El 9 de agosto próximo se cumplirán seis meses de la detención de la abogada y activista de derechos humanos Rocío San Miguel, a quien mantienen en vigilancia permanente en una celda que comparte con otras tres mujeres en El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ubicada en la parroquia San Pedro de Caracas. El espacio donde duerme no tiene ventanas, y solo puede salir al patio del recinto tres veces a la semana para que camine una hora.
Desde el jueves 25 de julio su hija, Miranda Díaz San Miguel, no ha vuelto a visitarla. Es la única persona a la que el Gobierno y el sistema de justicia permiten que la vea desde que la apresaron, por su supuesta participación en un plan que la Fiscalía venezolana llamó “Operación Brazalete Blanco”.
Su abogado, Juan González Taguaruco, explica a Artículo 14 que a San Miguel se le han violado todos sus derechos. Desde que la apresaron el 9 de febrero, en el aeropuerto de Maiquetía, no tiene defensores de su confianza, una garantía expresa en la Constitución de Venezuela.
Su pase a juicio debió ocurrir a los 5 días hábiles de una audiencia que se celebró el 16 de mayo pasado, sobre la que ella protestó de forma vehemente. El juez de la causa la declaró en rebeldía o contumacia por negarse a participar en una vista telemática; mientras sus acusadores y el magistrado se encontraban en los tribunales de Caracas, a la defensora la mantenían en el Sebin frente a un computador y bajo vigilancia para realizar el procedimiento.
Ella se retiró de esa presentación y todo indica que se mantienen los mismos delitos desde que se realizó la audiencia preliminar en su contra: traición a la patria, terrorismo, conspiración y asociación para delinquir.
Una de las últimas veces que el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, habló de ella fue el mismo mes de febrero. La señaló de ser una “espía”; en específico de que compartía información de seguridad con representantes de gobiernos extranjeros.
San Miguel es hispano-venezolana, por lo que el Reino de España en Venezuela, a través de su representación diplomática, ha tratado de visitarla, de proveerle atención e intentar asistencia legal, pero todo eso lo han impedido.
González Taguaruco confirmó a Artículo 14 que el Consulado español ha intentado sin éxito el permiso de la Cancillería venezolana para visitarla, y en cada oportunidad a la que han ido a la Casa Amarilla les han negado el derecho a conversar con ella.
Su hija, también imputada por las autoridades venezolanas, no puede declarar sobre el caso de su madre ni él de ella. Cuando a San Miguel la apresaron iban con Miranda a una actividad fuera de Venezuela. Después de dos días, las organizaciones defensoras de derechos humanos comenzaron una campaña en redes sociales porque se encontraba bajo desaparición forzada.
Cuando finalmente el Ministerio Público admitió su detención y la de su hija, luego se supo que también apresaron a dos hermanos de la abogada y a sus dos exparejas.
Mientras que liberaron a sus parientes y su exmarido, a San Miguel y su expareja Alejandro González de Canales quedaron privados de libertad, sin derecho a defensa privada.
González Taguaruco dice que han ido innumerables veces al tribunal contra terrorismo donde se investiga a la activista de derechos humanos. A duras penas confirman que se han hecho las audiencias y les niegan el derecho a constituirse como defensa técnica, un derecho del que toda persona privada de libertad en Venezuela debería gozar. Eso no ocurre con los presos por razones políticas, a quienes –según organizaciones nacionales e internacionales de DDHH– se les niega de forma arbitraria.
A través de su hija han intentado que la defensora pública que le impusieron desde febrero haga algunas diligencias, pero han sido infructuosas. Esa abogada del Estado no les informa ni les da acceso al expediente, no ha apelado las acusaciones para favorecer a San Miguel y solo solicitó una evaluación médica, que no se sabe si la han realizado.
El abogado dice que San Miguel padece problemas de audición y en algunos momentos ha tenido picos de tensión, aunque no es hipertensa. Sin embargo, las condiciones de reclusión en una cárcel que no tiene las condiciones ni el trato diferenciado para una mujer pueden hacer mella en su salud.
El proceso judicial dicta que después de la acusación, que ocurrió en mayo pasado, el tribunal de control tiene cinco días hábiles para entregar el expediente al juzgado de juicio. En teoría debía ocurrir el 23 de mayo, pero al 2 de agosto no se ha hecho; es decir, que tiene un retraso intencional de casi tres meses.
“No ha podido constituirse defensa técnica. Hay solicitudes de sus familiares y del cónsul del Reino de España. El tribunal ha hecho caso omiso a estas peticiones”, insiste González Taguaruco. A San Miguel no la han llevado a un tribunal físico desde que la detuvieron.
Las veces que ha enfrentado la justicia ha sido vía telemática, una práctica que impuso el exjuez José Mascimino Márquez, hoy preso por supuesta corrupción.
Para el abogado de la activista esa una práctica que viola el derecho a su defensa. “La ley no prevé que el imputado no esté en la sala cuando se le dicte un auto procesal ni que su abogado tampoco está al lado de él; el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) dice que abogados y defendidos deben estar juntos, es lesivo al derecho a la defensa”, recrimina sobre estas acciones.
Mientras tanto, el tiempo pasa y San Miguel dejó de estar en titulares de prensa. La carrera electoral, después la campaña oficial por la Presidencia de Venezuela y la feroz represión a las protestas ciudadanas por el desconocimiento de los resultados que dieron ganador al líder chavista, Nicolás Maduro, cambiaron el foco noticioso en los últimos meses.
“(Rocío San Miguel) es una mujer muy plantada definitivamente, muy centrada en sus convicciones, no se ha prestado para absolutamente nada y ha reclamado sus derechos en las condiciones terribles en las que está. Entendemos que está bien pero hay que cuidar su salud porque las condiciones de su reclusión no son las mejores”, dijo González Taguaruco.