La polémica en torno a Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa una pregunta que España nunca se había planteado seriamente: ¿debería regularse el papel de la primera dama? Ejemplos internacionales muestran que, mientras en algunos lugares este rol está definido y respaldado legalmente, en otros sigue siendo un terreno ambiguo – lo cual acarrea problemas, como ya hemos visto en España.
La detonante de esta polémica es Cristina Álvarez, asesora de Gómez, quien está bajo la lupa por presuntamente usar su posición en la Moncloa para tareas relacionadas con los negocios privados de Gómez. Aunque Álvarez se acogió a su derecho a no declarar, las pruebas presentadas, como correos electrónicos vinculados a actividades en la Universidad Complutense de Madrid, han levantado sospechas de que los recursos públicos asignados a Gómez no se usaron estrictamente para funciones protocolarias.
Obligaciones protocolarias
Alfonso Serrano, senador del PP, resumió bien el dilema: “La mujer del presidente del Gobierno debe tener un personal porque existen obligaciones protocolarias e institucionales que hay que atender. Pero no estamos hablando de nada relacionado con esto en su caso”. Según Serrano, nunca antes había sido necesario regular esta figura, pero los acontecimientos actuales lo han hecho evidente.
“Nosotros no cuestionamos su nombramiento. Todas las mujeres de los presidentes del Gobierno –porque hasta ahora solo hemos tenido hombres presidentes– han tenido personal público adscrito para hacer sus tareas y nadie ha cuestionado nunca su nombramiento porque, como digo, han existido siempre y existirán siempre. Otra cosa es que, al albur de los acontecimientos que nos han traído hasta esta comisión de investigación, habría que haberlo regulado. Nunca había habido necesidad de regularlo porque nunca nadie había hecho lo que ha hecho este Gobierno. No había sido necesario, por tanto, hasta ahora”, afirmó Serrano.
Un rol que necesita reglas
Pero España no tiene leyes que definan las funciones, límites o recursos de las primeras damas. En la práctica, muchas han asumido papeles más simbólicos que ejecutivos, acompañando a sus maridos en eventos oficiales o liderando iniciativas sociales. Sin embargo, este vacío normativo deja margen para interpretaciones y, como en el caso de Gómez, para potenciales abusos.
El debate tampoco es nuevo a nivel global. En Estados Unidos, por ejemplo, las primeras damas cuentan con una oficina específica en la Casa Blanca y un presupuesto para su equipo. Michelle Obama utilizó esta estructura para liderar iniciativas como “Let’s Move”, destinada a combatir la obesidad infantil. Jill Biden, actual Primera Dama, ha roto moldes al compaginar este papel con su trabajo como profesora universitaria. Mientras tanto, en Namibia, la figura de la Primera Dama fue formalizada hace poco durante el mandato de Penehupifo Pohamba (2005-2015). Gracias a una estrategia impulsada por la Global First Ladies Alliance (GFLA), el país estableció un presupuesto específico para este rol, asegurando que las futuras Primeras Damas tuvieran los recursos necesarios para cumplir con sus objetivos.
El expresidente estadounidense Barack Obama posa junto al retrato oficial de la exprimera dama estadounidense Michelle Obama en la Casa Blanca
Por el contrario, países como Ghana enfrentan problemas similares a los de España. Las Primeras Damas suelen liderar organizaciones no gubernamentales, a menudo financiadas por donaciones privadas y fondos públicos, lo que obviamente genera críticas por falta de transparencia. “Es necesario regular este papel para garantizar que no se utilicen recursos públicos de forma arbitraria”, afirmó Kosi Kedem en su momento, exparlamentario ghanés.
¿Doble rasero?
Luego está, por supuesto, el trasfondo de género, machismo y patriarcado. En muchos países, la sociedad espera que las esposas de los presidentes adopten un papel activo, pero raramente se cuestiona la actividad de los esposos de líderes mujeres. Ejemplos como el de Doug Emhoff, marido de Kamala Harris en Estados Unidos, o Clarke Gayford, pareja de la exprimera ministra neozelandesa Jacinda Ardern, son excepciones; ambos han asumido funciones más visibles, pero sin la presión o escrutinio que enfrentan las Primeras Damas.
Por eso la ausencia de regulación deja al aire varias preguntas clave: ¿qué funciones deberían ser obligatorias para las Primeras Damas? ¿Qué límites deben tener los recursos públicos asignados? ¿Cómo evitar que un cargo simbólico se convierta en un privilegio mal usado? Mientras estos debates se desarrollan, el caso de Begoña Gómez pone presión para que España se sume a la lista de países que han dado un marco legal a este rol. ¿Queremos un modelo como el estadounidense, donde las Primeras Damas tienen un equipo con objetivos claros, o uno más informal, que deja el papel a la interpretación personal?