La larga historia que involucra judicialmente a Italia y a España se concentra ahora sobre la protección del menor, Daniel, de 11 años, que vivió hasta este diciembre con su padre en Cerdeña
Han pasado 8 años desde que en 2016 Juana Rivas abandonase Italia para volver a España con sus hijos y denunciar por maltratos físicos y psicológicos al que había sido su pareja y padre de ambos menores, Francesco Arcuri. El caso, a día de hoy, sigue siendo desconocido para la opinión pública italiana. Algunas periodistas especializadas en género en este país dicen que no han oído hablar nunca del tema, las noticias durante todos estos años son escasas. En España sin embargo, se han escrito miles de artículos y se han dedicado centenares de horas de televisión a contar el que ha terminado llamándose caso Juana Rivas y que ha derivado en las últimas semanas en la importancia de la protección al hijo menor, Daniel, que cumple ahora 11 años, que ha vivido hasta el momento con su padre en Italia.
La cronología de este caso está llena de sentencias, de fechas y de datos que entrelazan ambos países a nivel judicial. En este momento Francesco Arcuri cuenta con dos casos abiertos en Italia: uno en sede penal, sobre presuntos maltratos a su hijo menor, y otro en sede civil sobre la custodia de ese mismo hijo y que el Tribunal Supremo italiano ha pedido rehacer desde el principio y que aún no se ha resuelto. En España Arcuri sí fue condenado por violencia de género en 2009, en Italia la defensa de Juana Rivas nunca consiguió que progresasen las denuncias de maltrato. La Fiscalía del país transalpino archivó de hecho hasta ocho denuncias desde 2016 a 2018. Sin embargo, en la actualidad, una de las últimas denuncias ha conseguido que Arcuri se encuentre oficialmente procesado por maltrato contra su hijo, evidenciando por primera vez en sede judicial la preocupación sobre el menor.
Sin embargo sí que consideró que, tras la detención de Juana Rivas, la custodia de los hijos fuese concedida al padre, a pesar de que pesaba sobre él una condena de violencia de género en otro país de la Unión Europea, España. Corría el año 2017, la guardia y custodia de los menores pasó a ser firme en junio de ese año emitida por el Tribunal de Cagliari. El caso era ya muy mediático en España, donde el movimiento feminista había acogido la causa de Juana Rivas. Mientras tanto en Italia el ambiente era muy distinto, la conciencia pública sobre la violencia de género comenzaba aún a crecer. El llamado Codice Rosso, la Ley Contra la Violencia de Género, llega en 2019, aunque las primeras leyes específicas datan de 2009, aún a día de hoy se denuncia la falta de especialización de los agentes jurídicos en la materia. De hecho en 2019, un informe del Senado que estudiaba la eficacia de la magistratura italiana en la materia establecía que el 95% de los tribunales no estaban formados en materia de género, de hecho no existe el término violencia vicaria. La evolución es lenta, sobre todo si pensamos que hasta 1981 en Italia existían el matrimonio reparador y el delito de honor.
En el 2025 la visión es otra y los dos casos abiertos lo demuestran: ha progresado la denuncia penal en Italia y el Tribunal Supremo ha pedido rehacer todo el proceso civil que había determinado que el hijo menor debía permanecer en Italia con su padre, alejándose además del mayor, que desde el 2023 vive en España. Es por eso que este caso tan complejo permite, al mismo tiempo, realizar una radiografía de las magistraturas de dos países y del paso del tiempo.
En 2017 en Italia gobernaba el ejecutivo progresista de Paolo Gentiloni. Según han referido fuentes de aquel Gobierno, el tema de Juana Rivas pasó desapercibido. En 2025, en Italia el Ejecutivo Meloni no se ha manifestado nunca sobre este tema, ni de manera pública ni informal. Ocurre lo mismo en otros ministerios interesados como el de Familia, Natalidad y Género o el de Justicia, en este momento completamente concentrado en el caso del iraní arrestado relacionado con la detención de la periodista Cecilia Sala en Teherán. En general el desconocimiento sobre el caso es transversal.
Ese ha sido el telón de fondo, importante sin embargo para entender la clave en este momento: el estado del hijo menor y la custodia del mismo. Ambos hijos volvieron a Italia a vivir con el padre desde que el 28 de agosto de 2017 Juana Rivas hizo entrega de ellos, tras ofrecer resistencia en la devolución de los menores, lo que luego derivó en una condena por sustracción y en un indulto parcial. El hijo mayor había sido concedido a la madre de forma definitiva en 2023 y desde entonces vive en España. Pero el asunto de la custodia en Italia, concedida al padre, sigue siendo aún hoy el gran asunto pendiente en este complejo caso.
En este momento, ambos aspectos, el de la permanencia del menor en España, como medida de protección, y el de los malos tratos se están gestionando en la magistratura española, porque allí se encontraba el menor, durante las Navidades, cuando se conocieron los hechos. En las últimas horas se ha conocido que el juzgado de violencia contra la Mujer número 2 de Granada no cree que los presuntos malos tratos a Daniel por parte de Francesco Arcuri se enmarquen dentro de lo que se denomina violencia vicaria y pide que se investiguen como violencia doméstica. Decisión que bloquea una vez más un caso que comenzó en 2009 con la condena por violencia de género Arcuri en España y que a día de hoy, aunque para la opinión pública española sea uno de los casos más conocidos de las últimas décadas, es aún una historia desconocida para Italia.