Desde el 8 de febrero el perfil en X de Control Ciudadano, la ONG que desde 2013 fundó Rocío San Miguel, la abogada y activista hispanovenezolana detenida por el régimen de Nicolás Maduro, está inactivo.
El último post fue una felicitación a la organización no gubernamental Provea, la más antigua de Venezuela, por el galardón que recibirá de una institución en Estados Unidos que defiende derechos humanos.
. @WOLA_org premia a @_provea por su valentía en la defensa de los DDHH y valores democráticos
Felicitaciones a todo el equipo de Provea
Merecido reconocimiento a una trayectoria ejemplar en la defensa de los DDHH en Venezuela pic.twitter.com/pHdStKLv7X— Control Ciudadano (@ovesede) February 8, 2024
San Miguel es una abogada y activista de derechos humanos que desde el 9 de febrero pasó a engrosar la lista de presos políticos venezolanos. Ese día la detuvieron al intentar salir de Venezuela desde el principal aeropuerto del país que sirve a la ciudad de Caracas.
Alrededor de 200 presos políticos
Las ONGs que se dedican a la defensa de las personas privadas de libertad por razones políticas cifran la lista en 269 personas -la más conservadora- pero otras hablan de más de 300. Son venezolanos que permanecen en cárceles de cuerpos de seguridad e inteligencia y más recientemente en prisiones comunes, donde se cuentan defensores de derechos humanos, políticos, militares y ciudadanos que no comulgan con el Gobierno de Nicolás Maduro.
A la hispanovenezolana la acusaron de estar implicada en una supuesta conspiración para tomar plazas militares donde robarían armas de fuego de alto poder para posteriormente iniciar un alzamiento desde el remoto estado Táchira, al oeste del país, con el fin de llegar a Caracas y atentar contra la vida de Maduro, quien ahora intentará un tercer mandato en las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio.
Crímenes de lesa humanidad
La detención de personas en Venezuela sigue un patrón que identifican desde el año 2019 las dos instancias de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que se han enfocado en este tipo de detenciones y que llevaron a abrir una investigación en la Corte Penal Internacional (CPI) por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad durante el mandato de Maduro.
Una de las últimas fotografías de Rocío San Miguel, antes de ser detenida
En marzo, la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH lo advirtió ante el Consejo de DDHH del organismo: “En tanto Venezuela entra en un ciclo electoral, con elecciones presidenciales programadas para el 28 de julio de este año, me preocupan mucho las medidas para restringir indebidamente el espacio cívico y democrático, incluidos los casos de detención, intimidación y estigmatización de miembros y simpatizantes de los partidos de oposición. Los derechos humanos, como la libertad de expresión, reunión y asociación, y un entorno seguro son condiciones esenciales para los procesos electorales y deben protegerse. Reitero los llamados anteriores para que los comicios en Venezuela sean transparentes, inclusivos y participativos”, fueron las palabras de la Alta Comisionada Adjunta, Nada Al-Nashif.
También en marzo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que depende del Consejo de DDHH, reiteró las preocupaciones. En especial lo que llaman la “estructura represiva del Estado”, que como en el caso de San Miguel se activó para acallar una de las voces más firmes en temas de seguridad y defensa de la nación.
“El Helicoide”, lugar donde se encuentra recluida Rocío San Miguel, en Caracas
“La Misión reitera que la represión funciona a través de dos modalidades, dependiendo del contexto. Una más violenta que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor e intimidación que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales”.
Más de 100 horas incomunicada
A San Miguel se le han violado todos los derechos desde la madrugada del 9 de febrero cuando la detuvieron en la oficina de migración del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar. La mantuvieron incomunicada por más de 100 horas, tiempo durante el que estuvo en desaparición forzada, una práctica usual contra los presos políticos venezolanos.
Solo cuando las ONG alzaron su voz en redes sociales y la Oficina del Alto Comisionado, que tuvo un despacho en el país entre 2019 y marzo de este año, hablaron de ese término, fue que el fiscal general de la República, Tarek William Saab, informó que estaba presa.
Sus abogados privados intentaron saber de su paradero. Visitaron varias cárceles de prisioneros políticos, pero en ninguna les dieron respuesta.
“Un grave precedente”
La coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo, dijo a Artículo14 que la detención de San Miguel crea un precedente grave y envía un mensaje a defensores de derechos humanos venezolanos.
San Miguel tiene un alto perfil. Ya había demandado al Estado venezolano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a sus derechos cuando la despidieron del Consejo Nacional de Fronteras en el año 2004. El motivo fue haber sido una de las personas que con su firma apoyó un referendo revocatorio contra el entonces presidente Hugo Chávez.
Ganó la demanda y la Corte-IDH condenó al Estado venezolano en el año 2018 por desviación de poder y discriminación política en su contra y de otro grupo de trabajadores que acudieron a la instancia internacional por la falta de un sistema de justicia imparcial en el país.
“Es detenida arbitrariamente, desaparecida y luego llevada a prisión”
“Ha sido perseguida por más de una década, demandó al Estado venezolano, denunció el incumplimiento de la sentencia de la Corte IDH y tuvo especial vocería sobre el referendo consultivo del Esequibo (celebrado el 3 de diciembre de 2023). La denominan apátrida y finalmente el 9 de febrero es detenida arbitrariamente, desaparecida y luego llevada a prisión posterior a estos eventos”, resumió Tineo.
Cuatro días después de su detención la presentaron en un tribunal especial que tramita causas contra el terrorismo. Le imputaron varios delitos: traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación. Todo se hizo en medio del puente por las fiestas de Carnaval en el país, cuando la población toma cuatro días de descanso para viajar a playas y otros lugares turísticos.
Fue hasta el 14 de febrero cuando Saab defendió las actuaciones de la Justicia contra la activista al reiterar que no estuvo en desaparición forzada. Incluso llegó a amenazar a quienes usaran el término al argumentar que era un delito definirlo así cuando para la Fiscalía eso no ocurrió.
Desaparición forzada
La ONU es clara sobre esta definición: “Se trata del arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”. Entre el viernes 9 y el lunes 12 de febrero no se supo del paradero de San Miguel.
Tras su presentación en el tribunal, uno de sus abogados defensores, Joel García, denunció con insistencia que no le permitieron a la hispanovenezolana tener un abogado privado o de confianza. El lapso para hacerlo era de 45 días y se cumplió el pasado 1 de abril.
San Miguel quedó con un defensor público, por lo que, en esas condiciones, no hay forma de obtener acceso al expediente, pedir pruebas o refutarlas o hacer diligencias ante el juzgado, más allá de lo que haga ese defensor que se lo asignó el Estado cuando la apresó. Tineo aseguró que ese defensor ni siquiera se ha entrevistado con ella para preparar su defensa. En otras palabras, se trata de un formalismo de las autoridades para hacer ver que sí tiene un abogado que vela por sus derechos.
Acoso a sus familiares
Su familia también estuvo detenida: su hija, el padre de la joven y dos hermanos de la activista fueron señalados de intentar ocultar pruebas para inculparla. Ellos quedaron en libertad condicional: deben ir a un tribunal cada ocho días, no pueden salir del país y tienen prohibido hablar del caso.
A la abogada solo la vio su hija el 18 de febrero, nueve días después de su detención, por intermedio del gobierno español que gestionó esta visita. Aunque hubo una protesta en la embajada de ese país en Caracas para pedirle una mayor defensa al tener ella la nacionalidad española, poco es lo que se sabe públicamente de esas gestiones.
Lo último que se supo de ella fue un mensaje que transmitió su abogado. Una súplica que se dio a conocer el 8 de marzo, cuando iba a cumplir un mes en la cárcel. “Solicita que se le ablande el corazón a las personas que toman las decisiones para que le concedan la pronta libertad”, posteó en X el jurista Joel García.
Otras veinte presas en Venezuela
La ONG Justicia Encuentro y Perdón contabiliza 21 mujeres presas en Venezuela por razones políticas. Una de ellas es Emirlendris Benítez, una comerciante que arrestaron en 2018 al señalarla de participar en un intento de magnicidio contra Nicolás Maduro. La condenaron a 30 años de cárcel, la pena máxima en el país, y la semana anterior una Corte de Apelaciones de Caracas ratificó la condena.
La mujer tiene problemas de salud y por las torturas que sufrió al ser privada de libertad tuvo un aborto.
Sin importar el género
Tineo descartó que en Venezuela haya un patrón específico contra las presas políticas, porque el Gobierno de Maduro detiene a quienes son opositores al régimen o a quienes percibe como adversarios sin importar su género.
Sin embargo, advirtió que sí hay un impacto diferenciado cuando una mujer es detenida por razones políticas. Las cárceles en el país no están diseñadas para la población reclusa femenina. No cuentan con la infraestructura necesaria y apresar a una mujer por motivos políticos en estas condiciones se convierte en otras violaciones que califica como “tratos crueles, humanos y degradantes”.
Sin alimentación o atención médica básica
“Las presas políticas se ven revictimizadas no solo por tratos crueles o torturas como las que han sufrido Ángela Esposito y Emirlendris Benítez, sino porque las condiciones de reclusión suponen estos tratos crueles”, dice. Destaca que no cuentan con alimentación balanceada, atención médico o cuidados para su higiene personal o menstrual.
El 18 de marzo la Misión Internacional Independiente dijo en Ginebra que “la Misión constata que, como ya ocurrió en el pasado, las autoridades invocan ‘conspiraciones’ reales o ficticias para amedrentar, detener y procesar a personas opositoras o críticas del Gobierno”.
San Miguel era una de ellas, pero desde una posición equilibrada, aunque firme. Su experticia en temas de seguridad le valió que el fiscal Saab la señalara de tener mapas cartográficos, que usó como pruebas de su supuesta culpa, o de brindar asesoría a entes extranjeros en materia de seguridad.
Recrudecimiento
Un coronel retirado de la Aviación venezolana, gerente de la petrolera estadounidense Chevron, Alejandro González Canales, también está preso desde el 9 de febrero. Ser expareja de la abogada llevó al Gobierno a responsabilizarlo de supuesta revelación de secretos militares, pese a que tiene una década fuera del servicio militar.
Pero las cárceles venezolanas no paran de tener presos políticos. Foro Penal destaca que desde 2014 ha habido al menos 15.825 detenciones políticas en el país. Y aún 9.000 de ellas tienen procesos judiciales abiertos, aunque ya no estén en prisiones del régimen.
“Hay un recrudecimiento que preocupa muchísimo en un contexto electoral. El gobierno, al contrario de cumplir sus compromisos de garantías electorales, que pactó con la oposición en octubre de 2023, agudiza en los patrones de persecución”, destacó Tineo.