Son 19 los países que Italia ha blindado a través de una nueva ley, aprobada este lunes de manera urgente en un Consejo de Ministros ideado para poner un parche al lío legal en el que se encuentra el ambicioso plan de externalización migratoria de Giorgia Meloni. Albania, Argelia, Bangladesh, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Costa de Marfil, Egipto, Gambia, Georgia, Ghana, Kosovo, Macedonia del Norte, Marruecos, Montenegro, Perú, Senegal, Serbia, Sri Lanka y Túnez. El acuerdo con Albania se puede solo aplicar a los inmigrantes que provienen de países seguros rescatados en aguas internacionales por la Guardia Costera italiana. Es por eso que definir de forma clara, con una lista en este caso, cuáles son o no los países seguros según Italia es el único modo para que el famoso plan Meloni pueda funcionar ante las evidentes contradicciones legales.
Han sido horas de confrontación total entre el Gobierno italiano y la magistratura de este país desde que el pasado viernes un juez de Roma decidió no validar el proceso de retención y el envío a Albania por parte de Italia de los 12 primeros inmigrantes. De hecho, ya el sábado por la mañana, con la llegada a Italia de este grupo de hombres, provenientes de Bangladesh y Egipto, el famoso campo de retención albanés en Gjader quedó, y sigue, vacío. La decisión de la justicia italiana no solo representaba el primer batacazo legal al plan Meloni, que justo en esas horas era vendido como la solución al fenómeno migratorio en Europa, sino que dejaba prácticamente inhabilitado el sistema que costará a Italia en los próximos 5 años más de 600 millones de euros.
Lista de países seguros
La justicia transalpina se fijó en una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia de inicios de este mes que reducía de forma considerable la lista de países seguros bajo un claro criterio: si una zona del país o una persona está en peligro todo el estado se considera no seguro. Esto determinaba, de manera automática, que prácticamente todos los países de los que provienen los inmigrantes que luego llegan a Italia, como Egipto o Túnez, quedaban descartados de la lista de países seguros y excluían la posibilidad de que sus ciudadanos, una vez llegasen, aquí fuesen enviados a Albania con el objetivo de ser deportados lo antes posible a través de un proceso exprés ideado ad hoc por el Gobierno italiano. Esta sentencia europea tuvo un gran impacto en la decisión del juez de Roma y abrió una brecha entre la magistratura comunitaria e italiana y el Ejecutivo Meloni.
La pregunta del millón es si este criterio que ha introducido Italia con rango de ley es suficiente para frenar la influencia que ha tenido la justicia europea en este caso. ¿Qué ocurrirá cuando dentro de unas horas otro grupo de inmigrantes sea rescatado e Italia intente activar un nuevo procedimiento para enviar a ese grupo de hombres a Albania y, en vía definitiva, al no ser aceptada su solicitud de asilo, a sus países de origen? ¿Los jueces pueden desoír la norma europea y acatar la ley italiana? ¿Qué contradicciones existen?
Violar la Constitución
Se lo hemos preguntado a Christopher Hein, profesor de derecho y políticas de la inmigración y del asilo en la Universidad Luiss de Roma, que comienza aclarando una idea fundamental “la sentencia de la Corte Europea de Justicia es vinculante para todas las administraciones y magistraturas de los países miembros”. En Italia, como en todos los estados que forman parte de la Unión Europea, el derecho europeo es superior al derecho nacional e infringirlo, dice el experto, “sería una violación de la propia Constitución”. Es por eso que, a pesar del parche que ha creado el Gobierno, eso no anula de forma directa la opinión que de este concepto, países seguros, tiene el Tribunal Europeo de Justicia. Otra cosa es qué puede decidir el juez de turno, al que le toque dirimir sobre el proceso de retención en Albania, a la hora de encontrarse en esta diatriba entre lo que dice el Gobierno italiano y lo que manda la legislación europea. En este caso puede que incluso se termine pasando recurriendo al Tribunal Constitucional.
En esta imagen emitida por la oficina de Prensa de la primer Ministro húngaro, el primer ministro húngaro Viktor Orban, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, la primera ministra italiana Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen, durante una reunión sobre cuestiones de migración antes del Consejo
Pero, mientras tanto, lo que está claro es que Giorgia Meloni pretende plantar cara a esta situación y si su parche no es suficiente, añade el profesor Christopher Hein, puede variar ligeramente la naturaleza de su campo en Albania. Por ejemplo, dice, aunque no puedan ser acogidos para presentar sus solicitudes de asilo en territorio extracomunitario sí podrían usarse esos centros para que esperen mientras su proceso de repatriación está en marcha. Una posibilidad que establece el experto sosteniendo que, para el Gobierno italiano es demasiado tarde para “tirar por la borda” todo lo que ha invertido, en discurso político y en fondos, en este plan de externalización migratoria.
No solo Italia
Hein señala la importancia que tiene el contexto al explicar este problema legal en el que se encuentra el famoso plan Meloni. Por un lado, la Unión Europea, se encuentra ante una nueva orientación a la hora de afrontar el fenómeno migratorio. El Pacto de Inmigración y Asilo, que entrará en vigor en 2026, y que establece “serias restricciones para acceder al derecho al asilo” ha marcado ya un cambio de tendencia. Por otro lado, al margen de iniciativas generales, otros países a título personal, como Países Bajos, ya han adelantado que están mirando con lupa el plan de externalización migratoria de Giorgia Meloni para ver si son capaces de copiarlo. Salga o no salga, este proyecto de enviar inmigrantes a terceros países sirve en este momento para materializar la necesidad que vive Europa, y que está marcada por su actual tono político, de endurecer la política de repatriaciones.
“La gran atención que se ha creado a nivel comunitario sobre el plan Meloni responde a una lógica mucho más generalizada y compartida sobre un cambio de rumbo en la gestión migratoria”, añade Hein.