en la UE y la consolidación de su democracia.