Los siete inmigrantes, cinco de Bangladesh y dos de Egipto, que habían sido enviados a Albania el pasado viernes tendrán que ser liberados y volver a Italia. Por segunda vez -y tras el varapalo judicial que hace solo tres semanas frenó las ambiciones de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La Justicia no convalidó entonces la retención de un primer grupo de 12 inmigrantes, ahora, de nuevo, el ‘plan Albania’ hace aguas.
Como en la primera ocasión, un Tribunal de Roma tenía que expresarse sobre el envío de este grupo de inmigrantes a Albania y ha decidido suspender su retención pidiendo además, y esa es la gran diferencia respecto al primer intento, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se pronuncie al respecto.
La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, llegando a una reunión
Sistema de externalización
Naufragan así las intenciones de Giorgia Meloni de poner en marcha su sistema de externalización de la gestión migratoria, o, al menos, de momento. La clave de la cuestión se centra en definir qué son o no los denominados “países seguros”, porque solo los inmigrantes que provienen de estos estados, y son además hombres adultos y sanos, pueden ser enviados a estos centros extracomunitarios que Meloni ha construido en Albania. En el primer revés judicial de octubre, el Tribunal de Roma decidió apelar a una sentencia del Tribunal Europeo de Justicia que reducía la lista de “países seguros” dejando fuera la mayoría de los que provienen los inmigrantes que llegan a Italia, entre ellos Bangladesh y Egipto, los dos estados de la contienda, sea esta segunda vez que la primera.
En un choque total entre magistratura y política, pocos días después de esta primera decisión del Tribunal de Roma, el Gobierno italiano decidió crear una ley ad hoc para establecer por ley su propia lista de “países seguros”, para que pudiese funcionar como escudo legal. La decisión de este lunes confirma, sin embargo, que este decreto no ha sido suficiente para frenar el peso del derecho comunitario y ahora será el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europa el que tenga que dirimir sobre este caso concreto. Petición que ya había sido adelantada por un Tribunal de la ciudad de Bolonia en los últimos días sobre un caso similar y que pedía clarificar, precisamente, qué criterio era primario sobre los “países seguros”, si el europeo o el del reciente decreto del Gobierno Meloni.
Próximos pasos
La Justicia italiana ha evitado la confrontación directa, así, con la Administración Meloni y ha escrito, de hecho, en la nota que acompaña a la decisión que “el reenvío (a la Justicia europea) del caso ha sido elegido como instrumento más idóneo para aclarar las diversas dudas” generadas tras la aprobación del decreto en el que el Gobierno italiano establece por ley cuáles son los países seguros. Además, se recuerda que el Derecho europeo es superior al nacional, tal y como prevé la Constitución italiana. Ahora, a pesar de que se ha pedido que la Justicia europea se pronuncie con urgencia, aún se desconocen los siguientes pasos y los tiempos de este encontronazo legal.