“Nos precipitamos de nuevo a un abismo soviético, a un vacío de información que supone la muerte por nuestra propia ignorancia”, advertía dos décadas atrás la periodista rusa Anna Politkóvskaya en las páginas del diario británico The Guardian. “Lo único que nos queda es Internet, donde todavía se puede acceder libremente a la información. Para el resto, si quieres seguir trabajando como periodista, el servilismo a [Vladímir] Putin es total. De lo contrario, puede ser la muerte. La bala, el veneno o el juicio, lo que nuestros servicios especiales, los perros guardianes de Putin, consideren oportuno”.
“La bala, el veneno o el juicio”. Era septiembre de 2004. Para Politkóvskaya, reconocida a nivel internacional por su cobertura de la segunda guerra de Chechenia y los escándalos de corrupción del Kremlin, no hubo veneno ni juicio, pero sí bala. La periodista de Nóvaya Gazeta fue asesinada a tiros en el ascensor del céntrico edificio de Moscú donde residía. En la entrada de su propia casa. Tenía 48 años, y solo habían pasado dos desde la publicación de aquel artículo premonitorio sobre la presidencia de un Putin que recién estrenaba su segundo mandato. Ya va por el quinto, y quiere más.
El expediente de Politkóvskaya puede servir para ilustrar los 25 años de la presidencia de Putin. El asesinato tuvo lugar el 7 de octubre, fecha de su 54 cumpleaños. Una fatal coincidencia. Nunca se supo quién fue el autor intelectual, pero en el verano de 2014, ocho años después, un tribunal de Moscú condenó a cadena perpetua a dos hombres chechenos: Rustam Makhmudov, acusado de apretar el gatillo, y su tío, Lom-Ali Gaitukayev, acusado de organizar el asesinato.
Los dos hermanos de Makhmudov, Dzhabrail e Ibragim, fueron condenados a catorce y doce años de cárcel, respectivamente. Un antiguo agente de policía moscovita, Sergei Khadzhikurbanov, también fue condenado a veinte años por suministrar el arma del crimen. Aunque, como miles de exconvictos rusos desde el inicio de la denominada “operación militar especial” en Ucrania, Khadzhikurbanov recibió en noviembre del pasado año un indulto presidencial por haber combatido seis meses en la guerra. Salió de prisión.
15 years ago tomorrow, on October 7, 2006, Russian journalist, writer, and human rights activist Anna Politkovskaya was shot dead in the elevator of her apartment block in central Moscow. She was 48 years old. pic.twitter.com/uhuq1EAOX6
— Meduza in English (@meduza_en) October 7, 2021
“La bala, el veneno o el juicio”, resuenan las palabras de Politkóvskaya. Es el eje que vertebra la presidencia de Putin. La violencia contra los disidentes. Bala, veneno o juicio contra quienquiera que le cuestione. Como Politkóvskaya, el dirigente liberal Sergei Yushenkov, la reconocida activista de los derechos humanos Natalia Estemírova y el líder opositor Borís Nemtsov fueron tiroteados.
Cuatro años antes de morir en la prisión del Círculo Polar Ártico donde cumplía condena, el opositor Alexéi Navalni fue envenenado con Novichok, quizás el agente nervioso más utilizado por el servicio de seguridad federal de Rusia (FSB, por sus siglas). Antes lo habían sido el agente doble Sergei Skripal y su hija Yulia, el artista Pyotr Verzilov, el reconocido periodista y político opositor Vladímir Kará-Murzá, el exespía Alexander Litvinenko o el exdiputado liberal Yuri Shchekochikhin. Sin contar a Víktor Yushchenko, el expresidente de Ucrania cuyo rostro quedó desfigurado por el consumo de dioxina TCDD en plena campaña electoral para las presidenciales de 2004. No gustaba en el Kremlin su mensaje prooccidental.
En las cárceles de Rusia quedan menos opositores de renombre después de que se cerrara en agosto el mayor intercambio de prisioneros desde la Guerra Fría entre Moscú y las principales cancillerías occidentales. Un acuerdo histórico que permitió la liberación, entre otras personalidades, del citado Kará-Murzá, Ilya Yashin, Oleg Orlov, Lilia Chanysheva o Ksenia Fadeyeva. Sin embargo, muchos disidentes siguen poblando las cárceles rusas, y muchos otros permanecen en el exilio. Desde el magnate Mijaíl Jodorkovski hasta la viuda de Navalni, Yulia Navalnaya, heredera de la cruzada política de su marido.
Sucesor improbable
El mandatario ruso Borís Yeltsin anunció por sorpresa su dimisión en un discurso emitido en televisión hacia el mediodía del 31 de diciembre de 1999. “Rusia debe entrar en el próximo milenio con nuevos políticos, con nuevas personalidades y con nuevas personas inteligentes, fuertes y enérgicas”, argumentó Yeltsin un día como hoy hace 25 años.
De acuerdo con la Constitución, el entonces primer ministro, un discreto exfuncionario del KGB que respondía al nombre de Vladimir Putin, asumió la presidencia a la edad de 47 años. El sucesor improbable ganó sus primeras elecciones tres meses después a lomos de su imagen de hombre fuerte, y las segundas en marzo de 2004. Solo se separaría del cargo, aunque de forma momentánea, en 2008, tras alcanzar el límite de mandatos consecutivos.
Su delfín, Dmitri Medvedev, le sustituiría hasta 2012 mientras él servía como primer ministro. Ese era el acuerdo. Acababa así su primera etapa, marcada por un vertiginoso crecimiento económico atribuido al aumento del precio de los hidrocarburos.
“El crecimiento económico dio a Putin el poder y la legitimidad para socavar las instituciones democráticas que limitaban el poder ejecutivo”, resume el exembajador de Estados Unidos en Rusia, Michael McFaul. Putin se hizo entonces con el control de las principales cadenas de televisión, centralizó el poder y metió en cintura a la sociedad civil y las élites empresariales.
Cuando percibió que la continuidad de Medvedev en la presidencia podía poner en peligro su legado, decidió volver. Pero su tercer mandato, el primero de seis años tras la reforma constitucional, arrancó con una serie de protestas multitudinarias. Las denuncias esporádicas de fraude electoral devinieron en las manifestaciones más concurridas en la Rusia posterior a la caída de la Unión Soviética. Una contestación social pacífica a la que Putin respondió con violencia policial y persecución legal.
Las guerras de Putin
La creciente pérdida de legitimidad interna contrastó en ese periodo con sus continuas demostraciones de fuerza en el exterior. Primero en Ucrania, tras la revolución del Maidán, con la anexión ilegal de la península de Crimea y el apoyo a los separatistas prorrusos del Donbás. Después en Siria, en plena guerra civil, con una batería de ataques aéreos contra las posiciones de los rebeldes islamistas que amenazaban el régimen de Bachar al Asad y el despliegue posterior de los mercenarios del Grupo Wagner.
Putin aplicó en Oriente Próximo los métodos aprendidos en la segunda guerra de Chechenia, conflicto que apuntaló su primera campaña presidencial, y en la guerra de Georgia. Métodos que le servirían tiempo después para poner en marcha la invasión a gran escala de Ucrania.
Régimen personalista
La pandemia de covid-19 acentuó el aislamiento del presidente ruso. Las voces discordantes del régimen perdieron fuerza, dejaron de ser aceptadas. Los siloviki (miembros contados del núcleo más próximo a Putin) pasaron a un segundo plano.
En abril de 2021, el jefe del Kremlin firmó una ley que contemplaba una reforma de la Constitución para extender el límite de mandatos presidenciales. Podría volver a presentarse dos veces más a partir de las elecciones de 2024, por lo que tendría opciones de permanecer en el cargo de forma ininterrumpida hasta 2036.
Ese paquete de reformas constitucionales previamente aprobado en la Duma incluía, además, la prohibición del matrimonio homosexual. Una vuelta a los “valores tradicionales” de los que el putinismo, cada vez más apoyado en la Iglesia Ortodoxa rusa, ha hecho bandera para rivalizar con los países occidentales.
La mujer, víctima del putinismo
El recorte de los derechos reproductivos de las mujeres también ha sido una constante, especialmente desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania. “Con el telón de fondo de que Putin se centra en la lucha contra los «enemigos» y el aislamiento de Rusia por «luchar por la causa correcta», las mujeres volvieron a ser objeto de regulación con un asalto constante y consistente a sus derechos humanos, en particular los derechos reproductivos”, explica Marianna Muravyeva, catedrática de Derecho y Administración de Rusia en la Universidad de Helsinki. “Además, como las mujeres participan activamente en las protestas contra la guerra, las autoridades las han tratado con más dureza durante las detenciones, los juicios y las condenas”.
Sin embargo, la cruzada del Kremlin contra las mujeres empezó mucho antes de la guerra en Ucrania. En febrero de 2017, las autoridades rusas despenalizaron la violencia doméstica. Los malos tratos que no provoquen fracturas óseas y no se produzcan más de una vez al año dejaron de castigarse con penas de prisión. Las peores sanciones a las que se enfrentan ahora los agresores son multas de hasta 510 euros, penas de diez a quince días de cárcel o trabajos para la comunidad. Eso si los tribunales se ponen de parte de la víctima, algo que rara vez sucede.
El motín de Prigozhin
Un criminal de poca monta de San Petersburgo a quien Putin convirtió en oligarca protagonizó un insólito motín que Mark Galeotti, uno de los mejores conocedores de la Rusia contemporánea, definió como “la mayor amenaza” al liderazgo de Vladímir Putin en sus (entonces) 23 años en el poder.
El jefe del Grupo Wagner lideró un intento de golpe de Estado que a punto estuvo de alcanzar Moscú en junio de 2023. Los hombres de Prigozhin tomaron en cuestión de horas la ciudad rusa de Rostov del Don, cerca de la frontera con Ucrania, y enviaron varias columnas de blindados hacia Moscú en lo que denominaron una “Marcha por la Justicia”.
Prigozhin released today a new interview going over the current state of affairs as well as looking back at the events preceding the start of the “SMO”. In this first bit, he explains that the Donbas was plundered by Russians since 2014 and the 2022 war began for reasons very… pic.twitter.com/7jOxrPXeX1
— WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated) June 23, 2023
Buscaban convencer a Putin a la fuerza de que destituyera a Serguéi Shoigú, su fiel ministro de Defensa, por el cariz que estaba tomando la denominada “operación militar especial” en Ucrania. Un movimiento que el presidente ruso hizo finalmente en mayo de 2024. El problema es que, para entonces, Prigozhin ya estaba muerto.
El oscuro empresario, que generó su fortuna a la sombra del Kremlin y cuyo papel resultó determinante para conquistar el enclave ucraniano de Bajmut, murió dos meses después de aquella rebelión. El avión Embraer Legacy 600 en el que viajaba sufrió un accidente antes de estrellarse en la región rusa de Tver. Sin Prigozhin ni Navalni, Putin no conoce oposición.
El futuro se dirime en Ucrania
Antes de dimitir, Yeltsin pidió a Putin que cuidara de Rusia. Veinticinco años después, Putin considera que no se ha limitado a eso. “Creo que hemos dado un paso atrás desde el borde del abismo, porque todo lo que le estaba ocurriendo a Rusia antes y después nos conducía efectivamente hacia la pérdida total de nuestra soberanía. Y sin soberanía, Rusia no puede existir como Estado independiente”, respondió al corresponsal de la BBC, Steve Rosenberg, durante la conferencia anual de prensa en Moscú.
El putinismo no acepta críticas, pero es plenamente consciente de que su futuro depende de Ucrania. La invasión a gran escala de febrero de 2022 no consiguió su cometido y se transformó en una guerra de desgaste que Moscú ha empezado a reconducir este año.
Putin celebra su 25 aniversario con la victoria más cerca que nunca. Sus tropas ocupan el 20% de Ucrania y adelantan posiciones casi a diario en el este del país. Aunque la anomalía persiste en la región rusa de Kursk, donde ha tenido que echar mano de miles de soldados norcoreanos para expulsar a las fuerzas ucranianas que ocupan parte del territorio.
De momento, la guerra que marcará el legado de Putin solo ha dejado malas noticias para Rusia. Decenas de miles de víctimas mortales, aislamiento internacional, estricto régimen de sanciones, crisis económica. Además, sobre el presidente ruso pesa desde marzo del pasado año una orden de detención de la Corte Penal Internacional (CPI), organismo que le considera responsable de la comisión de crímenes de guerra en Ucrania, concretamente por la deportación ilegal de menores.