Es prácticamente imposible desconocer que la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, estaba sancionada por la Unión Europea. Más cuando se es jefe de Gobierno de un país miembro de la UE como es Pedro Sánchez. Y es que las sanciones se aprueban a través del Consejo de la Unión Europea, donde están presentes los jefes de Estado y de Gobierno, y tienen que dar su visto bueno para que salga adelante o no algo tan grave como unas sanciones individuales.
Así, cuando Delcy Rodríguez puso los pies en el aeropuerto de Madrid-Barajas, el pasado 20 de enero de 2020, España quebró un importante compromiso de la UE. Las sanciones de la Unión Europea contra su persona ya llevaban años en vigor y se habían impuesto de manera conjunta y por unanimidad. La primera ronda de sanciones en la que se incluyó a la polémica vicepresidenta venezolana fue adoptada el 25 de junio de 2018.
Delcy Rodríguez, sancionada
El propio Pedro Sánchez estrenó su Gobierno a principios de junio de 2018 y una de las primeras medidas que se tomaban en el seno de la UE era precisamente la ampliación de las sanciones a otros miembros del régimen de Maduro. De siete sancionados se pasaba a 18, entre ellas, Delcy Rodríguez, la número doce. Estas sanciones, adoptadas por unanimidad, prohibían la entrada y tránsito en el territorio de la UE de personas vinculadas a la represión política en Venezuela. Por eso cuesta creer que Sánchez afirme ahora no tener conocimiento de las sanciones contra Delcy Rodríguez cuando él autorizó su entrada en España cuatro días antes de que aterrizara, el 16 de enero de 2020.
Además, si el 25 de junio de 2018 le quedaba muy lejos, las sanciones contra Delcy Rodríguez se volvieron a renovar el 26 de septiembre de 2019, una vez más con el Gobierno de Sánchez al frente de España, y a menos de cuatro meses de que Rodríguez aterrizara en Barajas. Entonces se volvió a aumentar la lista de los sancionados en Venezuela. La UE incluyó a otros siete altos cargos venezolanos.
El 26 de septiembre se renovaron las sanciones
Las sanciones renovadas entraron en vigor el 11 de noviembre de 2019; y dos meses más tarde, Delcy Rodríguez pisaba territorio español y se reunía con José Luis Ábalos, un ministro del Gobierno de Sánchez.
Cabe recordar que, en aquel momento, el ministro de Asuntos Exteriores de España era el socialista Josep Borrell, quien más tarde, en diciembre, asumiría el cargo de Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, un ascenso peleado por el propio Sánchez. Borrell no estaba precisamente desvinculado de las políticas exteriores del bloque ni era un novato en burocracia europea, por lo que cuesta creer que no informara a Sánchez de las medidas que España estaba aprobando.
Un documento aprobado por todos
El Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo es el que establece las sanciones contra Delcy Rodríguez y otros miembros del régimen venezolano, y fue adoptado por unanimidad por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Este tipo de reglamentos requieren la aprobación unánime del Consejo de la Unión Europea antes de su entrada en vigor, por lo que todos los Estados miembros, incluida España, aprobaron las sanciones en el momento de su adopción. Y al hacerlo, se asume el compromiso de aplicar las medidas aprobadas.
El reglamento detalla las restricciones específicas impuestas a las personas sancionadas, incluidas las prohibiciones de entrada o tránsito en territorio europeo. Estas medidas están claramente recogidas en el Artículo 20 del Reglamento (UE) 2017/2063, que establece: “El presente Reglamento se aplicará: a) en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo; b) a bordo de toda aeronave o buque que esté bajo la jurisdicción de un Estado miembro; c) a toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro; d) a toda persona jurídica, entidad u organismo, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, registrado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro; e) a toda persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier negocio efectuado, en su totalidad o en parte, en la Unión”.
Esto significa que todas las personas incluidas en la lista de sancionados tienen prohibido entrar o transitar por cualquier país de la Unión Europea, incluidas sus fronteras y espacio aéreo. Y en el caso de Delcy Rodríguez, su inclusión en la lista de sancionados está claramente especificada en el Anexo IV del Reglamento, donde aparece como la persona número 12: “Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, nacida el 18 de mayo de 1969. Sus acciones como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima, y su papel en la Comisión Presidencial para dicha Asamblea, han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, mediante la usurpación de competencias de la Asamblea Nacional y ataques contra la oposición”. Su inclusión en esta lista activaba de manera automática la prohibición de entrada y tránsito en territorio europeo, lo cual era de pleno conocimiento para las autoridades españolas desde la adopción del reglamento en 2018.
Además, el reglamento se renovó en varias ocasiones, durante las cuales Pedro Sánchez ya era presidente del Gobierno de España. Una de ellas se aprobó en septiembre de 2019 (en vigor desde noviembre de 2019) donde se reiteró la prohibición de entrada a Delcy Rodríguez y se agregaron siete personas más a la lista de sanciones.
“Desde una perspectiva técnica y teniendo en cuenta cómo funciona el mecanismo de comunicación de las sanciones en la UE, es improbable que Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, no hubiera estado al tanto de que Rodríguez ya estaba sancionada en enero de 2020”, explica a Artículo14 una fuente de la Comisión Europea. “Sin embargo, en términos de gestión de la información dentro del gobierno, siempre existe la posibilidad de que ciertos detalles no lleguen a ciertos niveles de forma inmediata o que haya habido algún tipo de fallo en la comunicación interna”, agregó esta fuente.
¿Cómo se deciden las sanciones?
El órgano encargado de adoptar y comunicar formalmente las sanciones a los Estados miembros es el Consejo de la Unión Europea, que publica estas decisiones en el Diario Oficial de la Unión Europea — publicación accesible a todos los Estados miembros y sus administraciones. Desde el momento en que una sanción es aprobada y publicada, entra en vigor en todos los países de la UE, incluido España, sin necesidad de pasos adicionales para su aplicación. Por lo tanto, la lista de personas sancionadas, en la que figuraba Rodríguez, era accesible tanto a nivel público como a los organismos gubernamentales encargados de la implementación de estas medidas. Y las sanciones impuestas desde 2018 incluían la prohibición expresa de viajar a los Estados miembros, y las autoridades de cada país estaban obligadas a hacer cumplir esta prohibición, en concreto a través de sus sistemas de control de fronteras y aduanas.
La vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez
Quien se encarga de supervisar las fronteras de la UE es la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), junto con las autoridades nacionales. Es también quien debe implementar las prohibiciones de entrada vinculadas a las sanciones. Además, los servicios diplomáticos de cada Estado miembro, a través del Servicio Europeo de Acción Exterior, también reciben notificaciones formales sobre las decisiones del Consejo en materia de sanciones.
Y cuando un país miembro de la UE recibe estas notificaciones, las diferentes áreas de gobierno involucradas son informadas, incluyendo el Ministerio de Asuntos Exteriores, Interior y las autoridades de control fronterizo, como la Guardia Civil o la Policía Nacional en el caso de España. Esto garantiza que todas las instancias relevantes tengan conocimiento de las sanciones y las apliquen conforme a lo establecido por la UE. Por eso, en este contexto, los ministros y altos cargos gubernamentales, especialmente aquellos involucrados en temas de política exterior y fronteras, son informados de las sanciones a través de los canales institucionales. El mecanismo de comunicación incluye informes y directrices claras sobre cómo aplicar las sanciones, las cuales son vinculantes para todos los países de la UE.
En España, el Ministerio de Asuntos Exteriores es el encargado de coordinar las políticas europeas, mientras que el Ministerio del Interior se ocupa de la ejecución de las sanciones relacionadas con la seguridad y el control de fronteras. Es su responsabilidad que todos aquellos con responsabilidades relacionadas con las áreas sancionadas —en este caso, el espacio aéreo— sean informados correctamente.
Todos reciben avisos
El mecanismo de comunicación de sanciones también incluye a los cuerpos diplomáticos de cada país. En el caso de España, su representación ante la UE recibe notificaciones directas sobre cualquier decisión relacionada con las sanciones europeas, lo que implica que los gobiernos nacionales están al tanto de estas medidas desde su adopción. Además, “el Consejo se asegura de que todas las comunicaciones sobre sanciones sean claras y detalladas, lo que minimiza cualquier posibilidad de desconocimiento por parte de los Estados miembros”, recuerda otra fuente del Consejo Europeo. Las listas de sancionados se distribuyen de forma electrónica y son accesibles a todas las agencias gubernamentales, incluyendo ministerios y autoridades competentes.
Aparte, los nombres de las personas sancionadas, como Delcy Rodríguez, están disponibles en bases de datos públicas de la UE, y se verifican en los sistemas de control de fronteras. Esto asegura que cualquier intento de entrada en territorio de la UE por parte de un sancionado pueda ser detectado y bloqueado. Además, el proceso de aplicación de sanciones está supervisado tanto a nivel europeo como nacional, con mecanismos de control.