En la constante evolución de los derechos civiles a nivel global, el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo se ha convertido en un barómetro de la igualdad y la inclusión en las sociedades modernas. Sin embargo, en la Europa de 2024, aún persisten focos de resistencia a esta forma de igualdad matrimonial. Un análisis detallado revela que todavía hay diez países miembros de la Unión Europea que continúan negándose a legalizar el matrimonio homosexual. Todos ellos mantienen así un debate polarizado entre tradición y progreso.
Los bastiones de la tradición
Según la Comisión de Peticiones de la Eurocámara, a fecha de 2021, diez Estados miembros de la UE no reconocían el matrimonio entre personas del mismo sexo ni concedían derechos parentales a parejas homosexuales. Entre estos países que prohíben el matrimonio homosexual en Europa, están los siguientes:
- Bulgaria
- Croacia
- Eslovaquia
- Hungría
- Letonia
- Lituania
- Polonia
Todos ellos se destacan por tener constituciones que definen explícitamente el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer. Este marco constitucional actúa como el mayor obstáculo legal y simbólico para el reconocimiento del matrimonio homosexual. Funcionan como un ancla de la legislación de estos países en una concepción tradicional de la familia y el matrimonio.
Zonas grises y uniones civiles
La ausencia de mujeres presidentas o jefas de Estado en Europa
Mientras el matrimonio homosexual se enfrenta a barreras legales en estos países, 12 naciones de la Unión Europea han encontrado un terreno común en el reconocimiento de algún tipo de unión civil. Esas naciones son las siguientes:
- Croacia
- Chipre
- Hungría
- Italia
- Liechtenstein
- República Checa
Estos países ofrecen ejemplos de cómo las legislaciones pueden evolucionar para reconocer las relaciones homosexuales sin equipararlas al matrimonio. Italia y Chipre han contemplado legislaciones que regularicen las parejas del mismo sexo, aunque sin llegar a materializar cambios significativos. La presión ejercida por la Iglesia y sectores de la opinión pública que se muestran divididos ha frenado estos avances. En Polonia, por ejemplo, se reconoce la convivencia privada y consentida entre dos personas. Sin embargo, los derechos son notablemente limitados en comparación con el matrimonio.
El marco legal europeo con el matrimonio homosexual y la presión internacional
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que exige a los países miembros reconocer los matrimonios homosexuales celebrados en otros Estados de la UE y otorgar derechos de residencia a los cónyuges de ciudadanos europeos ha supuesto un desafío directo para aquellos que aún se resisten a este reconocimiento.
Bulgaria, Letonia, Lituania y Rumanía se encuentran particularmente presionados por esta disposición. Sin embargo, su implementación sigue siendo heterogénea.
Por ejemplo, Rumanía aún no ha otorgado derechos de residencia a los cónyuges del mismo sexo de ciudadanos de la Unión Europea, a pesar de tener una orden de su Tribunal Constitucional desde 2018. Este desacato pone de manifiesto la tensión entre las normativas europeas y las legislaciones nacionales.
El debate político y social en el Viejo Continente
Banderas azules de la Unión Europea
La idea de “imponer” el matrimonio homosexual a todos los países miembros de la Unión Europea ha generado un intenso debate en el seno de Bruselas. A pesar de que en 2003 la Comisión Anual de Libertades del Parlamento Europeo propuso reconocer a las parejas homosexuales los mismos derechos que a las heterosexuales, el texto fue rechazado. Sin embargo, la Eurocámara ha seguido incluyendo el debate sobre el matrimonio homosexual en su agenda política, subrayando la importancia de garantizar el derecho a la libertad de movimiento de los miembros de la familia de sus ciudadanos.
La Directiva 2004/38/CE es un claro ejemplo de cómo la Unión Europea busca proteger la libertad de movimiento, requiriendo a los países que han legalizado uniones del mismo sexo reconocer aquellas de otros Estados miembros. Esta medida quiere asegurar que las parejas homosexuales disfruten de los mismos beneficios que sus homólogos heterosexuales. Especialmente, en contextos donde el matrimonio homosexual no es posible todavía.