El último intento de golpe de Estado en Bolivia, protagonizado por un sector de las Fuerzas Armadas (FFAA), el pasado 26 de junio, volvió a poner en el tapete el papel de los militares en la democracia. Es que lo que parece obvio en otros países, como la supremacía del poder civil sobre el militar y la incuestionable subordinación, no lo es tanto en el Estado Plurinacional, una de las naciones más explosivas en cuestiones políticas y con más casos de desobediencia y rebeliones de América.
Una de las temáticas menos estudiadas de las FFAA bolivianas es el papel de las mujeres y el alcance de su presencia en una institución que es, por esencia, un lugar “para hombres”. Reflejo de ello es que solo uno de cada diez miembros del personal profesional militar es mujer, una cifra que no está lejos del promedio suramericano, pero que muestra el lento avance de la inclusión y la institucionalización de los derechos de las mujeres.
El destituido jefe militar del Ejército de Bolivia, Juan José Zúñiga, es escoltado para su presentación en dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen
La institución hoy es cuestionada desde diversos flancos. Tanto por su polémico papel en la política nacional, como en los sucesos de 2019 que produjeron la renuncia del entonces presidente Evo Morales, tras 14 años de Gobierno; como por la última asonada con tanquetas en la plaza Murillo, en La Paz, centro del poder político de Bolivia, el pasado día 26.
Casos de violencia en el Ejército
Las FFAA bolivianas salen cada tanto en noticieros de todo el mundo, pero dentro del país suelen ser noticia más seguido, generalmente, por casos de violencia. Golpizas contra conscriptos, “jaripeos” (castigos con ejercicio excesivo) y algunos casos de tortura se suman a denuncias de corrupción en diversos ámbitos en los que los militares participan por mandato del Ejecutivo, como la lucha contra el contrabando y la administración de algunas empresas estatales.
Así las cosas, la muerte de una oficial de la Fuerza Naval – Bolivia no tiene salida al mar, pero sí Fuerza Naval- en un escandaloso caso de feminicidio, ocurrido días antes del intento de golpe, se agrega a este sombrío currículo, pero se pierde como un suspiro entre la niebla de irregularidades que asolan la institución armada del país.
Batalla por la inclusión
Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) del año 2011 señala que la incorporación de mujeres en las Fuerzas Armadas en países de la región comenzó en la década de los años 70, siendo Chile y Paraguay pioneras en este ámbito, con la afiliación parcial de féminas solo en las fuerzas terrestres.
Brasil, Bolivia, Chile y Argentina se sumaron a fines de esa década al proceso de inclusión de mujeres en las filas de sus Fuerzas Armadas, pero solo en algunas armas y hasta cierto nivel de comando.
Un integrante de la policía vigila en el Palacio de Gobierno de Bolivia este viernes, en La Paz
La incorporación de militares femeninas estuvo motivada por la lucha de las mujeres por nuevos espacios, la coyuntura política “progresista” de algunos países, la apertura de gobiernos democráticos de los años 80 posteriores a las dictaduras en Bolivia, Argentina y Chile; y también por la caída del interés masculino en la vida militar, entre otras motivaciones, señala el estudio titulado Las mujeres en el ámbito de la defensa y la seguridad internacional.
Las pioneras
En Bolivia la primera generación de mujeres militares ingresó a filas de las Fuerzas Armadas a finales de la década de los 70. En 1979 el Colegio Militar Gualberto Villarroel, situado en la zona sur de la ciudad de La Paz, recibió el primer grupo de mujeres. La incorporación fue intermitente hasta 1985, con 47 oficiales promocionadas que son conocidas como las “precursoras”.
Desde 1985 hasta el 2003 no ingresaron mujeres al Colegio Militar. Una reforma ese año permitió que cerca de 40 cadetes estudien en armas y se promocionen en 2006. El porcentaje de mujeres militares esa gestión era de 0,3 %, pero 10 años después subió a 6,5 % y para 2023 a 10,5 por ciento, totalizando más de 1.500 mujeres militares en servicio activo.
Militares se forman frente a la sede del Gobierno de Bolivia, este miércoles en La Paz
Un hito fue la promoción de la primera general del Ejército, Gina Reque Terán, el año 2015, quien sumó otro histórico al año siguiente al ser la primera jefa de Estado Mayor en el país.
La Fuerza Naval comenzó a recibir cadetes recién al año 2013, mientras que la Fuerza Aérea Bolivia (FAB) lo hace desde 2007.
La incorporación de mujeres en el personal de tropa tardó un poco más, hasta el año 2017, cuando se aprobó la Ley de Servicio Militar en Bolivia, bajo el paraguas de la nueva Constitución de 2009, que legalizó el enlistamiento de mujeres de manera voluntaria desde los 18 años. En el caso de los varones, el servicio militar es obligatorio. El servicio premilitar -una modalidad corta para los cursantes del último año de secundaria- está habilitado desde 1997 para ambos géneros, pero de manera voluntaria para mujeres.
Las primeras 130 conscriptas mujeres se graduaron en 2019 y desde entonces, más de 10.000 mujeres han pasado por el servicio militar, en sus diversas modalidades, en las 10 unidades habilitadas para este fin en todo el país.
Desigualdad
La Policía Boliviana, en cambio, recibió sus primeras cadetes mujeres en el año 1996. Los requisitos entonces eran ser “menores de 30 años, solteras, sin hijos y con estudios en ciencias de la comunicación, jurídicas, trabajo social o sicología”, según rezan los reportes de prensa de la época.
Como dato comparativo, en Brasil las FFAA tienen más de 339.000 miembros, de las cuales 18.000 son mujeres (5 %), en Chile la participación femenina en el personal militar profesional es de 15,4 % y en Argentina 17 %.
El ingreso de mujeres en las Fuerzas Armadas no fue un acto de bondad, sino producto del empuje de generaciones de féminas durante décadas, afirmó Gina Reque Terán, la primera general, en su acto de promoción en 2015.
Una mujer aimara camina frente a un establecimientos de comida en La Paz
Los avances en inclusión se dieron durante la ola de gobiernos de corte izquierdista que administraron varios países de la región durante el principio de los 2000 hasta 2015. Este periodo coincidió con la tercera ola de feminismo que marcó hitos como el movimiento #metoo, las movilizaciones por el derecho al aborto en Chile, México, Argentina y otros países y el combate contra la cultura del acoso en diversos círculos vinculados al arte, la ciencia y la academia.
Violencia contra las mujeres
Según de la Fundación Mujeres de Fuego, una organización sin fines de lucro que brinda apoyo a víctimas de violencia, las FFAA son una de las instituciones más machistas, junto con la Policía, y es muy difícil investigar casos de violencia por el “fuero militar” que legalmente separa la jurisdicción de la justicia castrense de la civil, a pesar de que los casos de violencia contra las mujeres tienen una legislación especial.
Militares intentan ingresar a la sede del Gobierno de Bolivia, este miércoles en La Paz
“Cuando se inician estas denuncias de violencia dentro de los círculos militares no dejan que se juzgue en el área civil. Muchas de las mujeres que se acercan a denunciar terminan escapando de departamento para tratar de liberarse de los agresores”, dijo Nivia Coca, representante de la organización Mujeres de Fuego.
El país registró más de 24.000 casos de violencia contra las mujeres y 41 casos de feminicidio solo los primeros seis meses del año.
El asesinato de Griselda Borda
Un caso que causó conmoción sucedió hace poco, en junio, en una unidad militar de la Naval en Puerto Quijarro (Santa Cruz, a 700 kilómetros al este de La Paz).
La teniente de navío Griselda Borda, de 33 años, fue asesinada por su expareja, otro oficial de la misma armada. La militar denunció en varias ocasiones por violencia a su expareja ante los mandos militares, pero estos no actuaron, según denunció la familia de la mujer.
Velorio de la teniente María Griselda Borda. | Hernán Andia – Los Tiempos
“Para nosotros es preocupante porque el acusado intentó ocultar el caso aparentando un suicidio y luego tratando de chantajear a la familia, de manipular la justicia”, dijo la activista Coca.
Borda formaba parte de la primera generación de mujeres oficiales de la Naval. Se formó con una beca en la Armada de Venezuela junto a otras cuatro oficiales.
La mujer murió el 21 de junio y la investigación se inició por presunto suicidio. Sin embargo, tras colectar algunas pruebas, la Fiscalía detuvo a Juan Q., expareja de Borda, por presunto feminicidio. El sujeto habría modificado la escena del crimen para evitar sospechas. La Capitanía de Puerto Mayor de Puerto Quijarro del Quinto Distrito Naval abrió un sumario informativo.
Integrantes de la Policía Militar se forman frente a simpatizantes del presidente Luis Arce durante una protesta contra los militares que tomaron la sede del Gobierno de Bolivia, este miércoles en La Paz
Coca aseguró que es difícil investigar los casos de violencia en las FFAA porque la Policía y los fiscales no pueden entrar a los cuarteles ni a las oficinas militares, por lo que sospecha que hay “protección” contra algunos acusados.
Las FFAA crearon la Dirección de Derechos Humanos e Interculturalidad que tiene por objetivo velar por la defensa y protección de los derechos y la igualdad de todo el personal. Pero la lucha de las mujeres dentro las FFAA es una batalla silenciosa.