La Corte Internacional de Justicia (CIJ), el principal tribunal de la ONU, ha ordenado a Israel detener de inmediato su operación militar en la ciudad de Rafah, situada en el sur de Gaza. Esta decisión aumenta fuertemente la presión internacional sobre Israel en su conflicto contra Hamás.
El juez Nawaf Salam, presidente de la CIJ, declaró que “Israel debe cesar de inmediato su ofensiva militar y cualquier otra acción en Rafah que puedan llevar a su destrucción física total o parcial de las condiciones de vida a los palestinos en Gaza“. Emitió la orden tras estudiar una serie de audiencias y testimonios sobre las condiciones en Gaza, evidenciando la gravedad de la situación humanitaria en la región. El tribunal también ha señalado la necesidad urgente de proteger a la población civil y garantizar que no se produzcan violaciones adicionales de los derechos humanos.
El desastre de Rafah
El tribunal ha clasificado la situación humanitaria en Rafah como “desastrosa” y ha advertido que no hará más que empeorar si continúa la operación israelí. Desde el 7 de mayo, Israel ha llevado a cabo una ofensiva terrestre limitada en Rafah, desafiando las peticiones internacionales de no proceder, incluido el llamado de Estados Unidos. Durante esta ofensiva, Israel ha tomado el control del paso fronterizo de la ciudad con Egipto, un punto vital para la entrada de la ayuda humanitaria, que ha permanecido cerrado desde entonces. La interrupción de este punto de acceso no ha hecho más que agravar la crisis humanitaria, impidiendo la entrada de suministros esenciales. Por ello, la CIJ ha insistido en la necesidad de reabrir el paso para aliviar el sufrimiento de la población civil atrapada en la zona de conflicto.
Antes del inicio de la operación, más de un millón de palestinos se refugiaban en Rafah, aunque alrededor de 800.000 han sido desplazados desde entonces. La CIJ también pidió a Israel que abriera el paso de Rafah para la asistencia humanitaria y concluyó que las condiciones de evacuación y vida proporcionadas por Israel no son suficientes para mitigar el riesgo inmenso al que está expuesta la población palestina. Las condiciones de vida en los refugios son extremadamente precarias, con escasez de agua, alimentos y medicinas, exacerbando el sufrimiento de los desplazados.
Total impotencia
Aunque las resoluciones de la CIJ son definitivas y vinculantes, el tribunal no tiene un mecanismo para hacerlas cumplir y, en el pasado, algunas de sus decisiones han sido ignoradas. Frente a esto, la comunidad internacional ha expresado su preocupación por la capacidad de implementación de estas órdenes y ha llamado a una acción más concertada para asegurar su cumplimiento. Diversos países y organizaciones han instado a Israel a respetar las decisiones del tribunal, señalando que el incumplimiento podría tener repercusiones legales y diplomáticas adicionales.
El 10 de mayo, Sudáfrica presentó una solicitud urgente de medidas adicionales contra Israel, acusándolo de utilizar órdenes de evacuación forzada en Rafah para “poner en peligro, en lugar de proteger, la vida civil”. Esta petición es parte de un caso más amplio presentado por Pretoria contra Israel, acusándolo de cometer genocidio contra los palestinos durante el conflicto de siete meses. En respuesta, el viceministro de Justicia de Israel para el Derecho Internacional, Gilad Noam, negó las acusaciones y pidió a la CIJ que “respetara la difícil situación” en la que se encuentra Israel. Sudáfrica ha sostenido que las acciones de Israel no solo violan el derecho internacional humanitario, sino que también constituyen una amenaza directa a la estabilidad y seguridad de la región. La comunidad internacional está observando de cerca cómo se desarrollan estos procedimientos legales y su impacto en las relaciones diplomáticas.
La perspectiva internacional
Este desarrollo se produce en un contexto de creciente presión internacional y doméstica sobre Israel para poner fin a la guerra en Gaza. Esta semana, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), un tribunal separado en La Haya, solicitó órdenes de arresto para líderes de Hamás, así como para el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el ministro de Defensa Yoav Gallant, por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. La CPI ha estado investigando las denuncias de violaciones de derechos humanos y ha enfatizado la necesidad de responsabilizar a los individuos implicados. La respuesta de Israel a estas órdenes y la cooperación con la CPI son factores clave que influirán en las futuras relaciones internacionales del país.
No está claro cómo responderán los Estados Unidos, el aliado más cercano de Israel, a la orden de la CIJ. La administración Biden ya se mostró contraria al caso de genocidio contra Israel, aunque ha advertido repetidamente que Washington no apoyará una ofensiva terrestre mayor en Rafah sin un plan creíble para garantizar la seguridad de los civiles. Este mes, Estados Unidos detuvo los envíos de armas a Israel por primera vez, temiendo que pudieran ser utilizadas en Rafah para dañar a los civiles. La decisión refleja un giro de tuerca en la política exterior de Estados Unidos hacia Israel e indica el nivel de preocupación sobre el impacto humanitario del conflicto.
Aunque se espera que Israel no cumpla con la orden, sí que aumenta la presión legal sobre el estado y sus funcionarios, lo que también podría traducirse en un daño significativo en términos de reputación global. La presión internacional sobre Israel es “sin precedentes”, y las acciones en los tribunales internacionales están colocando al país bajo un “aislamiento extremo” incluso entre sus aliados, lo cual podría afectar su capacidad para recibir armas y podría llevar a otras sanciones. La percepción pública y la reputación internacional de Israel están en juego, lo que podría tener consecuencias duraderas en sus relaciones diplomáticas y económicas. La resolución de este conflicto y la respuesta de Israel serán determinantes para el futuro equilibrio en la región y para la protección de los derechos humanos en situaciones de guerra.