El régimen de Venezuela no tiene límites. En ausencia de estado de derecho, el Ejecutivo actúa sin contrapesos, ninguna institución pone freno a sus abusos. En conocimiento de esto, el senador republicano Rick Scott le advirtió a Nicolás Maduro que “si daña o arresta a María Corina Machado o al presidente electo Edmundo González, se desatará un infierno”.
Esta admonición se hará concreta en un paquete de sanciones personales por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos que serán anunciadas muy pronto; y que, según fuentes cercanas a la toma de esas decisiones, alcanzará a 15 funcionarios y 34 familiares. Las sanciones, que serán individuales, tienen en el punto de mira a chavistas clave que, según Estados Unidos, colaboraron con Maduro para socavar las elecciones presidenciales del 28-J. Se trata de una lista de venezolanos que incluye a miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Supremo de Venezuela, la Asamblea Nacional y a las policías de inteligencia e inteligencia militar, conocidas como el SEBIN y DGCIM.
La orden de detención contra González
Cuatro de los cinco delitos imputados por el régimen de Nicolás Maduro al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, están previstos y sancionados en el Código Penal venezolano; lo cual implica que son personalísimos y tuvo que perpetrarlos él mismo.
A solicitud de la Fiscalía, y en vista de que González desatendió tres citaciones enviadas por el ente acusador, un juez de primera instancia con “funciones de terrorismo” dictó orden de aprehensión contra González Urrutia por: usurpación de funciones, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, forjamiento de documento público, y “sabotaje a daños de sistema” (sic). Este último está previsto en la Ley de Delitos Informáticos, y también es personalísimo; de manera que el solicitado es sospechoso de haber contratado unos “hackers”, interceptado los sistemas del CNE (Consejo Nacional Electoral) y adulterado la información; o por la publicación de la página web donde la coalición opositora cargó 83,5% de las actas electorales, cosa, por cierto, que hizo Jorge Rodríguez en 2013.
Usurpación, desobediencia y conspiración
Lo mismo se aplica a los primeros cuatro delitos. Para haber incurrido en usurpación, el diplomático de 75 años ha debido estar en cargo de una función pública para desempeñar el ejercicio de otro o haber llegado con un convoy armado para arrebatarlo por la fuerza; para instigar la desobediencia ha debido hacer algo distinto a pedir respeto a la Constitución y las leyes, que es a lo que se ha limitado el ganador de las elecciones; en cuanto a ser reo de conspiración, es preciso que González no hubiera sido candidato presidencial sino que hubiera escogido la ruta de Chávez en 1992 para llegar a ella (un golpe de Estado) o que hubiera solicitado intervención extranjera; y para forjar un documento público es preciso manipularlo, alterarlo, falsificarlo, o expedir una copia para darle apariencia de instrumento.
En qué momento hizo el presidente electo todo esto. Es curioso, porque la opinión pública tiene la impresión de que todas esas acciones fueron ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro, bajo cuya férula están los otros cuatro poderes (en Venezuela rige un sistema de cinco poderes, los tres sabidos, ejecutivo, legislativo y judicial, más el poder moral y el electoral). Por ejemplo, Caryslia Rodríguez, la presidenta de la sala electoral del Tribunal Supremo y los magistrados cometieron el delito de usurpación de funciones del poder electoral; y al declararse presidente electo, Maduro está usando el tiempo que le queda en Miraflores (hasta el 10 de enero de 2025) para usurpar el lugar de González Urrutia, instigando a la desobediencia de leyes y conspirando contra la república y la soberanía popular expresada en el voto. Y el presidente del CNE hizo sabotaje y daños al sistema informático y forjamiento de documento para declarar ganador a Maduro, derrotado en las elecciones.
Rechazo internacional
Tal es el absurdo de la situación que, a escasas horas de emitida la orden de detención contra González Urrutia, el vicepresidente de la Comisión Europea y Alto Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad de la UE, Josep Borrell, escribió en Twitter: «Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra @EdmundoGU y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada».
Rechazo categóricamente la orden de aprehensión contra @EdmundoGU y exhorto a las autoridades venezolanas a que respeten su libertad, integridad y derechos humanos. Basta de represión y acoso a la oposición y la sociedad civil. La voluntad del pueblo venezolano debe ser respetada
— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 3, 2024
En la misma red social, la cineasta venezolana Carmen La Roche posteó: «En este momento, el tema común en la calle es la seguridad de @EdmundoGU y conmueve percibir en el coro de voces el afecto que se siente por un familiar, lo cual, a la vez, es poderoso».
En este momento, el tema común en la calle es la seguridad de @EdmundoGU y conmueve percibir en el coro de voces el afecto que se siente por un familiar, lo cual, a la vez, es poderoso. #EdmundoPresidenteElecto #EdmundoPresidente #EdmundoPredidenteDeVenezuela pic.twitter.com/5XNWZJxAn3
— Carmen La Roche (@larochecarmen) September 3, 2024
La aguda observación de la guionista y directora apunta a un clima generalizado de incredulidad frente a las afirmaciones del régimen y de respeto “al abuelito pacífico y culto” como es percibido el presidente electo.