Ecuador tiene este domingo una cita importante con las urnas. Trece millones de personas están llamadas por ley a elegir a su presidente. O presidenta. Deben marcar el rumbo que tomará el país en los próximos cinco años a pesar del clima generalizado de apatía. La crisis económica, política y de seguridad hace mella en una población que, además, viene de sufrir en los últimos meses las consecuencias de los apagones recurrentes de electricidad.
Las encuestas dibujan un escenario ajustado. Hay dieciséis aspirantes, pero solo dos cuentan con posibilidades reales de ganar. El presidente en ejercicio, Daniel Noboa, parte como claro favorito frente a la candidata de la Revolución Ciudadana (RC), Luisa González, apoderada del expresidente Rafael Correa, que permanece exiliado en Bélgica. El escenario más probable es que se reedite el próximo mes de abril la segunda vuelta electoral de octubre de 2023, en la que Noboa ganó contra todo pronóstico a la líder correísta.
El presidente no era ningún desconocido para la sociedad ecuatoriana, sin embargo. Es hijo de Álvaro Noboa, el hombre más rico del país. A diferencia de su padre, que se presentó sin cosechar ningún éxito a seis elecciones presidenciales, Noboa cantó victoria a las primeras de cambio a la edad de 35 años, estableciendo el récord de precocidad de América Latina.
Noboa cumplió el sueño familiar, pero González se quiere cobrar la revancha catorce meses después. Durante la campaña electoral, el inquilino del Palacio de Carondelet ha hecho bandera de la remilitarización del país y del combate contra las bandas del crimen organizado. También acudió como invitado a la ceremonia de inauguración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Mientras tanto, González ha prometido invertir en el sector público, sobre todo en materia de salud y educación, para reducir la enorme brecha de desigualdad.
La polarización ha vuelto a sacudir el país andino. La fractura entre correístas y anticorreístas permanece intacta casi una década después del adiós de Correa. Aunque Noboa se ha convertido hoy en la figura central del tablero político ecuatoriano.
Daniel Noboa cierra la campaña en Guayaquil
Hombre de acción
Desde que tomara posesión del cargo en noviembre de 2023, el presidente ha protagonizado varias polémicas que le han colocado en el mapa. Decretó el conflicto armado interno tras el asalto armado a los estudios del canal TC Televisión en Guayaquil a manos de uno de los grupos de crimen organizado que operan en Ecuador. Un suceso retransmitido en directo que conmocionó dentro y fuera de sus fronteras.
El país había sido testigo del asesinato en plena campaña electoral del candidato presidencial Fernando Villavicencio, cuyos votantes se acabaron decantando en masa por la papeleta de Noboa.
En otra de sus decisiones cuando menos controvertidas, el joven mandatario ordenó a las fuerzas de seguridad irrumpir en la Embajada de México en Quito para detener a Jorge Glas, exvicepresidente y mano derecha de Correa, que había recibido asilo diplomático por parte del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aquella acción sin precedentes desató una condena casi unánime contra Noboa, que violó sin miramientos el derecho internacional.
Choque institucional
Otro de los escándalos que han salpicado el primer mandato de Noboa, quizá el que mejor ilustra su estilo de gobierno, ha sido el choque institucional con la vicepresidenta Verónica Abad, compañera de ticket electoral. La relación entre ambos se rompió –sin que trascendieran los motivos– tras ganar la primera vuelta de las últimas elecciones, y desde entonces no se ha recuperado. Tampoco parece que vaya a hacerlo en el futuro.
Abad dice haber vivido un auténtico infierno desde que asumió –o intentó asumir– la vicepresidencia de Ecuador. La empresaria, de 48 años, ha llegado a denunciar un “golpe de Estado” y a acusar a Noboa de mantener una “actitud dictatorial”. Dice haber temido incluso por su vida. Acusaciones de gran calado que, sin embargo, tienen base fáctica.
Desde el primer momento, el presidente puso en marcha una campaña de acoso y derribo para forzar su renuncia. Primero, la envió a Tel Aviv con el cometido de mediar entre israelíes y palestinos para poner fin a la guerra en Gaza. Una misión diplomática inasequible para Ecuador, país con nula relevancia en Oriente Próximo. “Tenía 500 opciones, la pude haber enviado a estar a cargo de la estación en la Antártida, o tener funciones de ministra o tener funciones de embajadora”, acabaría confesando tiempo después Noboa a una emisora de radio colombiana.
La candidata Luisa González
Más tarde, el presidente le obligó a trasladarse a Turquía sin motivo aparente. Abad aterrizó en Ankara días después de lo dispuesto por el Gobierno de Noboa, y el Ministerio de Trabajo le impuso una suspensión de cinco meses por “abandono injustificado del trabajo por tres o más días laborales”. Una suspensión que, sin embargo, la jueza Nubia Vera anuló. Entremedias, la Fiscalía ordenó la detención de su hijo Francisco Barreiro por presunto tráfico de influencias.
Pero el inquilino de Carondelet no se detuvo ahí. Consciente de que Abad debía ocupar de forma interina la jefatura del Estado durante la campaña, puesto que la legislación ecuatoriana impide que el presidente en ejercicio que opta a la reelección ostente el cargo en periodo electoral, Noboa firmó una serie de decretos en los que nombraba por periodos de hasta cuatro días “vicepresidenta encargada” primero a Sariha Moya, secretaria nacional de Planificación, y después a Cynthia Gellibert, secretaria de la Administración Pública. Dos mujeres de su máxima confianza.
Mientras, el candidato de Acción Democrática Nacional (ADN), su propio partido, se dedicaba a dar mítines y realizar a actividades electorales en varios puntos del país. En todo este tiempo, Abad ni siquiera ha podido acceder a su despacho ni utilizar su correo electrónico institucional. Nada. Ni agua.
Violación de la Constitución
La Corte Constitucional de Ecuador anuló a principios de esta semana, en la recta final de la campaña, los decretos de Noboa. Los jueces consideraron que las medidas son de carácter “inconstitucional”, puesto que “inciden directamente en las reglas constitucionales de reemplazo del cargo de presidente ante su ausencia temporal y tienen una repercusión nacional”.
“Por la naturaleza y alcance de las competencias que ostenta el mandatario de Ecuador, el ejercicio del cargo, per se, no puede ser sometido a un encargo, delegación, subrogación o entrega por fuera de las disposición previstas en la Constitución”, dictaminó el tribunal. “El cargo de presidente solo puede ser ejercido por quien se encuentra en la Presidencia, mientras está en funciones, o por quien la Constitución determina que es su reemplazo, en caso de ausencia temporal o definitiva”. Era ya tarde. Noboa cerró el pasado jueves su campaña electoral sin haber delegado en Abad. Se salió con la suya.
El viernes, Abad intentó acceder por segunda vez a la oficina de la vicepresidencia, frente al Palacio de Carondelet, haciendo valer la sentencia judicial del Constitucional. No lo consiguió. Las fuerzas de seguridad impidieron su entrada. Minutos antes, la vicepresidenta de iure había decidido enterrar el hacha de guerra con la publicación de un comunicado en el que pedía a Noboa un espacio de diálogo para alcanzar “una reconciliación”.
La vicepresidenta Verónica Abad intenta sin éxito ingresar en su oficina
“Apelo a su buena voluntad y solicito, formalmente, que abra una mesa de diálogo entre usted y yo en los próximos días, con la presencia de las autoridades de ls iglesias y representantes internacionales, para mantener una conversación en la que orientemos la convivencia pacífica”, recoge la misiva, en la que Abad reconoce haber librado “una batalla que continúa desgastando la institucionalidad del país”. No hubo respuesta por parte de Noboa.
“El conflicto entre Noboa y Abad es un episodio anecdótico en la política ecuatoriana reciente y ha escalado hasta convertirse en un problema constitucional”, explica la analista Caroline Ávila Nieto a Artículo14. “Desde una perspectiva política, este enfrentamiento revela el carácter confrontativo de Noboa y su disposición a asumir costos institucionales en favor de su agenda. Si bien este conflicto no parece afectar su base electoral más leal, sí ha erosionado su imagen ante los sectores que valoran el respeto a la institucionalidad”.