Las órdenes de detención emitidas hoy jueves por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su anterior ministro de Defensa, Yoav Gallant, quedan pendientes ahora de su potencial acatamiento por parte de los Estados firmantes del Estatuto de Roma.
El TPI les acusa de presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva militar contra Hamás en la franja de Gaza, iniciada el 8 de octubre de 2023 tras la matanza de las Brigadas Al Qassam de Hamás en el sur de Israel.
La corte de La Haya, que ha rechazado los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población de la Franja sin elementos “indispensables para su supervivencia” y de bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias. Tel Aviv puede volver a recurrir la decisión, pero la iniciativa tendrá pocas posibilidades de revertir la decisión.
Los jueces creen que tanto el jefe del Ejecutivo israelí como su anterior ministro de Defensa pueden ser “penalmente responsables” de emplear el hambre como método de guerra, así como de asesinatos, otros actos inhumanos y persecución que podrían constituir crímenes contra la humanidad. Además, estiman la posibilidad de que se hayan cometido ataques indiscriminados contra la población civil.
“La decisión es un paso adelante para la justicia penal internacional. Es una buena noticia que esperábamos muchos que hemos trabajado en el ámbito de los derechos humanos para poder devolver la legitimidad al sistema de reglas internacional que se está viendo mermado debido a la inacción sobre todo de la UE a la hora de detener el genocidio contra los palestinos”, asegura a ARTÍCULO 14 el jurista especializado en derechos humanos y con experiencia en el Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia Diego Naranjo.
“Esto obliga a todos los países firmantes del Estatuto de Roma a llevar a cabo el arresto si Netanyahu y Gallant pisan territorio de estos Estados”, recuerda el jurista español. Con todo, a juicio de Naranjo, “en estos momentos es difícil saber si Netanyahu o si permanecerá en territorio israelí o provocará a alguno de los Estados firmantes pisando algún territorio donde podría ser arrestado y no se le detuviese, algo que dañaría, quizás definitivamente, la imagen del derecho internacional”, admite Naranjo a este medio.
Difícil ejecución
La gran pregunta en estos momentos es si hay posibilidades reales de que la orden dictada este jueves acabe siendo ejecutada. El TFP no dispone de una fuerza policial propia, por lo que depende de la colaboración de los 124 Estados firmantes del Estatuto de Roma. Además de Israel, ni Estados Unidos -el primer socio de Tel Aviv- ni la India -otro importante aliado- forman parte del Tribunal Penal Internacional.
En la práctica, Netanyahu podrá seguir viajando fuera de Israel, pero corre el riesgo de ser detenido en cualquiera de los países que reconocen la jurisdicción del TPI -entre ellos todos los integrantes de la UE y el Reino Unido. Lo cierto es que, desde hace más de un año, el veterano primer ministro israelí sólo se ha desplazado en dos ocasiones al extranjero, en ambos casos a Estados Unidos: en julio para una visita oficial y en septiembre con motivo de la principal sesión de la Asamblea General de la ONU.
Con el regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense, Netanyahu, que ha atribuido la decisión de hoy al “antisemitismo”, podría hacer frente común con el futuro inquilino de la Casa Blanca contra el Tribunal Penal Internacional en los próximos meses. Aunque Estados Unidos no forma parte del mismo -y, por tanto, no participa de su financiación-, podría presionar a países aliados a que redujeran sus aportaciones a la corte de La Haya.
Además, la nueva Administración estadounidense podría ejercer presión sobre países firmantes del Estatuto de Roma para que, en caso de que el primer ministro israelí o su ex ministro de Defensa pisaran sus territorios, no ejecutaran las citadas órdenes de detención.
El caso más cercano y similar al de Netanyahu y Gallant es el del presidente ruso, Vladimir Putin, sobre quien pesa una orden detención del TPI con fecha del 17 de marzo de 2023. El mandatario ruso visitó este año Mongolia con la connivencia de las autoridades locales, que técnicamente debieron acatar los dictámenes de la corte de La Haya pero no lo hicieron. El éxito de la eventual presión de la Administración Trump -al que ya se le acusa de ser demasiado condescendiente con el presidente ruso- sobre sus socios para que incumplan el dictamen del TPI de este jueves sería celebrado en Moscú.
Por otra parte, los estatutos del Tribunal facultan al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a poder adoptar una resolución que detenga o retrase una investigación durante un período de un año. Aunque se trata de casos separados, el dictamen del Tribunal Penal Internacional de este jueves podría influir en la investigación en curso de la Corte Internacional de Justicia a las autoridades israelíes. El órgano judicial perteneciente a Naciones Unidas constataba a comienzos de año que es plausible que Israel esté violando en Gaza sus obligaciones conforme a la Convención sobre el Genocidio.