La comunidad internacional no tardó en reaccionar a la toma de posesión de ayer de Nicolás Maduro. La insólita ceremonia de investidura del líder chavista, que tuvo lugar una hora antes de lo inicialmente previsto en la sede de la Asamblea Nacional, entre fuertes medidas de seguridad, marca un punto de inflexión irreversible en la crisis política venezolana. Uno más.
Maduro dejó ayer de ser considerado oficialmente como el presidente legítimo de Venezuela a ojos de la mayoría de los países de América Latina y el mundo, que habían empezado a aceptarlo a medida que se desgastaba la alternativa de Juan Guaidó y el régimen emitía señales de estar dispuesto a sentarse a negociar.
Maduro era el interlocutor válido en Venezuela, pero esa condición se terminó de desvanecer en la mañana del viernes, tras confirmar sus intenciones de permanecer seis años más en el Palacio de Miraflores, sin ni siquiera presentar las actas electorales que, según el chavismo, acreditan su triunfo en las urnas del pasado 28 de julio.
El aislamiento internacional fue palpable en la ceremonia de investidura, a la que solo acudieron los jefes de Estado de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Nicaragua, Daniel Ortega. Cabezas visibles de dos regímenes autocráticos prácticamente aislados del resto del continente.
Hicieron acto de presencia el jefe de Gobierno de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, y líder del Frente Polisario, Brahim Gali, presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática. Pero no acudió ningún mandatario de entidad, a pesar de que Maduro presumiera durante la ceremonia de la presencia de delegaciones procedentes de 125 países, en su mayoría embajadores o enviados especiales de perfil bajo.
Más sanciones
La Unión Europea fue la primera en mover ficha tras la “coronación” de Maduro en Caracas. La alta representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, subrayó que el líder chavista “carece de la legitimidad de un presidente democráticamente elegido”.
“Millones de venezolanos votaron por un cambio democrático al apoyar a Edmundo González Urrutia por una mayoría significativa, de acuerdo con copias públicamente disponibles de registros electorales”, insistió la jefa de la diplomacia europea. “Dado que las autoridades se han negado a publicar registros oficiales de las mesas electorales, los resultados anunciados permanecen sin verificar y no pueden ser reconocidos como representativos de la voluntad del pueblo”.
Inmediatamente después de la investidura de Maduro, la Unión Europea impuso una nueva ronda de sanciones contra la plana mayor del régimen chavista. En la lista figuraban los nombres de Caryslia Rodríguez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), y de otros catorce funcionarios del Poder Judicial, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN).
Son casi 70 los venezolanos afectados por las restricciones económicas europeas, entre los que, de momento, no se encuentra Maduro, aunque sí su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, y su ministro de Interior, Diosdado Cabello, el número dos del régimen, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana y el SEBIN.
Según Kallas, las sanciones, a las que se sumó Reino Unido, tienen como objetivo forzar “una solución negociada y democrática a la crisis”. Solución que, hoy por hoy, parece más lejana que nunca.
EE UU endurece su postura
Estados Unidos tampoco se quedó atrás. La administración Biden elevó hasta los 25 millones de dólares las recompensas a cambio de informaciones que faciliten “la detención o la condena” de Maduro y Cabello. Además, el Departamento de Estado estadounidense ofreció otra recompensa de 15 millones de dólares por el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, responsable de las Fuerzas Armadas de Venezuela.
Washington también impuso sanciones individuales contra el presidente de PDVSA y otros funcionarios de la empresa petrolera estatal, así como restricciones en los visados de 2.000 militantes chavistas.
El secretario de Estado, Antony Blinken, reafirmó ayer que Maduro “no tiene derecho a reivindicar la presidencia de Venezuela”. “El pueblo venezolano y el mundo saben que Nicolás Maduro perdió claramente las elecciones presidenciales de 2024 y que hoy no tiene derecho a reclamar la presidencia. Estamos listos para apoyar el regreso de la democracia a Venezuela”, insistió el jefe de la diplomacia estadounidense.
Los Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información conducente al arresto y/o la condena de Vladimir Padrino López. pic.twitter.com/tcWJkRuKD1
— Embajada de los EE.UU., Venezuela (@usembassyve) January 10, 2025
La administración saliente, que levantó algunas de las sanciones que pesaban sobre el régimen venezolano durante las negociaciones entre el chavismo y la oposición –que culminaron hacia finales de 2023 con la firma del Acuerdo de Barbados, que facilitó el proceso electoral del pasado 28 de julio–, quemó todos los puentes antes del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca el próximo lunes 20 de enero.
El presidente electo de Estados Unidos, que había evitado definir su postura con respecto del chavismo de cara a su segunda administración, expresó con claridad el jueves su apoyo a la oposición venezolana, minutos después de la detención de la líder opositora María Corina Machado.
En su mensaje en la plataforma Truth Social, Trump llegó a definir a González Urrutia como “presidente electo”, en línea con Biden y otros mandatarios latinoamericanos como el argentino Javier Milei, el uruguayo Luis Lacalle Pou o el panameño José Raúl Mulino.
Los aliados críticos del chavismo se ponen de perfil
Ni el colombiano Gustavo Petro –que fue duda hasta dos días antes de la ceremonia, tras las detenciones del opositor Enrique Márquez y el activista Carlos Correa–, ni el brasileño Lula da Silva –que vetó la presencia de Maduro en la cumbre de los BRICS el pasado octubre en Kazán– ni la mexicana Claudia Sheinbaum, aliados críticos del chavismo, asistieron a la toma de posesión de Maduro. Tampoco enviaron a sus cancilleres.
Sí acudieron, en cambio, sus respectivos embajadores en Caracas. Una muestra de que la aproximación diplomática de los tres líderes busca todavía convencer a Maduro de dar pie a una transición política negociada.
La menos contundente en sus reclamaciones al chavismo fue Sheinbaum, quien dijo no estar “a favor de criminalizar a la oposición”, pero que, al mismo tiempo, respetaban “la soberanía de Venezuela”. Mientras, Lula pidió a Maduro que reanude “el diálogo con la oposición” y libere de inmediato a “todas las personas detenidas por sus opiniones o compromisos políticos”.
Rusia y China, aliados poco convencidos
El presidente ruso Vladimir Putin, uno de los principales aliados internacionales del chavismo, extendió su felicitación a Maduro. No asistió a la ceremonia de investidura, por motivos obvios, pero envió en su lugar a Viacheslav Volodin, el presidente de la Duma. Mientras que el mandatario chino, Xi Jinping, otro socio clave de Maduro, delegó su representación en Wang Dongming, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Nacional Popular.
¿Y la ONU?
El secretario general de la ONU, António Guterres, se limitó a condenar “con firmeza” las recientes detenciones de opositores. A través de su portavoz, Stéphane Dujarric, el portugués dijo entender “la frustración de una gran parte del pueblo del Venezuela”. En palabras de Dujarric, cualquier solución a la crisis política “requiere pleno respeto a los derechos humanos, incluyendo la libertad de expresión y reunión, así como a manifestar opiniones sin interferencia y a celebrar manifestaciones pacíficas”.
También volvió a pronunciarse, en esta ocasión desde Guatemala, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, que reafirmó su apoyo al candidato opositor Edmundo González Urrutia, que, finalmente, no regresó a su país por recomendación de Machado. “Si la democracia se respetara Edmundo hoy sería juramentado como presidente de Venezuela”, zanjó Almagro.