El documento fue redactado por el Ministerio de Justicia de Argentina y luego lanzado a la arena de las redes sociales con un título fuerte y en letras capitulares. “Comunicado oficial: se concretó el cierre del exministerio de la mujer“, arranca el escrito oficial, antes de aclarar que fue una decisión “en línea con el mandato del presidente Javier Milei de achicar el tamaño del Estado y eliminar los organismos politizados”. En tal sentido, resume, “se resolvió su eliminación definitiva”. O sea, la eliminación del área nacional que debe fomentar políticas y contener a las víctimas de violencia por razones de género.
Abusando de un lugar común, esta es la crónica de una muerte anunciada. Ocurre, a seis meses de que el Gobierno libertario redujera el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidades a una subsecretaría dependiente del ambicioso Ministerio de Capital Humano (conducido Sandra Pettovello, ministra “favorita” del presidente); a días de que el 24 de mayo el Ejecutivo sorprendiera con la transferencia de esa subsecretaría -que en realidad estaba prácticamente inactiva, denuncian fuentes del sector- a la órbita del Ministerio de Justicia, acción que se concretó mediante los decretos 450 y 451/2024. Y, después de que la titular de la Subsecretaría de Género, Claudia Barcia, anunciara este jueves en redes sociales su renuncia al organismo, anticipando el comunicado de la “eliminación”.
78 feminicidios en lo que va de año
Si bien es cierto que no vino habiendo ninguna política pública nacional relacionada al tema género (y eso que en lo que va del año, el observatorio Ahora que sí nos ven lleva reportados 78 feminicidios) y aunque, en cambio, el mileísmo prohibió el uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en las dependencias estatales, el anuncio del 24 de mayo, la transferencia del área a Justicia había generado confusión. ¿Qué significaba ese paso?
Mujeres participan en la marcha ‘Ni una menos’ cuya actividad central se realizara frente al Congreso Nacional, en Buenos Aires, Argentina
Entonces dijeron que “la decisión del Poder Ejecutivo Nacional (…) obedece a razones de fortalecimiento de la gestión que hacen imprescindibles asignar al Ministerio de Justicia las competencias relacionadas con el desarrollo de acciones de prevención y erradicación de la violencia por razones de género, integrando estas políticas con las competencias jurídicas y de asistencia integral a las víctimas propias del ministerio que encabeza Mariano Cúneo Libarona”.
Es cierto que desvincular el área de políticas de género de aquella que se ocupa de los temas “sociales” y pasarla a Justicia podía sonar entre raro y errático, pero el texto dispersaba la atención. Nada indicaba que el extraño traspaso sería, en realidad, una simulación. La entrega del acusado a manos de su verdugo.
Qué pasará con las víctimas de violencia de género
En el comunicado de esta semana, el Ministerio de Justicia dio un giro importante y ya no habla de “fortalecimiento” de gestiones. Para justificar la eliminación, recuerda que el Ministerio de Género había sido “creado y utilizado por la administración anterior con fines político-partidarios para propagar e imponer una agenda ideológica, contratar militantes y organizar charlas y eventos” y que “ninguna de sus acciones concluyó en la baja del índice del delito. Por el contrario, el pueblo argentino fue testigo de su sesgo ideológico en la defensa discriminatoria de las víctimas”. Los mismos argumentos habían sido usados para bajar el área del rango ministerial.
Una mujer participa en la marcha ‘Ni una menos’ cuya actividad central se realizara frente al Congreso Nacional este lunes, en Buenos Aires, Argentina
Como vino pasando con otras áreas del Estado que tienen su presupuesto congelado, el texto se apoya en una supuesta auditoría realizada en estos meses, que habría revelado irregularidades. Apuntan a una “superposición de funciones con distintas agencias gubernamentales que se dedican a la misma tarea”. El Gobierno no da detalles sobre estos aspectos ni sobre la auditoría, pero explica que la existencia de un “sobremantenimiento de edificios, estructuras y más de 800 empleados con distintos sueldos” justifican la decisión tomada. Es “dinero que al Estado argentino no le sobra”, apuntan.
Artículo14 consultó al Ministerio de Justicia por las estrategias que planea implementar el Gobierno para, en adelante, abordar los casos de violencia por razones de Género. Al cierre de esta nota, no se había obtenido una respuesta.
Quien sí contestó fue María de las Nieves Puglia, magister en Antropología Social, doctora en Sociología por la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y directora del área de Géneros de FUNDAR, organización dedicada a la investigación y el diseño de políticas públicas con foco en el desarrollo, la sustentabilidad y la inclusión.
Gravedad
Opinó que, “para la atención de las víctimas de violencia de género, el tema es de una gravedad incomensurable” y remarcó que “la única opción que va a quedar son los dispositivos de las provincias”.
“Pero el tema es que también las jurisdicciones atraviesan procesos de recorte presupuestario. Entonces, no se puede esperar que en el nivel subnacional las estructuras necesarias para cumplir con los compromisos de derechos humanos locales e internacionales a los cuales Argentina ha adscripto sean robustas”, señaló.
Argentina sin área de género por primera vez en 40 años
Puglia recordó que “el otro dispositivo en el que podrían recaer las víctimas son las organizaciones sociales y los movimientos feministas, que tienen un anclaje más territorial. Sin embargo, también atraviesan el problema de lidiar con una realidad económica que les hace todavía más complicada su tarea”.
El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en el encuentro mantenido este sábado en la Embajada argentina con empresarios españoles
Esto sin contar que “todo el tema debería ser una responsabilidad del Estado y no de las organizaciones”, cuestión que vincula directamente al otro dato fuerte que analizó Puglia: cómo el comunicado oficial de este jueves inaugura, por primera vez en casi 40 años, una Argentina carente de un área nacional dedicada a las políticas de género.
“Desde 1987, cuando Raúl Alfonsín creó la Subsecretaría de la Mujer, siempre hubo dispositivos de Estado para combatir la discriminación y violencia contra las mujeres y promover políticas. También Carlos Menem, en el 92 creó el Consejo Nacional de las Mujeres. Y en el 94, con la nueva Constitución, la (Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer) CEDAW, tratado internacional de la ONU, adquirió jerarquía constitucional”.
Pero hay más: “En 2017, Mauricio Macri creó el Instituto Nacional de las Mujeres. En 2019, Alberto Fernández le dio rango ministerial”. Como se ve, concluyó Puglia, “vino siendo de las pocas políticas de Estado que supo construir Argentina de forma transversal”. Así fue hasta ahora.