El próximo jueves 11 de abril, el Parlamento Europeo podría aprobar una resolución clave: la inclusión del aborto en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
La propuesta tensa la relación entre los miembros del bloque, ya que hay países como Malta y Polonia que prohíben el aborto salvo en circunstancias extremas. También revela a plena luz la brecha entre los grupos parlamentarios. Así, la Eurocámara votará a favor o en contra de tres resoluciones distintas y opuestas y tendrá que decantarse por una única opción.
Distintos enfoques
La resolución presentada por los Socialdemócratas (S&D), la Izquierda, los Verdes, y Renew busca incluir el aborto como derecho fundamental; la del grupo conservador Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) está en contra y quiere limitar la ampliación de las competencias de la UE para conservar la soberanía de los países en todos los ámbitos posibles. Y la resolución del Partido Popular Europeo (PPE) busca el equilibrio, respetando el acceso al aborto y las libertades sexuales sin despojar a ciertos países de su autonomía en asuntos delicados.
“Hay, desde mi punto de vista, una línea sumamente conservadora alineada con los derechos sexuales y reproductivos de ECR. Y luego hay un enfoque más abierto que considera este derecho como algo que debe ser reconocido por las legislaciones nacionales, aunque no necesariamente a nivel constitucional o en una carta fundacional”, explica a Artículo14 María Soraya Rodríguez Ramos, eurodiputada de Ciudadanos en el grupo Renew.
“Indudablemente, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dividen al Parlamento. La extrema derecha no solo no los apoya ni los defiende, sino que va en dirección contraria. Y en el PPE hay una gran división al respecto. Algunos eurodiputados apoyan y defienden estos derechos, incluido el aborto, mientras que otros se niegan tradicionalmente a que estas cuestiones se incluyan en distintas resoluciones y, desde luego, al reconocimiento del aborto como derecho humano”, agregó Rodríguez Ramos.
“Indudablemente, los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres dividen al Parlamento. La extrema derecha no solo no los apoya ni los defiende, sino que va en dirección contraria”
Un proceso a medias
Francia inició el debate el pasado mes de marzo al consagrar el derecho al aborto dentro de su Constitución. Pero el primer paso ya lo dieron eurodiputados del grupo Verde, que, en noviembre de 2023, agregaron una resolución similar como enmienda a una propuesta para ampliar las competencias de la UE sobre los estados, según explicó a este medio la eurodiputada Gwendoline Delbos-Corfield, autora de la enmienda.
La resolución general propuso una reforma integral de los Tratados de la Unión Europea para otorgar a las instituciones europeas mayor autoridad en ciertas áreas clave. La enmienda adicional relacionada con el aborto establecía los derechos reproductivos y sexuales como fundamentales, por encima del ámbito de la sanidad pública de cada país y catalogados como derechos humanos. De esta manera, los países tendrían que garantizar el acceso al aborto y no podrían revertir las leyes que lo permiten.
El aborto como derecho humano fundamental
La enmienda no habría sido suficiente. Parlamentarios de S&D y sus aliados de centro e izquierda (entre los cuales figura el histórico Cyrus Engerer, primer eurodiputado maltés pro-aborto), someterán a votación el 11 de abril su propuesta para blindar explícitamente los derechos reproductivos como derecho humano.
Su decisión se basa en una supuesta regresión en los derechos de las mujeres y la igualdad de género. “Muchos países intentan restringir nuestros derechos. Hace poco, la Corte Suprema de Estados Unidos revertió la ley que impedía que los estados prohibieran el aborto. Y en Portugal han surgido debates sobre un posible referéndum en torno a este derecho”, comenta a Artículo14 Maria-Manuel Leitão-Marques, eurodiputada del partido socialdemócrata portugués.
El S&D y sus aliados critican la criminalización del aborto y las restricciones que fuerzan a las mujeres a buscar procedimientos inseguros o viajar al extranjero, considerado una forma de violencia de género y una violación de los derechos humanos. Destacan la importancia de la educación sexual integral y el acceso a anticonceptivos para promover la autonomía reproductiva y reducir los embarazos no deseados.
Su resolución señala la necesidad de una respuesta europea e insta a los estados de la UE a despenalizar completamente el aborto, garantizar el acceso a servicios seguros y legales sin discriminación, y combatir la desinformación y los obstáculos al aborto. También pide a la UE y a sus miembros apoyar financieramente a las organizaciones que trabajan por los derechos sexuales y reproductivos, e incluir la educación sobre el aborto en los programas para estudiantes de medicina.
Que cada país decida
En su contrapropuesta, la extrema derecha insta al Parlamento Europeo a limitar su autoridad sobre los países y respetar la soberanía nacional. El grupo ECR se escuda tras la defensa de la autonomía nacional de los estados para rechazar la consagración del derecho al aborto.
Su resolución destaca que el alcance de la Carta de Derechos Fundamentales se limita a la ley de la UE. En particular, señala que la política de salud y los servicios sanitarios y atención médica son responsabilidades de los estados miembros, según se establece todavía en el artículo relacionado con la salud pública en el Tratado sobre el Funcionamiento de la Unión Europea (algo que podría cambiar pronto).
Según comparten miembros de este grupo en redes sociales, existe una preocupación subyacente de que la Unión se sobrepase e intente abordar cuestiones de nivel nacional. Margarita de la Pisa, eurodiputada de Vox y ponente de la propuesta del ECR, compartió una publicación que afirmaba que la votación sobre el aborto como derecho fundamental “también es #Agenda2030”.
En su propuesta, el ECR rechaza cualquier intento de modificar la Carta “con propuestas qué limiten o violen los derechos humanos, que son irrevocables, inalienables, e intrínsecos a cada vida humana”, incluyendo según Vox los derechos del no nacido.
La propuesta del PPE
Quizás porque habrá elecciones el próximo 9 de junio, el PPE ha centrado su contrapropuesta en un equilibrio político respecto al aborto. Su documento es el más diplomático: resalta la importancia de los derechos fundamentales como la vida, la libertad y la privacidad, y reconoce que, aunque la UE no tiene competencia directa para regular el derecho al aborto, tendría que fomentar la cooperación entre los países.
“Nuestra propuesta es la más equilibrada, en un intento de reflejar las distintas posturas dentro del propio grupo político. Es un tema muy delicado para los países”, explica a Artículo14 un representante de Jeroen Lenaers, eurodiputado ponente de la resolución.
Al igual que el S&D, el PPE señala la importancia de la educación sexual para promover comportamientos responsables y educar sobre sexualidad y salud reproductiva. Además, destaca que los esfuerzos deben enfocarse en reducir el número de abortos y en apoyar a las mujeres para evitar los riesgos de los abortos inseguros sobre su salud. Recuerda también el derecho de las mujeres a la integridad corporal y la libertad de tomar decisiones sobre sus cuerpos.
“Los esfuerzos deben enfocarse en reducir el número de abortos y en apoyar a las mujeres para evitar los riesgos de los abortos inseguros sobre su salud”
Sin embargo, en línea con el ECR, recalca que la regulación del aborto es competencia de los estados miembros. Según el PPE, cualquier cambio en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE requeriría la aprobación unánime de los Estados miembros.
Con todo, el documento subraya la importancia del acceso igualitario a servicios de salud de alta calidad y completos para todos, incluyendo cuidados relacionados con la maternidad, el embarazo y el parto, así como apoyo económico y social para las mujeres embarazadas.