El derecho al aborto es uno de los temas más candentes de las elecciones americanas de 2024, y uno de los factores decisivos para que un votante decida entre Donald Trump o Kamala Harris. Sobre todo, para ellas: desde que en 2022 se revocó la decisión histórica del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Roe v. Wade, que garantizaba el derecho constitucional al aborto, el acceso a este ha cambiado drásticamente por todo el país. Ahora, cada estado tiene el poder de legislar como quiera, por eso en muchos está ya casi del todo restringido para las mujeres.
Uno de los mayores problemas derivados de la prohibición del aborto ha sido la falta de claridad sobre cuándo los médicos pueden intervenir en casos de emergencias médicas. A pesar de que muchas leyes incluyen excepciones para proteger la vida de la madre, la falta de precisión en el lenguaje legal ha dejado a los profesionales de la salud sin saber cuándo pueden realizar un aborto sin arriesgarse a ser procesados. Esta incertidumbre ha llevado a retrasos en los tratamientos médicos, poniendo en peligro la vida de las mujeres. Un ejemplo es el de una mujer llamada Jennifer Adkins, cuya salud estaba en riesgo debido a complicaciones en su embarazo. Pero los médicos de Idaho no se sintieron seguros para realizar un aborto hasta que la situación fue extremadamente crítica.
Problemas sin cese
Otro problema es por supuesto el impacto en la salud mental de las mujeres, ya que a muchas les toca lidiar con el trauma de un embarazo no deseado o complicado, sumado al estrés de tener que viajar fuera de su estado para poder acceder a un aborto. En algunos casos, las mujeres han necesitado viajar largas distancias, lo que no solo conlleva una carga emocional, sino también un coste económico fuerte. Según explicó Adkins, que tuvo que viajar seis horas a otro estado para abortar, a The Guardian, “todo lo que queríamos era poder llorar la pérdida de nuestro bebé, pero tuvimos que preocuparnos por la logística y los costes del procedimiento”.
El cierre de clínicas y la fuga de médicos en estados con prohibiciones estrictas también ha complicado aún más la situación. En estados como Idaho, la falta de profesionales médicos especializados ha causado el cierre de salas de parto y un deterioro general en la atención obstétrica. La prohibición del aborto ha llevado a que un 22% de los obstetras y ginecólogos del estado abandonen sus clínicas o se muden a otros estados donde pueden trabajar sin restricciones. Según los informes, esto ha contribuido a un aumento en las tasas de mortalidad materna en estas regiones.
Sin tener en cuenta a las mujeres
En casos donde las mujeres han sufrido abortos espontáneos o complicaciones graves del embarazo, las consecuencias de la prohibición han sido devastadoras. A muchas se les ha negado la atención médica adecuada, incluso cuando su salud estaba en riesgo. Y es que los médicos temen proporcionar tratamientos comunes como el procedimiento de dilatación y curetaje (D&C) por miedo a ser acusados de realizar un aborto ilegal. En consecuencia, algunas mujeres han sido hospitalizadas con infecciones graves que podrían haberse prevenido si se hubiera actuado a tiempo. Y luego están los casos, tristísimos, de aquellas que mueren por complicaciones de salud que se habrían evitado abortando. Está el ejemplo de Candi Miller, en Georgia: esta madre de tres hijos sufría una enfermedad crónica, Lupus, que empeoró al quedarse embarazada accidentalmente, algo que los médicos le habían advertido. Incapaz de abortar en una clínica, Miller compró píldoras abortivas que se tomó ella sola en casa. Pero no surtieron efecto y un poco del tejido fetal permaneció, lo cual llevó a una infección. Miller murió en su casa pocos días después, en noviembre de 2022.
Otro caso parecido al de Candi Miller es el de Amber Nicole Thurman, una mujer de Georgia, que murió después de que los médicos se negaran a realizarle un D&C cuando desarrolló complicaciones graves tras tomar píldoras abortivas. El retraso de 20 horas en la intervención médica fue considerado un factor clave en su muerte, según un comité estatal de revisión de la mortalidad materna.
Muchos médicos temen que, por miedo a las prohibiciones, más mujeres recurran a “tratamientos caseros” completamente inseguros. Además, los estados con las prohibiciones más estrictas también restringen el acceso a los medicamentos abortivos; aunque el aborto con medicamentos es uno de los métodos más comunes para interrumpir un embarazo, en algunos estados se ha prohibido tanto el aborto quirúrgico como el uso de píldoras abortivas. En otros casos, los profesionales de la salud en estados con leyes más permisivas han comenzado a enviar medicamentos por correo a pacientes en estados restrictivos, lo que ha generado nuevas tensiones legales sobre la distribución de estos fármacos.
Un horror para ellas
Otro de los aspectos más alarmantes de las prohibiciones es el impacto en los casos de violación e incesto. En algunos estados, las excepciones son prácticamente inaccesibles debido a requisitos estrictos, como la obligación de reportar el delito a la policía dentro de un plazo muy corto. Según Hadley Duvall, superviviente de violación infantil y activista por los derechos reproductivos, “una niña de 12 años violada en Kentucky hoy no tendría ninguna opción de aborto dentro de su estado”.
Y las complicaciones en embarazos no viables, como la ruptura prematura de membranas o malformaciones fetales graves, no siempre son tratadas de inmediato debido a la confusión legal. Muchas mujeres han sido obligadas a continuar con embarazos peligrosos hasta que se considera que su vida está en riesgo inminente. Algunas sufrían pérdidas de sangre graves o infecciones mientras los médicos esperaban señales más claras de emergencia para intervenir.
Al final, lo que pasa es que muchas embarazadas deben viajar fuera de sus estados para acceder a servicios de aborto. Este fenómeno ha creado una gran demanda en clínicas en estados donde el aborto sigue siendo legal, lo que a menudo deja a las mujeres con citas tardías o largas listas de espera, algo grave para aquellas que están cerca del límite gestacional permitido para abortar. Además, las mujeres que no pueden permitirse los costes de viaje o que carecen de apoyo familiar son las más perjudicadas.
Criminalizar y estigmatizar
Otro problema es la confusión sobre si los tratamientos para el aborto espontáneo, como el D&C, podrían ser considerados abortos ilegales – lo que ha dejado a muchas mujeres sin tratamiento adecuado, con infecciones graves, y algunas han tenido que ser hospitalizadas debido a la inacción de los médicos que temen enfrentar cargos legales. Además, en estados donde se ha introducido la legislación de “tráfico de aborto”, las mujeres enfrentan mayores dificultades para salir del estado en busca de atención. En Idaho, por ejemplo, se ha creado un nuevo delito que prohíbe llevar a menores fuera del estado para abortar sin el consentimiento de sus padres.
Luego está la estigmatización de las mujeres que buscan abortos o cuidados médicos relacionados con el embarazo. En muchos casos, se han enfrentado a acoso por parte de manifestantes antiaborto fuera de clínicas o centros de salud; es hostigamiento en toda regla y añade una carga emocional adicional completamente innecesaria.