Inspirado por la oleada autoritaria global, el primer ministro húngaro Viktor Orban aprobó este lunes una serie de modificaciones constitucionales para frenar lo que considera la “locura de género”.
En la propuesta planteada y aprobada por el partido gubernamental Fidesz, que cuenta con una clara mayoría en el parlamento, se aprobó el veto a actos públicos de la comunidad LGTBI+, se aclara que los ciudadanos húngaros solo son hombres o mujeres, y que una familia está formada por un padre y una madre. De este modo, se refuerza el veto existente a que parejas homosexuales puedan adoptar hijos.
Se trata de una nueva cruzada de Orban para movilizar a sus bases conservadoras, y así alejar la atención de los problemas económicos y el surgimiento de nuevos movimientos opositores que se ganan fuerza ante las elecciones del próximo año. “La red de genero internacional debe quitar sus manos de nuestros niños. Ahora, con el cambio en América, los vientos soplan a nuestro favor”, proclamó el premier húngaro, en un guiño a las políticas aplicadas por Donald Trump.
“Protección” a los niños
Para Orban, los cambios constitucionales son una garantía para proteger el “desarrollo moral, psicológico y mental” de los niños”, que gracias a la nueva ley no podrán ser expuestos a eventos de la comunidad LGTBI+ húngara, cuyos contenidos son considerados como peligrosos para el bienestar de las nuevas generaciones.
El pack autoritario aprobado por Fidesz va más allá. De ahora en adelante, la constitución permite retirar la nacionalidad húngara a los ciudadanos con doble nacionalidad que sean considerados peligrosos para la nación. Muchos de los críticos con Orban que se reubicaron en el extranjero obtuvieron un segundo pasaporte. Para el presidente, todo se trata de una “limpieza primaveral”.
“Democracia iliberal”
Viktor Orban lidera la corriente de lideres autoritarios en Europa. De hecho, él mismo presume de implantar un modelo de “democracia iliberal”. Desde que el primer ministro húngaro asumió el poder en 2010, ya ha efectuado 15 cambios en la constitución del país. Según sus críticos, los cambios suponen un retroceso democrático y un ataque a los valores fundamentales de la Unión Europea (UE), de la que Hungría forma parte desde 2004.
En lo referente a la guerra en Ucrania, Orban se distanció claramente de la posición de Bruselas -rechaza la estrategia de defensa común o enviar jóvenes húngaros a la guerra-, y acercó su país a la Rusia de Vladimir Putin, con el fin de mantener acuerdos favorables en el suministro de gas. Para Donald Trump y los republicanos estadounidenses, el modelo de Hungría es un referente para la aplicación de políticas ultraconservadoras.
Guerras culturales
Tras cada victoria electoral -lleva cuatro seguidas-, Orban ha lanzado nuevas “guerras culturales”. En 2022, avanzó la ilegalización de la homosexualidad, así como los contenidos que promueven géneros más allá del hombre y la mujer. Para el primer ministro húngaro, su país está a la vanguardia de la defensa de los valores de la familia, así como en contrarrestar los ataques contra el cristianismo y la soberanía nacional, que estarían en peligro por la “propaganda LGTBI+ importada”.
Pese a la cruzada de Orban, la facción opositora Tisza, liderada por Peter Magyar, podría derrotar a Fidesz en las próximas elecciones. Magyar, que abandonó el partido tras un escándalo de pedofilia que intentó ser silenciado por el partido de Orban, podría recoger el malestar generado por la corrupción endémica que carcome el país, así como la elevada tasa de inflación, la más alta de la UE.
Consecuencias inmediatas
“La democracia y los derechos están ardiendo en el parlamento húngaro”, denunció la oenegé pro derechos humanos Reclaim. Para este colectivo, las consecuencias de la cruzada de Orban son inmediatas y dramáticas, ya que consolida la prohibición del Budapest Pride -con multas a participantes o penas de prisión para organizadores-, así como el uso de sistemas de reconocimiento facial para rastrear a asistentes de eventos de la comunidad LGTBI+.
Para Reclaim, la nueva situación busca “consolidar la prohibición existente sobre el reconocimiento legal de los géneros, estigmatiza a la comunidad LGTBI+, y supone un asalto frontal a los valores de derechos humanos y democracia de la UE”.