“Sacadnos de aquí”, es la súplica más escuchada los últimos días en la región occidental de Siria, donde bandas de islamistas radicales han ejecutado a sangre fría a más de 1.000 personas, en su mayoría miembros de las minorías alauita y cristiana. Pese a la promesa del presidente interino Ahmed al Shaara, que tras derrocar al régimen de Bachar al Asad prometió proteger a todos los grupos étnicos y religiosos del fragmentado país árabe, hordas de milicianos armados publican en redes desde el pasado jueves ejecuciones arbitrarias de “infieles”.
“No pude creer lo que estaba viendo”, dijo la joven Wala (nombre ficticio) al New York Times, tras ver como decenas de hombres armados asaltaban su localidad de Al Haffa, sacaban de sus casas a cuatro hombres en pijama, y los ejecutaban poco después en plena calle. Al escuchar los balazos, se acurrucó en una esquina de la habitación para esconderse: los asaltantes fueron casa por casa a buscar a futuras víctimas. En redes sociales circulan imágenes atroces, con vehículos cargados de hombres siendo brutalmente golpeados, antes de ser llevados al lugar de ejecución.
Fuerzas del nuevo régimen de Damasco detienen a un hombre en Latakia
Más de 1.000 muertos
El testimonio de Wala solo es uno de los múltiples ataques registrados desde el pasado jueves. Según el Observatorio sirio de Derechos Humanos, las matanzas han superado más de 1.000 víctimas. Se trata de los enfrentamientos armados más letales desde que el dictador Bachar al Asad y su régimen fueron derrocados el pasado diciembre, en un golpe de estado que supuso aparentemente el fin de 14 años de guerra civil. Pero con fuerzas armadas inexpertas y colmadas por islamistas con sed de venganza, Al Shaara no parece disponer de suficiente autoridad para detener el baño de sangre.
La violencia estalló el jueves, cuando células armadas leales al depuesto dictador Asad atacaron a Fuerzas de Seguridad del nuevo régimen en la provincia de Latakia. Sin embargo, los esfuerzos por repeler el ataque derivaron en una cacería indiscriminada, sobre todo de alauitas, la variante minoritaria del islam chií a la que pertenecía la familia Asad. Desde el nuevo régimen de Damasco, rechazaron las acusaciones de que sus fuerzas de seguridad perpetraron las masacres, aunque se comprometieron a investigar lo ocurrido y ajusticiar a los culpables.
“Preservar la unidad” de Siria
“Debemos preservar la unidad nacional y la paz”, exigió Al Shaara en un discurso en una mezquita de Damasco. Y prosiguió: “Llamo a todos los sirios a estar convencidos de que el país dispone de las herramientas para sobrevivir”. Pero con más del 90% de la población sumida en la pobreza, 14 años de guerra civil que causó más de medio millón de víctimas y el desplazamiento forzado de más de 14 millones de personas, las nuevas autoridades islamistas afrontan un reto de compleja gestión.
Las fuerzas de la nueva administración siria mandan refuerzos a Jableh, en la provincia costera de Latakia, donde se están produciendo intensos choques con combatientes leales al antiguo régimen del derrocado presidente Bachar al Asad
“Haremos pagar a los culpables con firmeza, a cualquier involucrado en la matanza de civiles, o a quienes pisotearon los poderes del estado”, prometió el líder sirio. No obstante, Al Shaara acusó a los elementos leales al antiguo régimen y a potencias extranjeras -con Irán de trasfondo- de fomentar el caos en el país. Según el dirigente interino, estos elementos pretenden forzar de nuevo la guerra civil en el país para “destruir nuestra unidad y estabilidad”.
Ejecuciones masivas en Siria
Para el Observatorio sirio de Derechos Humanos (con base en Londres), las matanzas suponen “ejecuciones masivas y operaciones de limpieza étnica”, y responsabiliza a combatientes leales al nuevo régimen de llevar a cabo una venganza indiscriminada contra los alauitas de la costa mediterránea. Entre las más de 1.000 víctimas -las cifras podrían aumentar-, también se contabilizaron al menos 125 miembros de las fuerzas de seguridad del régimen islamista, así como 148 combatientes leales a al-Assad.
Cadáveres yacen en una carretera tras los actos de violencia ocurridos en los días anteriores durante enfrentamientos entre fuerzas gubernamentales y partidarios del antiguo régimen sirio, en la localidad siria de Jableh, en Latakia
Desde la ONU, el jefe del departamento de derechos humanos Volker Turk pidió “detener inmediatamente las matanzas”, mientras que la Liga Árabe, Estados Unidos, Reino Unido y otros países occidentales condenaron la violencia. Pero ante la incapacidad occidental de proteger a las minorías en riesgo de exterminio en siria, civiles alauitas pidieron abiertamente a Israel protección armada. Del mismo modo que los drusos del suroeste de Siria, que pidieron ayuda al estado judío tras la victoriosa revuelta de Hayat Tahrir al-Sham (HTS, la facción de Al Shaara), las minorías atacadas piden auxilio a un “país enemigo” para salvar el pellejo.
“Lo peor está por venir”
En la ciudad costera de Tartus, convertida en un pueblo fantasma tras los pogromos anti-alauitas sufridos, Shadi Ahmed cree que las fuerzas del nuevo régimen vendrán a por él. “Tal vez dirán que vamos contra ellos, y nos matarán”, dijo. Para este alauita, lo peor está por venir. En otros pueblos, clanes familiares locales se armaron para intentar repelar a las fuerzas islamistas. En la región de Latakia, leales a al-Assad mantiene como rehenes a decenas de combatientes del régimen. La “nueva Siria” afronta momentos críticos. Ante la tensión interétnica, hay quienes dudan que al-Shaara logre mantener la unidad territorial del país.